Ni es Corte, ni es Interamericana

Jesús Silva R.

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como todas las instancias de la OEA en su conjunto son marionetas de EEUU y sirven a la estrategia de menoscabar la independencia de los países. 

Ante esa adversa realidad, crear una Corte Latinoamericana en el marco de UNASUR es un acto de defensa regional estratégica para nuestros pueblos. Mientras más naciones impulsen esta nueva jurisdicción, más pronto se logrará la seguridad jurídica hemisférica y nos liberaremos de la intromisión del norte.

Nótese que los tratados internacionales sobre derechos humanos que Venezuela ha firmado y ratificado tienen el mismo rango que la Constitución Bolivariana (artículo 19 CRBV) y prevalece la norma más favorable debido al Principio de Progresividad. Por donde se le examine, nuestra Carta Magna es más garantista que la Convención Americana de modo que no se ha desmejorado la protección jurídica otorgada a los venezolanos al salirnos de esa manipulada Corte.

Es imprescindible denunciar que durante cuarenta años de Puntofijismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos jamás hizo nada contra miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones y demás crímenes por razones políticas durante el terrorismo de Estado que vivió Venezuela de 1958 a 1998. 

Como si fuera poco, en 2002 apoyó la dictadura de Carmona y le negó protección al entonces secuestrado presidente Chávez. Asimismo favoreció a un ex alcalde sancionado por corrupción y no sería sorpresa que ahora pretenda la repetición de las elecciones del 14-A.

Ver publicación en Diario Vea.
http://diariovea.com.ve/columnas/editorial/ni-es-corte-ni-es-interamericana/

Proponemos "Estado de Excepción AntiCorrupción" y 3 poderosas medidas

Jesús Silva R.

Involucrar al pueblo en la lucha contra la corrupción es la única estrategia capaz de poner tras las rejas a la gran mayoría de los funcionarios ladrones enquistados en la Administración Pública, cualquier otra forma resultará insuficiente. La clave es socializar la denuncia, así lo hemos manifestado enfáticamente en medios de comunicación como VTV (ver video) http://youtu.be/lylundFxJUw

De igual manera hemos advertido las diversas vías constitucionales para darle mayor fuerza a esa necesaria campaña “fast track” (vía rápida) contra los corruptos, tales son los Estados de Excepción previstos en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución; también existe la posibilidad de la ley habilitante lo cual requiere 99 votos en el parlamento y permite reformar la legislación penal ordinaria y especial, así como el régimen jurídico funcionarial para abreviar los procedimientos de investigación por delitos contra el patrimonio público, como lo explicamos durante la misma jornada en Telesur (ver video) http://youtu.be/t4JkDvd-FUE

Considerando que la corrupción es un fenómeno delictivo bilateral, por cuanto lo comete el funcionario que traiciona la confianza del pueblo, al incurrir en conductas fuera de la ley; así como el ciudadano particular, comúnmente empresario o comerciante, que paga para recibir el funesto favorecimiento burocrático; y en consecuencia ambas partes son corruptas y merecen castigo.

Considerando que la corrupción es un fenómeno pluriofensivo, porque genera daño a un conglomerado de personas (niños, madres, adultos mayores, discapacitados, trabajadores, etc.) que dejan de percibir los beneficios emanados del Estado en virtud de que el corrupto, al afectar el patrimonio de la nación, les despoja de servicios públicos a los cuales la ciudadanía tiene legítimo derecho; y por ende resulta vital restituir lo injustamente sustraído.

Considerando que la corrupción es un fenómeno asociado al burocratismo y el desprecio a la igualdad social, por cuanto el burócrata degenera en conductas que persiguen proporcionarle una posición de privilegio socioeconómico mal habido como fruto del enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el valimiento de funciones, la concertación para defraudar al Estado o cuanto menos acciones de ventajismo socialmente reprochables; y ello impone el deber de fomentar una nueva conciencia ciudadana. 

Proponemos incluir en el mencionado decreto del Presidente de la República, insistimos, a la luz de lo previsto en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución (o por la vía de Ley Habilitante con exhorto a la reforma de la legislación penal sustantiva y adjetiva, así como del Estatuto de la Función Pública), las siguientes medidas:

1) Medidas patrimoniales: Inhabilitación para efectuar transacciones bancarias e inmediata prohibición de enajenar y grabar contra los bienes de los funcionarios y ciudadanos particulares investigados por corrupción; así como la confiscación de todas sus propiedades si en la averiguación apareciere un enriquecimiento no justificado o no hubiere correspondencia con su declaración patrimonial.

2) Medidas cautelares de carácter penal: Preferiblemente, procedimiento penal abreviado semejante al de flagrancia para todos los casos de corrupción. Privación preventiva de la libertad ante peligro de fuga; y en todos los casos, imposición de prohibición de salida del país y régimen de presentación semanal ante tribunales. Sanción pecuniaria proporcional a la cuantía del delito, e igual criterio para la aplicación de fianza económica o multa mientras dure el proceso penal.

3) Medidas procedimentales para garantizar la realización de la justicia: Suspensión sin goce de sueldo para el funcionario investigado; así como destitución del cargo si fuere condenado y revocatoria del título académico por motivos de indignidad. Una vez cumplida la condena, prohibición para el ejercicio de la función publica por tiempo que duplique al de la pena que fuera impuesta por el delito comprobado, en ningún caso la misma será inferior a los quince años. Prestación de servicio comunitario por tiempo semejante. Prohibición para contratar con el Estado a aquellos ex funcionarios así como ciudadanos particulares que hayan sido partícipes en delitos de corrupción. Obligatoria publicación de la sentencia judicial en medios de comunicación.

