se hace camino al andar

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02 abril, 2015

Cumbre por la Paz entre Caracas y Washington

Jesús Silva R. 

Difunde esta idea si la apoyas. Hace falta tener mucha valentía y madurez política para nadar contra la corriente; en vez de refugiarse en uno de los dos polos de la Venezuela polarizada, más bien pararse en el medio y enrostrarle a cada uno la gravedad de sus errores. El mayor miedo de un político venezolano tradicional es dejar de tener popularidad, por eso se juega al populismo, a las emociones primitivas y pareciera que perder aplausos en nombre de la verdad es una necedad que no vale la pena para los intereses grupales de algunos pseudo dirigentes. Muy abajo queda el interés nacional. 

Un lado del país habla de imperialismo, injerencia, embargo y a diario amenaza con darle una tremenda pela a la mayor superpotencia militar en la historia de la humanidad. El otro lado del país tiene venezolanos que subestiman todos los peligros imperiales y quieren que de una vez caigan las bombas invasoras para liberar a la República del mal gobierno que tanto detestan y de ese modo erradicar definitivamente la plaga castrochavista comunista. 

Difícil es pararse en el medio de esos dos polos insolentes, deslindarse de tantas rabias ideológicas, para desde la serenidad plantearle a una sola Venezuela que cese la agresión interna entre hermanos de esta tierra. Sólo desde la reconciliación nacional es que podremos visualizar caminos para negociar la paz con EEUU, no con ánimo de subordinarnos al poder extranjero, sino en el marco constructivo del diálogo, de la Constitución venezolana y de los intereses del pueblo. 

Propongo entonces, sin temor a quedarme sólo o ser víctima de incomprensión o la calumnia de cretinas lenguas radicales en la derecha y en la izquierda, la realización de una cumbre bilateral entre delegaciones de Venezuela y EEUU. Que dicho evento se efectúe bajo el auspicio o intermediación de un país neutral y que dichas delegaciones estén integradas no solamente por funcionarios de gobierno o líderes opositores sino por miembros de movimientos sociales y eso que llaman sociedad civil. 

Si en plena guerra civil, los colombianos han podido tener a su gobierno y a las FARC-EP dialogando en Cuba, nosotros los venezolanos también podemos hacerlo con los estadounidenses. Esa cumbre de diálogo por la paz, más que sabotearla con discursos o retóricas de confrontación, es preciso aprovecharla como espacio para tender puentes hacia la coexistencia pacífica en vez de seguir construyendo muros de hostilidad bajo sospecha de propósitos electorales. 

En este contexto rechazamos la incitación al odio entre pueblos, la inconveniente exaltación del chauvinismo o nacionalismo exacerbado, también nos oponemos al menoscabo de la soberanía y la independencia así como cualquier modalidad de intervencionismo extranjero venga de donde venga. Todo esto en el entendido de que las soluciones para Venezuela se desarrollarán entre venezolanos siempre por la vía constitucional, democrática y electoral sin posibilidad de atajos. 

Asimismo ratificamos que las relaciones de Venezuela con cualquier país del mundo, sea cual fuere su peso internacional, se basarán siempre en la igualdad, el respeto mutuo y los principios del Derecho Internacional. Esta y otras ideas deberían ser debatidas públicamente en la mencionada cumbre y los venezolanos de a pie estamos dispuestos a participar en ella

01 abril, 2015

Efectos patrimoniales del decreto contra Venezuela


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Jesús Silva R.

Como estudiosos del Derecho Constitucional, estimamos oportuno diferenciar expropiación y confiscación. Un gobierno aplica expropiación por razones de utilidad pública o interés social, entonces el Estado asume la propiedad de un bien porque invoca su soberanía, es decir en este caso, la autoridad de cada país para disponer sobre los bienes y propiedades instalados físicamente en su territorio, los cuales quedan sometidos al régimen jurídico nacional y sus intereses como Estado. En principio la expropiación no es un problema siempre que oportunamente se pague justa indemnización o compensación al antiguo propietario.

Pero otro es el escenario de la confiscación, allí el gobierno castiga presuntos delitos cometidos por un propietario, de modo que el Estado le despoja de determinados bienes y no hay lugar a ningún tipo de indemnización o sino más bien acciones penales contra el involucrado. Usualmente se confiscan bienes cuyo origen se cree que están asociados al narcotráfico, la legitimación de capitales, terrorismo de Estado, trata de personas, contrabando, etc.

