Jesús Silva R.
Tun Tun es el toque a la puerta de cualquier venezolano que presuntamente cometa delito por parte de la fuerza pública, a tan sólo horas de ocurrir el supuesto. La Ley contra el Odio ha sido fuente jurídica de orden de aprehensión (antiguo auto de detención) de tribunales a sujetos involucrados en el crimen de incitación al odio previsto en el artículo 20 de dicho texto legal con pena de 10 a 20 años de prisión, es decir, no hay beneficio procesal de medida cautelar de libertad condicional porque la pena pasa de 8 años.
Cuando Hugo Chávez era presidente, un político le mentó la madre en TV. Si eso aconteciera hoy, tun tun le habría caído en minutos al autor del improperio, con base en la joven Ley y habría sido enjuiciado con privación preventiva de libertad, o sea, preso. La condena habría sido segura.
Vivimos tiempos diferentes, ya no hay libertinaje para insultar ni exponer al odio público a altos personajes, tampoco para criticarlos con severidad o versiones no confirmadas. En la televisión no entran dirigentes de Voluntad Popular (el originario) o cualquier otro grupo opositor radical, ni en señal pública ni en privada, quizás porque su discurso es catalogado como golpista o violatorio de la Constitución.
La opacidad política de la TV abrió paso a las redes sociales como ventana de opinión y primicias noticiosas en el país pero también creó espacio para noticias falsas, difamación y campañas de incitación al odio. Facebook, Instagram pero sobre todo Twitter son la maravilla comunicacional de nuestros días pero a la vez sirven para hacer el mal y algunas veces el bien. Los perversos no son estos instrumentos mediáticos que algunos gobiernos (caso Trump y otros) quieren censurar y dominar como pasa con la TV, los perversos son los seres humanos que los usan para delinquir.
Quien suscribe ha sido blanco de la campaña de odio más grande vía redes sociales en la historia de Venezuela y sin embargo rechaza que censuren el medio 2.0 por ser el único medio totalmente libre de control represivo, que aún existe. Lo que debe permanecer es la responsabilidad penal por lo que se dice ya que la libertad de expresión no da licencia para culpar a personas de hechos no comprobados legalmente y quien lo haga deberá responder ante la ley por incitación al odio y otros delitos según sea el caso.
Recientemente opinadores en Twitter han recibido operación Tun Tun en sus casas, por aparentemente incitar al odio contra ciudadanos comunes y contra funcionarios, han sido privados de libertad y enfrentarán juicio penal con garantías del debido proceso constitucional.
Unos llaman a esos señores "presos políticos" porque según se les castiga por oponerse al gobierno y criticarlo públicamente pero otros, sin sesgo político, podemos afirmar jurídicamente que tales individuos si han incurrido, de forma agravada y continuada, en el referido tipo penal (incitación al odio) y esta vez habla la víctima del ataque público, notorio y comunicacional; habla el abogado a secas, no el mentado abogado chavista o abogado madurista como reseñan portales digitales de internet cada vez que lo asocian con hechos jamás comprobados.
Quien aquí habla, no condena ni bendice a tun tun, sólo pide a las autoridades velar por el respeto a los derechos humanos de los detenidos y a garantizar procesos penales acordes al artículo 49 de la Carta Magna. Que cada quien pague por su crimen.
De igual modo, a los usuarios de Twitter, se les sugiere hacerse responsables de lo que escriben porque atrocidades se han cometido en esa red social como por ejemplo revelar dirección de habitación de un adversario político para instigar a su linchamiento, o inculpar a un inocente con fotomontajes y declaraciones de testigos falsos que luego no ratifican sus afirmaciones frente a un juez en un tribunal. La presunción de inocencia es aplicable a los enemigos, no nació solo para los amigos.
Compatriotas, se vive la era del tun tun y éste no perdona, así que no se caigan a pasiones antichavistas u otras, prohibido hablar feo (o sea, cometer actos penados por la ley) en Twitter porque el Estado los castigará.