Telesur: Jesús Silva habla de vías constitucionales contra la corrupción

Desde Telesur, el constitucionalista Jesús Silva explica detalladamente vías constitucionales para apoyar al Estado en el combate contra la corrupción. Ha dicho: "no es una lucha de chavistas contra antichavistas, si no los enemigos de la corrupción contra los corruptos". 

Ver video: 

http://youtu.be/t4JkDvd-FUE

Reflexiones sobre la Seguridad Alimentaria

Arepa venezolana

Jesús Silva R.

Tal como lo hemos impartido desde nuestra cátedra universitaria en las escuelas de Politología y Estudios Internacionales de la UCV y USM, la organización de la seguridad alimentaria resulta el enfoque más conveniente para analizar el tema de la alimentación de la población, en el entendido de que esta involucra el ordenamiento de los recursos humanos y materiales requeridos para garantizar la suficiente provisión de bienes alimenticios para las personas en un marco de accesibilidad, eficiencia, eficacia y preponderante interés social. 

En Venezuela, entidades como Mercal, Pdval, Abasto Bicentenario y Casa han sido componentes de una red en desarrollo mediante la cual el Gobierno Nacional procura la disponibilidad de un significativo stock de alimentos en condiciones de menor precio en comparación a las ofertas del sector privado. En tal sentido las medidas de subsidio y regulación de precios representan una valiosa iniciativa destinada a materializar el acceso oportuno, tangible y satisfactorio de los sectores sociales más precarios a una alimentación adecuada. 

Ahora bien, en el marco de discrepancias ideopolíticas que abarcan todos los aspectos de la vida nacional (con miras a las elecciones de 2013), una categórica crítica del oposicionismo neoliberal contra la gestión alimentaria del Ejecutivo Nacional es que su desarrollo administrativo y de infraestructura en el comercio y distribución de la comida se ha efectuado en perjuicio de la libertad de empresa, habida cuenta de una serie de intervenciones y expropiaciones de supermercados y redes de comercialización pertenecientes a la empresa privada. 

Esto ha servido de pretexto para nutrir la campaña mediática de desprestigio contra el Gobierno Bolivariano, presentándolo como enemigo del empresariado y de la institución de la "propiedad privada", concepto, este último, que implicaría una inexcusable violación del derecho contemplado en la Constitución vigente. 

Respecto a la infundada matriz de opinión de que el Gobierno Nacional despliega una acción sistemática de menoscabo a la propiedad privada, es menester precisar que un aspecto clave de los neoliberales es la generalización de los bienes expropiables, tal argumento ideológico les permite invisibilizar (ocultar) cualquier diferenciación o clasificación entre medios de producción (empresas, almacenes, distribuidoras) y bienes de uso personal o comunitario (mini abastos, consumibles). 

Se trata de un asunto específico que reviste especial importancia e impacto ideopolítico, al ser una tergiversación que genera angustia en la clase media y le hace creer que el Gobierno Nacional se propone expropiarles sus bienes de uso directo personal (automóvil, vivienda, pequeños comercios, etc.). 

Ciertamente la consolidación de esta matriz de opinión reportaría un doble perjuicio para el actual proceso de cambio social, primero una total incomprensión del pueblo con relación a la legislación vigente en materia de propiedad, interés social y utilidad pública en función de la seguridad alimentaria; segundo, grave afectación a la popularidad y reputación del Gobierno Bolivariano como ejecutor de una política de "expropiación universal", es decir, de afectación a la propiedad de todas las clases sociales y contra todo tipo de bienes, sean estos industriales, empresariales, familiares o personales. 

En paralelo a las matrices mediáticas contra la política alimentaria del Ejecutivo Nacional, vinculándolo al fantasma de la estatización, la cubanización y el comunismo, otro ámbito que suscita controversia en materia de la seguridad alimentaria es el modesto desarrollo de la productividad nacional, lo cual pareciera generar la percepción colectiva de que se han invertido mayores esfuerzos en consolidar una red pública de distribución de alimentos, más no una gran industria estatal de alimentos. Asimismo se especula sobre un insuficiente desarrollo de la productividad nacional de alimentos asociado al alto porcentaje de importaciones que ordinariamente el Gobierno Bolivariano realiza en este ámbito estratégico.

  

A su vez, informes difundidos por la FAO (Food and Agriculture Organization) revelan la agudización de una crisis mundial de alimentos y su negativo impacto contra los países no industrializados cuya seguridad alimentaria es dependiente de las importaciones desde países avanzados en la manufactura y procesamiento industrial de alimentos. Es así que en nuestro país, el oposicionismo ha lanzado abundantes denuncias de que existen ingentes importaciones que aparentemente constituyen el problema esencial de la gestión alimentaria oficial; en tal escenario afirman que el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras son entes dedicados a la importación masiva, que en buena parte la presunta escasez de rubros alimenticios se debe a este factor, habida cuenta de la severa inestabilidad que padecen los mercados internacionales.  