Al analizar los efectos del controversial decreto de EEUU contra Venezuela, observamos que desde Washington se cataloga la conducta de los venezolanos (sea funcionario o no) y alegremente se le atribuyen propiedades no verificadas; eso viola principios elementales de soberanía de los Estados y genera enorme inseguridad jurídica pues los dictámenes del país del norte obedecen al capricho de su burguesía gobernante, la cual, como se sabe, es hostil al régimen bolivariano.

EEUU pudiera confiscar refinerías petroleras venezolanas en su territorio. Esto es fácil pues el Imperio tiene en la mira a socialistas, musulmanes y afrodescendientes. Así las cosas, saludamos la ofensiva del Gobierno Bolivariano accionando ante la ONU en contra  de la injerencia.

17 marzo, 2015

Un par de bombas gringas no son malas


Jesús Silva R.


Mi reflexión no pretende hacer apología de la guerra, mucho menos jugar con metáforas sangrientas sobre bombas o balas que atraviesan cabezas huecas y producen infames chasquidos. Sin autoproclamarme Lord ni heterodoxo, creo inoportuno echar más leña al fuego de la polarización  con crueldades verbales que se disfrazan de chiste.

Si los gringos nos invaden, tengo fe que reuniremos suficientes patriotas para defender nuestro territorio, inspirados estaremos en nuestra ancestralidad indigena guerrera, el sacrificio heroico de Hugo Chávez y sobre todo que nuestro humilde pueblo obrero solo podrá entre luchar digamente o sobrevivir bajo esclavitud. 

Por eso digo: Obama ¡dale play! "un par de bombas gringas no son malas", porque si caen en nuestras tierras, rápidamente saldrán huyendo los que si tienen desde hace tiempo su fuga preparada. Se van con guayaberas rojas de fino lino cortado compradas en Panamá. Se van con guayas de oro 24 kilates en sus cuellos. En otras tierras del mundo les esperan casas que ya compraron a nombre de testaferros y cuentas bancarias repletas de miles o millones de petro dólares preferenciales, quizás una porción de los 20 millardos perdidos que Dios nos dio o que más bien Cadivi, Sicad y Simadi les dio a ellos. En fin, Dios proveerá. 

Es más fácil intentar una revolución sin manzanas podridas, es más factible realizar el socialismo sin funcionarios corruptos y burócratas nepóticos, es más factible desarrollar la producción nacional sin ladrones que se lucren con las importaciones y es más probable derrotar la pobreza sin populistas ni nuevos ricos que se devoran toneladas de cambures mientras le tiran las conchas al pueblo que tanto desprecian.

Tengo certeza que esos bandidos infiltrados no van a luchar, ellos no tienen cojones. Son gente de muchas palabras pero muy pocas acciones. Afortunadamente son pocos aunque ya han robado mucho. 

Esos pillos caben en un sólo autobús, no sé si en el "autobús del progreso" o si en el otro. Son los mismos que condenan al chavismo de a pie que los critica. Por eso insisto, "un par de bombas gringas no son malas" para purgar a la patria de esos parásitos y que se vayan bien lejos de Venezuela. Que empiecen a gozar ese exilio dorado que ya tienen preparado luego de raspar la olla. 

Ya sin franelas de Chávez, ni Che Guevara, ni Fidel, seguramente manden una despedida a la nación a través de un canal de fantasía. Y finalmente, por la ventana del avión con su feliz destino a Miami, Pekin o Andorra, nos pintarán una paloma de la paz diciendo adiós a quienes nos quedaremos peleando en guerrillas contra el imperio invasor. Tal vez después de la masacre, sea más corto el camino al socialismo. 

16 marzo, 2015

Decreto de EEUU contra Venezuela, 5 puntos para entender

Jesús Silva R.

