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Evaluar la profesión de la cual esencialmente depende cumplir y hacer cumplir la justicia, constituye una tarea realizable desde infinitos puntos de vista, seguramente puede hacerse desde los dos enfoques fundamentales que predominan en el mundo: servicio social o concentración de ganancias.
Para los sectores vinculados al capital, esos que enfocan su actividad exclusivamente como negocio, el ejercicio del Derecho tiene una naturaleza eminentemente mercantil, corporativa y por tal razón debe generar los más altos dividendos para el abogado o su bufete; en este contexto, los juristas aspiran conformar una cartera amplia de “buenos clientes” y tener “contactos importantes” en las instituciones, es decir, que para el cumplimiento fluido de los fines y la rápida obtención de resultados es vital desarrollar óptimas relaciones públicas, pues mientras más amigos influyentes se tengan en el universo burocrático y empresarial, mayor efectividad tendrá el trabajo profesional.
Ahora bien, ¿qué subyace en estas afirmaciones derivadas de la experiencia en la vida social, gremial y profesional? En primer lugar que una “cartera amplia de buenos clientes” supone que el abogado debe trabajar para y con los que más dinero tienen, puesto que hacer lo contrario podría conducirlo a la ruina económica. Sin embargo, sobre esto es urgente advertir que esa preferencia por la clientela adinerada pudiera convertir al abogado en un promotor de una insana privatización de la justicia, pues de nada vale que la Constitución contemple que el acceso a la justicia es el derecho de todas las personas, si la realidad material revela que sólo quienes pueden pagar altos honorarios profesionales tendrán realmente una buena defensa o representación jurídica.
De consolidarse la cultura primordialmente ganancial, donde el espíritu profesional sólo es movilizado por el dinero, la clase popular quedaría en situación de indefensión y abandono; nótese que si bien algún colega pudiera afirmar que aquellos que no pueden costear un abogado privado, deben acudir a un abogado público (funcionario asalariado), mucho más importante es considerar que toda la deuda social (integrada por miles de justiciables en materia laboral, infantil, penal, agraria) no se le puede asignar enteramente al Estado; puesto que en la ética del abogado debe prevalecer un compromiso social que lo vincule a colaborar con el prójimo mediante una atención profesional de criterio humanista y solidario. De allí que muchas actividades jurídicas hoy día deberían estar exentas de honorarios, a fin de asistir y defender derechos elementales de ciudadanos en pobreza extrema, invalidez o considerable precariedad, tal procedimiento es justo y socialmente necesario.
En este mismo plano, de la abogacía vista como negocio, es indispensable revisar la perversión de esas buenas relaciones, la cual nuestro pueblo ancestralmente identifica como “tener palanca” o “tener padrino”, pues quien goza de tales herramientas pareciera siempre llegar más velozmente a sus objetivos y quien no tiene tales recursos quizás está condenado a vivir un interminable peregrinaje en cualquier ministerio, alcaldía, gobernación o tribunal.
Esto parece ser cierto, a decir de las quejas constantes en los medios de comunicación, pasajeros de autobuses, gente en el Metro (para quienes vivimos en Caracas). Esta terrible desviación debe ser corregida, no sólo a través de leyes de simplificación de trámites, sino también de una revolución cultural en la que todos somos responsables. Luce como clamor popular, acabar con el insensato sistema paralelo donde cualquier gestión que se pretenda realizar, requiera de un apoyo especial de un funcionario, para así poder esquivar las alcabalas de espeluznante burocracia.
De estos males no se escapa la empresa privada, donde también hace falta el nexo con el coordinador, el gerente, el encargado, o incluso la secretaria del jefe quien puede jugar papel crucial, simplemente porque en nuestra sociedad lo público y lo privado quizás se parecen mucho en el fondo, dado que estamos divididos en dos grandes estamentos: la clase dirigida y la clase dirigente, y en ésta última no tengo duda que caben tanto empresarios capitalistas como los burócratas arbitrarios.
Pues bien, más grato es delinear los rasgos principales de ese libre ejercicio de la abogacía que se despliega como servicio social, y probablemente sea es el más arduo, ya que se parcializa concienzudamente por los sectores que más sufren la exclusión social, y seguramente la rentabilidad de ese ejercicio del Derecho solidario no sea muy convincente. Ciertamente el abogado que trabaja como servidor social tiene una postura firme en defensa del interés colectivo por encima de la ganancia individual o grupal; por ello actuará a favor del trabajador despedido injustificadamente, por la reeducación del adolescente del barrio que infringe las normas, por el campesino que necesita su tierra, por la comunidad que se organiza en la nueva autogestión política y económica.
A todas luces, para erradicar la explotación del patrono contra el obrero, para hacer valer la paternidad responsable y poner fin a la niñez abandonada, para combatir la violencia de género, para desmantelar el Estado burgués y establecer la plena igualdad de clases sociales, para en definitiva corregir miles de desigualdades aun latentes, el ejercicio del Derecho debe ser entendido y propagado como una herramienta de inclusión social. Es así como la verdadera socialización del Derecho (que entre sus aspectos contempla la máxima ampliación de la asistencia jurídica pública en cada materia existente dentro de la legislación, así como la promoción de entidades universitarias que garanticen la enseñanza de un Derecho con sensibilidad social) es hoy más que nunca una vital tarea pendiente en el actual proceso de transformación nacional.
Ese profesional del Derecho, que concibe su ciencia como un verdadero apostolado social, se verá a sí mismo como un multiplicador del bienestar y comprenderá que en la medida en que se contribuye a que las personas tengan apoyo jurídico para la justicia, sus vidas progresan en mejores condiciones hacia la conformación de una sociedad más sana, solidaria, democrática y productiva, de la cual el jurista también será un beneficiario.
De mi siempre recordado padre (difunto) y otros notables abogados, aprendí el gratificante ejercicio libre del Derecho (arte y ciencia) como servicio social, sin subordinación a aristocracias privadas o públicas. Es pues la compleja misión de fomentar con honestidad la solución pacífica y justa entre titulares de bienes jurídicos en disputa. Finalmente, con profundo humanismo suscribimos que el mayor patrimonio del abogado, por encima de la riqueza material, es su alto sentido del honor y el favorable reconocimiento de la comunidad, especialmente los humildes.
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