En efecto, a juicio del oposicionismo, el recurrente aumento de precios es un hecho atribuible fundamentalmente a la dependencia importadora y no al empresariado privado nacional, quien según el parecer de los neoliberales, ha sido víctima de la falta de apoyo e incentivo gubernamental y sometido a expropiaciones que pudieran estar al margen de los procedimientos legales; por esto, para derrotar las especulaciones del oposicionismo, la política requerida para garantizar una óptima seguridad alimentaria implica (según la experiencia de muchos países) el fortalecimiento de una moderna industria nacional.  

De modo que además de hacer falta una inversión planificada de recursos múltiples para una mayor capacidad de producción instalada en nuestro territorio con industrias nuevas y repotenciadas, también es vital impulsar una ardua actividad política de concertación entre diferentes sectores sociales a los fines de disminuir la conflictividad y procurar la reactivación de un aparato de producción mixto con amplia participación y prioridad en la prestación del servicio alimentario. 

Finalmente es pertinente subrayar como reflexión autocrítica en el panorama alimentario, la necesidad de promover un esquema económico industrializado, con la convicción del carácter auxiliar que poseen las unidades artesanales de producción de alimentos, pues si bien estas últimas se mantienen como importante instancia de la participación del pueblo en la estructura socioeconómica nacional de hoy, estas por si solas no harán materializable el modelo de alta productividad que pueda conducir a Venezuela hacia la seguridad alimentaria, ni mucho menos la soberanía en este ámbito.

El nuevo Globovisión y las verdades ocultas

Jesús Silva R. 

Hugo Chávez democratizó la libertad de expresión en Venezuela y la convirtió en un derecho policlasista, es decir, accesible para personas de todos los estratos sociales, como nunca antes había acontecido en nuestra historia. Desde entonces solo VTV sufrió un violento cierre durante el golpe fascista de abril de 2002. 

El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a la libertad de expresión. Desde 1999 este derecho es ejercido por millones de ciudadanos sin distingo de clase social gracias a la revolución socialista. En la democracia bolivariana, pueblo y gobierno revolucionario han seguido promoviendo medios alternativos y comunitarios para fortalecer la conciencia social y la defensa de las conquistas populares.

Cuando ex empleados de una empresa privada de televisión (antigua promotora de la desestabilización política) afirman que el Gobierno Nacional les ha impuesto un cambio de programación, ocultan que en realidad la transformación de los contenidos comunicacionales obedece a las directrices de los nuevos propietarios, dicho de otro modo, el hecho se debe estrictamente a un negocio mercantil (venta) entre capitalistas.

Ha quedado atrás la vieja República Burguesa donde empresarios, banqueros y latifundistas gozaban exclusivamente del privilegio de manifestar y difundir sus opiniones sin limitaciones, sobre todo valiéndose de prensa, radio y tv mientras que la clase popular permanecía invisible, muda y excluida del entorno comunicacional.

Ver publicación:

http://www.aporrea.org/medios/a172415.html

Aclaratoria Constitucional sobre Antejuicio de Mérito

Jesús Silva R.

 

Es Autotutela Parlamentaria de rango constitucional, la atribución que tiene la Asamblea Nacional (AN) en el artículo 187 numeral 20 de la Constitución. Es decir, autoridad para aplicar sanciones internas a sus miembros sin requerir de la intervención del Poder Judicial o cualquier otro. Es sólo en este supuesto que se requieren las dos terceras partes de los asambleístas para acordar que el diputado involucrado en una falta sea separado temporalmente de su cargo.

 

Dicha falta supone gravedad y es la AN quien la califica según su soberano análisis sin que ninguna norma sub constitucional (ley o reglamento) restrinja esta potestad que viene dada por la Carta Magna.

 

Otra institución jurídica es el Antejuicio de Mérito del artículo 266, numerales 2 y 3 del Texto Constitucional. Solicitado por la Fiscalía y acordado por el TSJ, la AN finalmente lo autoriza, sin embargo la norma no discrimina el número de votos para la autorización; es decir, no expresa que sea mayoría de tres quintas partes (99 votos), dos terceras partes (110 votos) o unanimidad (165 votos). Al sólo usar el verbo “autorizar”, significa que la mitad más uno de los diputados puede hacer legítima la decisión.

 

Lo anterior se basa en el Principio de Legalidad del artículo 137 constitucional pues los actos públicos deben hacerse en la forma exactamente establecida por las normas. Es inadmisible forzar interpretación extensiva o combinación de artículos porque tal maniobra atenta contra la uniformidad de la Constitución.

 

Quienes sean demócratas y opinen de otra manera, deberían interponer recurso de interpretación ante el TSJ para que les ilustre sobre un tema que luce suficientemente claro para el pueblo, aunque no para una minoría leguleya afanada en conspirar contra la República.

Ley Habilitante - Nuestro análisis constitucional desde la Asamblea Nacional

Entrevistado en el programa Parlamentando, de ANTV, el constitucionalista Jesús Silva precisó que en 14 años de Gobierno Bolivariano el Parlamento ha aprobado cuatro leyes habilitantes, mientras que en 40 años de puntofijismo sólo avaló seis.

Contrastó que en ese lapso los decretos ley reforzaron el Estado burgués, mientras que en la V República devolvieron la soberanía a Venezuela, como el de Tierras y el de Hidrocarburos.

