se hace camino al andar

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24 junio, 2012

GOLPE DE ESTADO EN PARAGUAY

Por: Jesús Silva R.



Si ya hubiéramos desmantelado las reglas del Derecho Burgués, e implantado suficientemente el Estado Popular, entonces el caso político (destitución) contra Fernando Lugo (Presidente de Paraguay procesado por el Congreso de ese país) sería hoy totalmente inimaginable.

En efecto, se derrumba la vieja teoría conservadora y academicista, respecto a que los Golpes de Estado solo pueden ser cometidos por las Fuerzas Armadas, pues lo cierto es que el delito no depende propiamente del sujeto que lo ejecuta (civil o militar) sino del bien jurídico que resulta vulnerado, en este caso: la soberanía popular violada por quienes desalojan del poder al ciudadano que fue legítimamente electo para gobernar.

Entonces, golpista es todo aquel que tenga la fuerza suficiente, o la situación favorable, que le permita derrocar a un mandatario, ya que irrespeta la decisión de la mayoría popular que, en el marco de la democracia y la constitución, se ha manifestado a través del voto para elegir a su representante.

De todos los poderes fácticos (los que al margen del Derecho formal, imponen su dominación) es la burguesía (clase social empresarial) quien históricamente más ha transgredido la democracia en el mundo, pues dependiendo de las circunstancias favorables o adversas para actuar (ya sea por vía pacífica o violenta), ella tiende siempre a burlar la mayoría popular e imponer a sus agentes en la jefatura del Estado y los poderes públicos de la nación.

Cuando la burguesía no tiene militares que la acompañen para dar un Golpe de Estado contra el gobierno popular democráticamente electo, entonces los aviones, las tropas y los buques son sustituidos por medios de comunicación para desprestigiar a los gobiernos que no se arrodillan ante el poder del capital. Es así que desde el frente de la propaganda mediática se han orquestado actos para derribar gobiernos, tal como ocurrió contra Hugo Chávez en 2002.

No menos común es que la burguesía se valga de sus sirvientes dentro de la propia estructura del Poder Público, para ensayar cualquier acción golpista en el marco de la legalidad burguesa que esta misma clase social ha diseñado. De lo anterior se explica que tribunales y cortes supremas de justicia produzcan decisiones aberrantes contra los principios universales del Derecho,  el elemental sentido común, y sobre todo, contra la soberanía popular que ha escogido a las autoridades públicas.

Por ello, cientos de gobernantes han sido destituidos de sus cargos de elección popular mediante juicios manipulados y sentencias absurdas que obedecen a un grosero trasfondo político y repartos económicos. Igual sucede con los parlamentos, asambleas y congresos, todos ellos órganos del Poder Legislativo, donde los senadores, diputados, legisladores y asambleístas, emiten decisiones que van en contra de la mayoría universal de los ciudadanos del Estado, ya que antes que responder a los intereses del pueblo, lo hacen ante la burguesía que los financia y promueve para asaltar los cargos públicos. De allí que en repetidas ocasiones, los parlamentos hayan impulsado la destitución de Presidentes a través de procedimientos totalmente grotescos pero con supuesta apariencia legal y constitucional.

Todo revela que el poder económico penetra y manipula constantemente la democracia tradicional, y por ello urge una transformación profunda del modelo de Estado, sobremanera en América Latina (y el tercer mundo), donde frecuentemente el poder capitalista (asociado al imperialismo gringo y otras potencias) atropella la voluntad de los pueblos y manipula a las instituciones para que generen decisiones a favor del interés grupal empresarial y transnacional.

En tal sentido, viviendo en la época de las revoluciones pacíficas, las futuras reformas constitucionales para consolidar el Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia; suponen que la misma voluntad popular que elige a los gobernantes, sea la única facultada para separarlos del poder.

De forma que la facultad de los Congresos y Cortes de Justicia para destituir Presidentes, debe ser sustituida por consultas populares y referéndum revocatorio, a fin de que sea el pueblo soberano (y no los grupos políticos patrocinados por la burguesía) el que ponga y quite a los mandatarios de la nación.

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