Comparto con ustedes una entrevista que concedí recientemente a Venevisión sobre un delicado tema que irresponsablemente ha sido objeto de ridiculización por parte de la MUD. Ver video: http://t.co/Gjg29zYQlp

De seguidas, nuestros comentarios:
1) Desde nuestra óptica del Derecho Constitucional y solvencia como profesor de inglés, leo copia fiel del decreto del Presidente de EEUU Barack Obama donde se declara a Venezuela como amenaza contra la seguridad de ese país, confirmamos que este documento crea la peligrosa posibilidad de que cualquier venezolano sea capturado y encarcelado, si EEUU lo califica como violador de derechos humanos. Es así porque el decreto se fundamenta en la "International Emergency Economic Powers Act" lo que traduce Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional, la misma es aplicable dentro del territorio estadounidense así como en todos los países aliados de EEUU que obedecen la legislación del denominado "Imperio".

2) Países como la antigua Yugoslavia, Irak, Afganistan, Panamá, entre otros, fueron condenados por este tipo de ley y corto tiempo después fueron agredidos militarmente por EEUU. De manera tal que si bien no decimos que el Imperio invadirá a Venezuela mañana, si podemos alertar con mucha responsabilidad que se están cumpliendo todos los pasos jurídicos que caracterizan históricamente a las invasiones militares cometidas por EEUU y de allí la importancia entender la gravedad del decreto de Obama.

3) La calificación de violador de derechos humanos crece todos los días según el capricho de Washington, de manera que tanto los funcionarios públicos como cualquier venezolano de a pie como nosotros puede ser incluido en la lista negra fabricada por el régimen imperialista. Incluso se puede meter preso al supuesto comunista, socialista o chavista que "viola derechos humanos" y posterior a su detención se haría público que estaba en la referida lista, es decir, el decreto de Obama tiene carácter extraterritorial para sus aliados y por eso abre las puertas de la captura sorpresiva contra adversarios políticos de EEUU o simplemente predicadores de ideologías prohibidas para la burguesía estadounidense y sus secuaces venezolanos.

4) Nunca antes la posibilidad de un embargo comercial o bloqueo económico general contra Venezuela ha parecido tan cerca como ahora, sobre todo cuando el infausto y nefasto decreto coincide con un dictamen internacional del Ciadi que condena a nuestro país a pagarle millones de dólares a la empresa Owens Illinois por concepto de una supuesta expropiación injusta en perjuicio de esta transnacional. Ello puede ser un síntoma de una oleada de ataques económicos contra Venezuela mediante condenas y embargos en la esfera internacional.

5) En este contexto la ley antiimperialista que propone el Presidente Nicolás Maduro es absolutamente correcta y necesaria sobre la base del Principio de Reciprocidad que en la cultura gringa se conoce como "Tit for Tat", es decir, si me atacas yo te ataco. Para el lobby pro gringo de la oposición venezolana, este decreto es motivo de júbilo y celebración pues por fin se observa un poderoso resultado de tanto casquillo que los opositores radicales llevaron a Washington en contra de la Revolución Bolivariana.

Vale decir que "injerencia significa intervenir en asuntos internos de un país por la vía de la fuerza, no cabe duda que en complicidad con la oposición venezolana, EEUU pretende forzar un cambio de gobierno en Venezuela. Ni chinos, ni rusos, ni cubanos han atacado a nuestra patria como la burguesía gringa. No somos antiestadounidenses, pero si somos antiimperialistas ya que apreciamos mucho al pueblo de EEUU pero repudiamos los infames abusos de su gobierno expansionista.

Frente a la amenaza imperialista, unidad revolucionaria y alianza antiimperialista. Cerremos filas contra la agresión.

11 marzo, 2015

Constitucionalista Jesús Silva en TV de EEUU - Marzo 2015

Ley Antiimperialista, Constitución y "Tit for Tat"

Jesús Silva R. 

Ya habíamos hecho advertencias desde la televisión del gobierno de EEUU https://youtu.be/ujUyJlOR0Gg

La denominada Ley Habilitante Antiimperialista solicitada por el Presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional es constitucional y políticamente correcta en el contexto geopolítico actual, especialmente como respuesta proporcional a las sanciones hostiles del gobierno de EEUU contra el pueblo venezolano. Dicha ley antiimperialista es constitucional porque el artículo 203 de la Carta Magna le da al Poder Legislativo la atribución de asignar funciones habilitantes al Jefe del Ejecutivo para que éste legisle sobre diversas materias de interés nacional. 