Ver más en:

http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=54267

N24: Constitucionalista Jesús Silva aclara Ley Habilitante

Desde los estudios de Noticias 24, el abogado Jesús Silva despeja las dudas sobre la Ley Habilitante propuesta por el Presidente Nicolás Maduro (99 votos) y advierte una inminente Asamblea Constituyente en 2014 que forzará la renovación de todos los poderes públicos. 

Ver entrevista (audio + video)

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/189060/en-vivo-jesus-silva-explica-en-n24-radio-que-representa-una-ley-habilitante/

Actriz chavista Layla Succar entrevistada por Jesús Silva

Radio YVKE Mundial.- La publicista y actriz, Layla Succar aseguró que el Movimiento por la Paz y por la Vida, busca articular y engranar con entes como alcaldías y gobernaciones políticas públicas que puedan garantizar la vida y la paz.

Succar entrevistada  en el programa "La Constitución y Los Hechos" bajo la conducción del abogado Jesús Silva por YVKE Mundial, señaló que se propone ir a los barrios a dictar charlas,  realizar campañas mediáticas, hablar con los jóvenes, a crear conciencia sobre la importancia de la vida, "Vivimos un ambiente de inseguridad que no es cuento", acotó.

En ese contexto Succar señaló que el presidente Nicolás Maduro tiene como prioridad garantizar la seguridad a todos los venezolanos y "nosotros los artistas podemos ayudar".

Layla Succar destacó que apoya la candidatura de Winston Vallenilla a la alcaldía del municipio  Baruta, expresando "que Vallenilla es una persona con muchas ganas de trabajar por el pueblo y tiene posibilidades de ganar la contienda electoral del 8-D".

"Vamos a dar la pelea, Winston trae una propuesta de inclusión, no es cierto que en la clase media y alta no existan personas que apoyen al Chavismo, al socialismo", apuntó.

Escuchar grabación:

http://www.radiomundial.com.ve/article/movimiento-por-la-paz-y-la-vida-busca-engranar-con-entes-p%C3%BAblicos-pol%C3%ADticas-que-garanticen

El diputado 99 para la ley habilitante

Jesús Silva R.

Se plantea una nueva ley habilitante para que con poderes especiales, el Presidente Nicolás Maduro promueva cambios legislativos que permitan un combate más eficiente contra la corrupción. Como se sabe, se trata de un problema estructural y ancestral de la sociedad venezolana, que proviene de la Cuarta República y desgraciadamente ha sobrevivido en la Quinta.

No podrá resolverse la corrupción sin la participación masiva del pueblo organizado en la vigilancia, control, seguimiento y denuncia de esta plaga que empobrece la nación y causa grave daño a la eficiencia del Estado. Las infinitas formas de organización del pueblo, tales como consejos comunales, comunas, consejos estadales de planificación pública deben incorporarse a esta tarea en coordinación con diversos entes oficiales para desenmascarar a los corruptos y promover que sean castigados penalmente con severidad. Así lo planteamos en Vtv recientemente (video) http://t.co/K416AKGQEp

Ahora bien, para aprobar la ley habilitante se requieren las (3/5) partes de la Asamblea Nacional, esto es 99 votos. Todo pareciera indicar que el chavismo posee 98 votos y genera incertidumbre quién pudiera ser el próximo diputado en saltar la talanquera o ser procesado por alguna falta y de ese modo propiciar constitucionalmente un cambio en la correlación de fuerzas parlamentarias.

El disidente de la MUD, Ricardo Sánchez podría ser ese diputado suplente que incorporándose en lugar de su diputado principal (María Corina Machado) sumaría el esperado 99. Sólo resta por saber el resultado de las averiguaciones desarrolladas por la comisión especial parlamentaria  en el caso de presunta traición a la Patria de la diputada Machado en sus confesiones grabadas en diálogo con el historiador derechista Germán Carrera Damas, hermano del último Presidente del Partido Comunista de Venezuela, el recientemente fallecido Jerónimo Carrera Damas.

En resumen, la revolución no puede permitir la impunidad, corruptos y traidores a la patria son igualmente indignos.

Fascismo Funcionarial para tumbar gobiernos

Jesús Silva R. 

Golpear desde adentro la estructura del Poder Público, apoyándose en un cargo burocrático como medio para desestabilizar el Estado de Derecho. Así se define la conducta del Fascismo Funcionarial. Lo practica quien se aleja de sus deberes con el pueblo y se vale de su autoridad como plataforma capaz de promover una oposición inconstitucional contra las instituciones estatales en perjuicio del interés social.

El funcionario del fascismo tiene como propósito: asaltar el poder para establecer la supremacía de su clase privilegiada. Para ello usa propaganda engañosa, lavado de cerebros con medios de comunicación y las elecciones, pero sí de las últimas no se desprende la victoria, entonces gana tiempo y sigue atacando por otras vías.

Para evadir el costo de sus derrotas, el fascismo difama a las instituciones del ordenamiento jurídico. Sueña con convertir a cada empleado público en un vil saboteador. Acusa sin pruebas y crea la matriz mediática de que los poderes constituidos son ilegítimos y cometen fraude contra la República Decente, o sea, contra la alta clase fascista y sus rehenes mentales.

El fascismo puro es una doctrina que legitima la violencia contra los derechos humanos por motivos políticos, religiosos, raciales, etc. Mientras que el fascismo funcionarial es un modo aparentemente pacífico de conspirar entre quienes ocupan cargos públicos, aunque pasar a la agresividad no está condicionado por la ética sino por la táctica de combate.

