EL DERECHO PENAL DEL ESTADO SOCIALMENTE RESPONSABLE

Por: Jesús Silva R.

Toda valoración científica sobre el régimen jurídico penal que corresponde al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia previsto en la Constitución Bolivariana, debe priorizar el objetivo de la protección social. Esto exige identificar los nuevos escenarios delictuosos del mundo globalizado en el siglo XXI a fin de penalizar las conductas criminales que mayor perjuicio infligen a las poblaciones más vulnerables de la sociedad dividida en clases.

El estudio causalista de la criminalidad revela que las víctimas de la exclusión social aplicada por las “democracias capitalistas” son masivamente utilizadas como autores materiales de delitos complejos (narcotráfico, sicariato, proxenetismo, trata y tráfico de personas, legitimación de capitales, actos contra el patrimonio público) bajo las órdenes de asociaciones burguesas de “cuello blanco” que se lucran con estas actividades nefastas.

La cruda realidad social de la época hace descartable la tesis liberal academicista que propugna la mínima intervención penal del Estado como panacea de las relaciones sociales y que exhorta a vías experimentales de solución, pues el daño creciente y sistemático que la delincuencia organizada genera contra bienes jurídicos esenciales como la vida, la salud, la seguridad y la convivencia social tiene que ser confrontado mediante el poder punitivo que emana de la soberanía popular y que se materializa en el Derecho Penal.