Se trata de una vía rápida o "fast track" para producir leyes urgentes y evidentemente que ante sanciones arbitrarias de una superpotencia extranjera con antecedentes guerreristas, temas como la seguridad y defensa, el sistema económico, el mercado petrolero, los requisitos de inmigración deben ser adaptados jurídicamente por Venezuela a la nueva situación de agresión y peligro que se genera desde EEUU. 

La ley antiimperialista es políticamente correcta porque ya el presidente estadounidense Barack Obama ha dictado un decreto ley donde, con total ausencia de pruebas, declara a Venezuela como una amenaza contra la seguridad nacional de su país, de modo que invocando el principio de reciprocidad que caracteriza al Derecho Internacional y que los estadounidenses conocen perfectamente como "Tit for tat" es decir, lo que tú me haces yo te lo hago, Venezuela debe entonces generar un instrumento jurídico de igual rango y eficacia para defenderse velozmente frente a la agresión de EEUU aplicando todas las medidas necesarias para resguardar la vida y la seguridad de sus ciudadanos, la protección de sus bienes, la integridad territorial, el régimen democrático, el orden jurídico así como los intereses de la nación. 

Un sólo país no tiene autoridad para calificar la situación política o jurídica de otro país, por el contrario el Derecho Internacional que rige a la comunidad de naciones está basado en pluralidad de organismos integrados por muchos Estados y procedimientos fundamentados en preceptos normativos como el Debido Proceso o "Due Process", que procuran establecer la justicia, la igualdad y verdad de los hechos así como promover soluciones pacíficas y equilibradas, es así que construyendo un mundo con seguridad jurídica nació originalmente la ONU, la OEA (ambas hoy extraviadas de la ética), y más recientemente CELAC y UNASUR (empeñadas en defender la independencia nacional). 

En este contexto advertimos la ilegalidad y error grotesco que arropa a las sanciones de Washington contra Caracas por supuesta violación de derechos humanos y otras faltas en virtud de que son resultado de actuaciones fuera del marco legal internacional y con claros indicios de intromisión política expansionista. Sólo el diálogo político, la tolerancia, el respeto mutuo y los procedimientos del Derecho Internacional podrán evitar guerras y daños mayores a millones de inocentes. 

Hacemos un llamado a los sectores democráticos que hacen vida en Venezuela y en EEUU a manifestar públicamente su rechazo a estas sanciones infundadas que irrespetan los principios de soberanía e independencia además de que propician el indeseable estallido de un grave conflicto entre naciones.

01 marzo, 2015

Marcha antineoliberal en Venezuela - TV internacional

¿Puede un chavista comprarse una avioneta?

Jesús Silva R.


Hace pocos días, al desenmascarar mediante entrevista que me hizo CNN, las burdas mentiras creadas para victimizar a burgueses golpistas que hoy están en la cárcel, masas de disociados enfermos de odio pusieron a circular una foto de este servidor al lado de una avioneta y afirmaron que la misma es de mi propiedad. 

No poseo ingresos para adquirir una aeronave porque soy un modesto trabajador profesional a cuenta propia de modo que sin duda la foto insinuaba una propiedad derivada de actos de corrupción. Vale decir, soy abogado de libre ejercicio además de profesor pero no soy no ni busco ser asalariado de ningún ente burocrático del gobierno o empresa privada.

Entonces, no queda más que calificar como delito las cobardes falacias que frecuentemente circulan en Twitter contra obreros revolucionarios que, sin temor ni esperar nada a cambio, predicamos verdades en defensa de una patria de igualdad y solidaridad.


Así preguntamos para qué deben ser usados los medios y parte de la respuesta pudiera nacer de la Constitución, cuyo artículo 108 dice que “los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana”, esto es un mandato de corresponsabilidad social entre autoridades del poder público, empresas de información y ciudadanos a fin de promover la sana convivencia entre iguales.



Niños, niñas y adolescentes son receptores susceptibles a la influencia mediática. De allí que usar la TV para fomentar odio en nombre del entretenimiento libre o la diversión sin censura, es una sofisticada manera de delinquir con fines políticos y debe ser erradicada; principalmente en resguardo del derecho de la infantoadolescencia a recibir una información adecuada para su desarrollo integral como lo consagra el artículo 58 del texto constitucional.