Si controla el poder político, el fascismo degenera rápidamente en Terrorismo de Estado. Pero mientras sea minoría opositora, intenta hacer lo dicho por la diputada burguesa María Corina Machado: “confrontaciones no dialogantes, no electoral (…) un proceso de atornillamiento y domesticación donde se genera un sistema de control social total”.

Desde VTV, Jesús Silva aporta ideas constitucionales contra la corrupción

Recomendaciones jurídicas del experto al Poder Público Nacional a partir del anuncio del Presidente Nicolás Maduro sobre un estado de emergencia para combatir este infame flagelo que golpea a toda la sociedad. 

Ver video:

http://youtu.be/lylundFxJUw

(Video) TSJ rechaza impugnación electoral 14-A

Desde Telesur, el abogado constitucionalista Jesús Silva califica como "apegada a Derecho" la declaratoria del TSJ sobre la inadmisibilidad de los recursos contencioso-electorales ejercidos contra el evento comicial presidencial del 14 de abril de 2013. Lo entrevista la periodista Lourdes Suazo.
Ver video: http://youtu.be/EnxcBqqBmd4

TSJ rechaza impugnación a elección presidencial 2013 - Telesur entrevista a Jesús Silva

(Video) Petición de Capriles al TSJ estuvo fuera de la Constitución y por ello fue declarada inadmisible. Explica el tema el abogado constitucionalista Jesús Silva R.

http://youtu.be/rC6VbIBA-XA

Caso Richard Mardo - VTV entrevista a constitucionalista Jesús Silva

Mayoría simple de la Asamblea Nacional puede autorizar Antejuicio de Mérito según artículo 200 de la Constitución, así lo expuso el constitucionalista Jesús Silva en VTV

Ver video:

http://youtu.be/ULZjiygrUtI

Asamblea Constituyente 2014, una clara advertencia

Jesús Silva R.

En cuanto a falsificar la Constitución, es larga la trayectoria de la oposición antichavista. El caso más reciente lo vivimos con el tema del antejuicio de mérito al diputado Richard Mardo. Como estudiosos de la materia constitucional, asumimos la tarea de desmontar la matriz mediática sobre la supuesta necesidad de reunir el voto de dos terceras partes de la Asamblea Nacional para allanar la inmunidad parlamentaria, tal como consta de la reciente entrevista que nos fuera realizada en Venezolana de Televisión (VTV Canal 8) y cuyo video rogamos sea difundido por que expresa la verdadera interpretación constitucional: http://youtu.be/0TNyKH5WL_8

En esta tradición de falsedad orquestada por juristas leguleyos, se esconde un nuevo plan para asaltar el poder y convertir a Venezuela en colonia norteamericana o un Estado Libre Asociado. En efecto, para que la Cuarta República salga de su ataúd, sueñan ahora con derogar la Constitución Bolivariana a través de una Asamblea Constituyente.

Mientras los conspiradores buscan el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral (Art. 348 CRBV) para convocar a este acto, seguirán probando suerte con su doble agenda, actuando tanto en la luz (democracia) como en la sombra (conspiración).

Si como producto de la guerra económica que impulsan contra el país (acaparamiento, especulación, dólar paralelo, etc.) así como de las diversas formas de golpear la gobernabilidad y perturbar la vida ciudadana (paro universitario, paro médico, violencia penitenciaria, etc.), la derecha lograra una mayoría electoral y volvieran al poder mediante esa Asamblea Constituyente, sepan que las primeras medidas contrarrevolucionarias serían:

1) Reactivar el Terrorismo de Estado mediante para que asesinatos por motivos políticos, desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes contra los derechos humanos sean aplicados contra la disidencia. Y los que protesten por hambre terminarán siendo acribillados como en aquel sangriento febrero de 1989. (Para desaparecer cualquier rastro de chavismo en Venezuela).

2) Destruir la inversión social (porque para el neoliberalismo esta significa gasto improductivo) y dirigir los mayores fondos de la nación al financiamiento de empresas capitalistas que exploten la mano de obra barata de los obreros venezolanos sin leyes laborales que los protejan.

3) Privatizar la industria petrolera venezolana y entregarla nuevamente a las manos del imperialismo norteamericano. Eliminar las nuevas formas de organización del poder popular para que la democracia vuelva a estar caracterizada por un pueblo acorralado que vota cada 5 años por sus propios explotadores representados en partidos burgueses.

4) Reimponer un modelo nacional donde el capitalismo se expanda sin regulaciones, mientras profesionales y técnicos escasamente sobrevivimos de un sueldo.

Análisis constitucional del antejuicio a Richard Mardo

Jesús Silva R.

Cuesta creer que el antejuicio de mérito a Mardo tenga fines políticos porque si se resta su voto de la Asamblea Nacional, de igual modo el bloque socialista no llega a la mayoría de dos terceras partes (110 votos) para aprobar todas las materias legislativas.

Si Primero Justicia y sus mansos aliados actuaran de buena fe, interpondrían un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que emita su opinión vinculante sobre el tema de la inmunidad parlamentaria. Por desgracia estos burgueses no creen en la democracia y usan a los medios de comunicación como instancia supra judicial.

No se puede violentar el principio de legalidad consagrado en artículo 137 constitucional, cuyo espíritu reza que los actos jurídicos deben efectuarse en la forma exactamente prevista por la norma sin lugar a modificaciones caprichosas. Aunque este caso crea conflicto político, no se debe abandonar la lucha contra la corrupción.

Lo cierto es que el artículo 200 constitucional expresa el verbo “autorizar” y ello sólo implica una mayoría aprobatoria para tal antejuicio. Por ningún lado se habla de dos terceras partes de los miembros del parlamento.

Que tal mayoría debería ser de dos tercios es un criterio particular de ciertos académicos de dudosa imparcialidad política. Como se sabe, la doctrina no posee carácter vinculante y únicamente representa un elemento referencial para el Derecho.

Forzar una interpretación extensiva del artículo 187 numeral 20 de la Carta Magna (el cual plantea que la separación temporal de un diputado solo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los asambleístas) no tiene relación directa con un procedimiento autónomo como el antejuicio de mérito (Crbv, arts. 200 y 266 n. 2 y 3).

Burocratismo en Revolución es peor que Imperialismo

Jesús Silva R. 

Un amigo que cría ganado le puso por nombre “Alcaldía” a una de sus vacas. Dice él que porque es la única que no da leche. No quise profundizar en las razones que lo motivaron a asociar una cosa con la otra, pero en su cara observo decepción e impotencia, sospecho que es un voto menos. Otro más que se nos va porque elegimos una vaca de adorno que no da leche.

Es irónico cuando un dirigente chavista es más querido por adecos, copeyanos y justicieros, que por su propia gente. Algo debe estar haciendo mal para que el pueblo lo repudie y la oligarquía lo alabe. La paradoja es que con la tarjeta roja llegan a los cargos y con esta misma pretenden repetir.

Interpreto la voz atormentada de quienes no poseen medios para expresarse. Escribo esta nota en minutos donde me encuentro en la larga espera de ser atendido por un burócrata. En este viejo edificio con pintura totalmente escarapelada otros han llegado antes que yo y en sus rostros se percibe el trajinar agotador de la clase obrera que madruga. La cola es larga y sigo esperando. El burócrata aún no llega a su despacho.

No conozco al titular del despacho, pero suele suceder que quien aparezca mejor vestido es el jefe o la jefa. De pronto aparece quien se presume debe ser quien cuida o dirige esta “oficina socialista”. No menos de cinco personas vienen caminado detrás de la funcionaria, con lentes oscuros y tacones muy altos, ella dice buenos días y pasa de largo, ya es casi mediodía.

La gente se hace la señal de la cruz, sospecho que sus oraciones se encaminan al milagro de ser atendidos con prontitud. Lo que debería ser el derecho humano del ciudadano a ser atendido por la administración pública se transforma en un dramático evento religioso. La secretaria (visiblemente en edad jubilable) arrastra los pies, se aproxima al pasillo con una libreta, han pasado dos horas más y en un quejido de dolor obrero logra expeler: Jesús Silva, que pase Jesús Silva.

Paso a la oficina, ya he perdido noción del tiempo. He visto no menos de 10 personas ser “rebotados” en la puerta roja hacia otras dependencias públicas, no se sabe a ciencia cierta qué servicios concretos presta esta entidad que pretende competir con otra que manejan los sifrinos de las camisas amarillas. No creo que podamos desalojarlos electoralmente con este tipo de prácticas que hacen arreciar al pueblo.

Esos que mueven las maquinarias electorales se preguntan por qué no hay identidad de clase, por qué diablos un obrero vota por un camisa amarilla si “naturalmente” deberían votar por un camisa roja. La respuesta es evidente: En la praxis, la cuarta y la quinta son repúblicas que se confunden. Hubo y hay burócratas con aires de reyezuelos.

Ayer y hoy, la burocracia retarda los servicios públicos, hay ineficacia, ineficiencia y trato discriminatorio. El pueblo ha avanzado, pero el burocratismo es un submundo de asalariados presuntuosos que usufructúan privilegios retardatarios. Manzanas sanas son afectadas por las podridas. Y si te quejas de por qué no ha llegado la directora o el director cualquiera te menta la madre.

Frente a mí veo la puerta del despacho, me dicen que la funcionaria acaba de salir de emergencia a reunión, porque fue llamada por la jefatura máxima. El resultado de mi larga espera es totalmente incierto y tal vez no sea el mejor. Hoy suspendí dar clase en la universidad por atender este compromiso. 

Es probable que los radicales que pintan paredes, queman carros, aparecen en televisión semanalmente, pero nunca suman 20 votos chavistas en elecciones de centros de estudiantes, digan que me estoy sumando al paro, que soy un chavista light. Así de reducido ven el mundo esos camaraditas.

Mientras, voy finalizando esta nota. Evito llamar al jefe de esta jefa, por no molestar a amigos y aliados. Difícilmente será reelecto. Improbablemente continuará en el cargo. Que triste, así seguiremos perdiendo votos. Seguiremos perdiendo pueblo. Todo es el vivo retrato de la grandiosa película cubana “La muerte de un burócrata”.

Así los yanquis no necesitan bombardearnos ni inocular más el cáncer. La burocracia destruirá la revolución si nosotros no actuamos para destruirla a ella antes del holocausto socialista. Sé que la burócrata que hoy me dejó plantado nunca lee la página donde publico mis notas ni tampoco le interesan.

Ver publicación: 

http://www.aporrea.org/actualidad/a169157.html

(Video) Televisión china entrevista al Prof. Jesús Silva

En esta entrevista, el constitucionalista venezolano explica que los tropiezos en las relaciones de EEUU y Venezuela pueden ser superados. Ademas ha asegurado que a diferencia de otras materias primas o productos, "el petroleo no puede ser bloqueado". Ver video en el link abajo: 

http://english.cntv.cn/program/bizasiaamerica/20130724/103812.shtml

Diplomado internacional: “Poder Popular y Clase Trabajadora”

Fundación de Amistad y Solidaridad Internacional

FUNDASI

DIPLOMADO INTERNACIONAL

“PODER POPULAR Y CLASE TRABAJADORA”

El Diplomado “Poder Popular y Clase Trabajadora” tiene como objetivo impartir analizar los principios generales que orientan la participación y el protagonismo del pueblo para el impulso de la liberación nacional y la emancipación social, teniendo en consideración las circunstancias históricas y económicas propias de cada país y los bloques regionales en el siglo XXI. Nuestro programa se propone formar líderes con capacidad organizativa y conciencia popular en la clase trabajadora mediante el estudio teórico y las reflexiones en el contexto de la práctica social, sobre la base de los siguientes cuatro (4) módulos:

1.   NOTAS DEL PODER POPULAR

2.   DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI

3.   LA CLASE SOCIAL DEL TRABAJO

4.   INTERNACIONALISMO Y PAZ MUNDIAL

El módulo 1, titulado Notas del Poder Popular y Clase Trabajadora: Analiza los antecedentes del materialismo histórico, las superestructuras del régimen capitalista y la importancia de la emancipación cultural como antesala del salto revolucionario.

El módulo 2, identificado como Derechos Humanos en el Siglo XXI: Examina la relevancia del nuevo modelo de Estado Social de Derecho y de Justicia en función de una visión progresista que supera el paradigma del Estado Liberal Burgués.

El módulo 3, denominado La Clase Social del Trabajo: Estudia el problema de la contradicción “Capital-Trabajo”, la división de clases,  y la organización de la alianza de clases para enfrentar las formas de explotación en el capitalismo globalizado.

El módulo 4, con el nombre de Internacionalismo y Paz Mundial: Explora los conflictos generados por el Imperialismo, el belicismo, el papel de las transnacionales y la pertinencia de la unidad soberana de los pueblos en función de la multipolaridad.

Estrategias didácticas

Análisis de textos asignados.

Resúmenes y ejercicios prácticos.

Discusiones en grupo.

Consideraciones generales.

Estrategias de evaluación final

Trabajo especial/Test/Examen.

Duración

1er mes: Módulo 1 (12 horas)

2do mes: Módulo 2 (12 horas)

3er mes: Módulo 3 (12 horas)

4to mes: Módulo 4 (12 horas)

5to mes: Repaso final (8 horas)

6to mes: Prueba final (4 horas)

Total 60 horas académicas.

24 sesiones de 3 horas c/u.

Términos del convenio: El diplomado está diseñado para colectivos de aproximadamente 40 personas por sesión, de conformidad con cuatro (4) sesiones impartidas en un (1) mes. El convenio educativo entre la institución contratante y FUNDASI (con certificado expedido por este último). Seis (6) meses de clases.  Como principal material de apoyo didáctico, se incluyen documentos digitales e impresos disposición del contratante para su reproducción. Inversión a convenir.

Jesús Silva R. / 2013

http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

jesussilva2001@gmail.com

Derecho Internacional vs Espionaje Imperialista

Jesús Silva R.

Se ha posicionado en la opinión pública el tema del espionaje y las grabaciones ilegales, aunque muchos las aplauden o las condenan dependiendo de la parcialidad política de la persona cuya voz ha sido captada. Más allá de la interminable manipulación mediática, la verdad es que la intercepción a las comunicaciones privadas representa una violación al Derecho Internacional, tal como se puede comprobar en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ahora bien, toda regla tiene su excepción y es lógico que así sea, puesto que la aplicación de una norma u otra siempre está subordinada a la protección del bien jurídico de mayor rango. Es por eso que el principio de la privacidad puede ser sobrepasado por un hallazgo o descubrimiento que involucre el interés colectivo, como por ejemplo, la protección de la vida humana, la integridad física o la seguridad ciudadana.

Mal puede el agente o colaborador de un delito contra la sociedad invocar su derecho a la privacidad cuando ha sido descubierto en la preparación de su abominable ataque. De allí que aquellas personas, que han reconocido promover acciones para derrocar al Gobierno Bolivariano elegido por el pueblo, merezcan ser procesadas severamente por la ley.

En Venezuela no hay suficiente evidencia de la identidad de quién graba, no así en EEUU cuyo gobierno está descubierto en espionaje por técnicos como Edward Snowden, Julian Assange y los que faltan.

Es notorio que la CIA y sus afines no trabajan para descubrir o prevenir ningún delito contra su país. Por el contrario utilizan el espionaje como herramienta tecnológica de sus actividades de desestabilización contra la democracia en otras naciones, conspiraciones, invasiones militares, bloqueos económicos y golpes de Estado.

Ver publicación en Diario Ciudad Caracas:

http://www.ciudadccs.info/?p=452051

Capriles Radonski y su desastre en la Gobernación de Miranda

Jesús Silva R.

La situación política del estado Miranda pudiera ser más complicada que en cualquier otra región de Venezuela pues allí tanto las fuerzas del chavismo como las del oposicionismo han experimentado avances y retrocesos. Por estrecho margen de votos, el actual gobernador de esa entidad, obtuvo la reelección; sin embargo parece desarrollarse un movimiento cada vez más organizado y crítico contra su gestión gubernamental, sobre todo de parte del Consejo Legislativo Regional, instancia donde el PSUV obtuvo la mayoría de diputados.

Henrique Capriles Radonski, derrotado en la pasada elección presidencial sobrevenida, pareciera estar todavía recogiendo los vidrios rotos de un resultado que significó un fracaso electoral en circunstancias que probablemente nunca se repetirán en Venezuela. La muerte de un presidente en funciones produjo una conmoción en el liderazgo del estamento oficialista y todo indicaba que el oposicionismo podía alcanzar la Presidencia de Venezuela en este escenario de "fragilidad política". No ocurrió, por margen electoral también estrecho, el ungido por Hugo Chávez cumplió la tarea de retener el poder con la promesa de continuar el proyecto socialista.

Ahora bien, al joven ex candidato presidencial, muchos le auguran una tercera oportunidad con destino a Miraflores. Otros más realistas no ven tal posibilidad, sino remotamente en el año 2019. Mientras llega ese momento el camino es políticamente muy largo y de allí el enorme riesgo de que el inexperimentado mandatario dilapide el capital obtenido con esos 7 millones de votos del 14 de abril de 2013.

Probablemente ya está cumpliendo esa tarea autodestructiva, toda vez que los legisladores revolucionarios del parlamento regional han ejercido una acción judicial por graves errores cometidos en su administración, entre tales, la irregular convocatoria, instalación y primera sesión del denominado Consejo Estadal de Planificación y Políticas Públicas (Ceplacopp).

El tema puede ser simplificado de la siguiente manera: el Ceplacopp es una instancia para la aprobación de recursos económicos que deben ser invertidos en la correspondiente entidad regional (en este caso, Miranda). Dicha instancia debe funcionar con la participación de múltiples representantes como el Gobernador, Alcaldes, Concejales, legisladores regionales, comisionados del poder popular, pueblo organizado, etc.

Sin embargo, este organismo de importancia estratégica tuvo una sesión con aproximadamente 17 integrantes de los más de 100 miembros que jamás fueron válidamente convocados mediante notificación personal y cartel de prensa en prensa regional como lo exige la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Es decir, se trata de un procedimiento viciado de nulidad absoluta donde el Gobernador esquivó reunirse con una mayoría que le es adversa y que seguramente habría bloqueado muchos de los proyectos populistas de su personal agenda propagandística.

El tema es que los líderes democráticos deben gobernar dentro de la ley, respetando la democracia cuando son minoría. Es deber de quienes encabezan el Poder Ejecutivo, rendir cuentas al Poder Legislativo; situación que no acontece en Miranda porque el Gobernador evade constantemente al Consejo Legislativo y no comparece ante éste, a los fines de que se cumplan los procedimientos de control de la gestión administrativa. Si a nivel estadal, no se acata la división de los poderes y se gobierna autocráticamente, ello constituye una muy mala credencial para quien ha aspirado ser alguna vez Presidente de Venezuela.

En paralelo, sigue pendiente una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia por el presunto abandono del cargo en que habría incurrido el gobernador por sus permanentes viajes internacionales y prolongada ausencia en el territorio donde le corresponde ejercer sus funciones. Si se dicta judicialmente la falta absoluta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 233 de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 67 de la Constitución de Miranda, le tocaría a la Presidenta del Consejo Legislativo, Aurora Morales, asumir las riendas del ejecutivo regional.

Ahora bien, el tema de las alcaldías de Miranda, es otro asunto de suprema importancia. El oficialismo tiene la enorme posibilidad de conservar la mayoría de los municipios que hasta hoy ostenta, siempre y cuando trabaje unificado internamente. Seguramente la posibilidad de un avance opositor se encuentre en el municipio Guaicaipuro, vale decir, la ciudad de Los Teques (donde por ahora el chavismo no tiene candidato) allí la MUD obtuvo más votos el 14 de abril, no obstante pudiera no ser el mismo el escenario para diciembre de este año.

En cualquier caso, Los Teques es la joya de la corona en términos electorales, como sucede con las capitales de los estados, siempre las más apetecibles para los líderes por ser las más pobladas, las económicamente más activas y el trampolín político para aspirar a cargos más elevados que el de alcalde. Para la llamada burguesía amarilla, arrasar en Miranda sería un verdadero cuento de hadas, frente a adecos y copéanos que a nivel nacional quisieran retomar el liderazgo partidista dentro de la MUD y en el mapa nacional.

En resumen, Capriles pudiera perder el chivo y el mecate. Su problema no es el autobusero Nicolás, sino su inexcusable descuido en Miranda así como la falta de un canal de televisión completamente a su servicio, pues como se sabe Globovisión ya ha tomado otro rumbo. Lo concreto, es que actualmente se observa un gobierno de ficción en ese estado y tal escenario crece como matriz de opinión pública en el pueblo. Entretanto CorpoMiranda aparece como una institución necesaria para socorrer a los ciudadanos en un escenario de creciente desgobierno y la crisis creada por un mandatario dedicado permanentemente a visitar otras naciones.

Ver publicación en:

http://www.aporrea.org/oposicion/a170176.html