Por tal motivo, corporaciones que lucran con programas ruines desde Colombia deben ser examinadas por la ley venezolana, ya que es una vulneración contra los intereses colectivos y difusos del pueblo venezolano, cuando impunemente se difunden descontextualizadas escenas de asesinatos, violaciones, torturas físicas o psicológicas, narcotráfico, prostitución, trata de personas y cosificación sexual. Contra la telebasura, el Estado debe accionar jurídicamente.

13 febrero, 2015

Con el SIMADI, marginales somos todos

Jesús Silva R. 

Buscar dólares a fin de enriquecerse en vez de trabajar para generar riquezas, es el máximo ejemplo de oportunismo venezolano en la época actual. Ningún país ha logrado el desarrollo económico y la prosperidad a través de ciudadanos cazafortunas, aprovechadores y buscavidas. Socialismo es trabajo productivo, no especulación monetaria. Por eso insistimos, quien quiera dólares que los traiga desde el exterior pero que no se los chulée a la industria petrolera venezolana. Que trabaje turismo y le cobre en dólares a turistas que visiten Venezuela o que preste servicios a empresas transnacionales y cobre en moneda estadounidense. 

Es cierto, los dólares son de todos los venezolanos pero durante cien años estos le han sido entregados a empresarios parásitos que succionan al Estado venezolano y hacen inversiones fraudulentas o ilegalmente ventajosas en perjuicio de la nación. Ese fenómeno venezolano de los petro chulos, petro parásitos y petro lambusios que se comen los petro dólares regalados por el Estado, lo denunciamos recientemente en televisión de EEUU, debatiendo con burgueses venezolanos, entre ellos Alejandro Grisanti, Director del consorcio bancario Barclays y Pedro Mario Burelli, ex director de PDVSA. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=Cd0-fkTlRqw 

Ocurre que en una economía realmente basada en justicia social, esos dólares deben ser prioritariamente asignados a cubrir necesidades de sectores sociales vulnerables como niños, niñas adolescentes, amas de casa, tercera edad, obreros, campesinos, estudiantes, entre otros. Pero en ningún caso, para hacer más ricos a los ricos. 

En mi caso soy un venezolano nacido en clase media, acumulo 35 años de edad, profesor universitario desde 1998, abogado desde 2002 y todo lo que modestamente he logrado (vivienda familiar, carro propio y ahorros) ha nacido estrictamente de mi trabajo directo como profesional, jamás le he arrancado un dólar al Estado pues tengo la certeza de que otros sectores sociales necesitan esas divisas más que yo. ¿Entonces hasta cuándo el gobierno otorgará dólares subsidiados a bandidos de cuello blanco para que sigan engordando sus fortunas de dudosa procedencia que no generan beneficio a la nación hoy agobiada por acaparamiento, contrabando, bachaqueo e inflación? ¿Podrá resolverse la guerra económica si el gobierno sigue regalando dólares a burgueses promotores de dicha guerra? Yo creo que no. 

 De tal manera que el nuevo sistema se llama marginal porque sólo marginalmente se puede repartir lo que no se tiene en abundancia, y en el caso venezolano los dólares son en su mayoría petro dólares, es decir, el 95% de los recursos nacionales provienen de la exportación de petróleo. De modo que Venezuela dispone de muy pocas petro divisas luego de la estrepitosa debacle de los precios de los hidrocarburos a nivel mundial. Vale decir, una debacle que EEUU y Arabia Saudita se encargarán de prolongar. Hace tiempo propusimos que el gobierno debe descontaminar la economía venezolana, es decir, dedicar los pocos petro dólares a importar alimentos y medicinas que todavía no se producen en nuestro país. Sólo estos dólares permanecerían en el tipo de cambio preferencial de 6,30. 

Todos los demás dólares que no fueran para la compra de productos esenciales, deben ser liberados, lo cual significa que el Estado venezolano no los puede subsidiar y quienes los quieran comprar, deberán pagar la tasa del mercado internacional. Sin embargo se ha lanzado el SIMADI o sistema marginal de divisas, y no es absurdo que se les llame marginales a los bandidos chupa dólares, desde los pequeños raspa cupos hasta los corruptos autores de grandes saqueos contra el tesoro público, pero sospecho que dicho sistema corre el riesgo de causar más confusiones en la población, que en vez de educar al pueblo para que deje de buscar dólares que no necesita y enseñarlo a por fin trabajar productivamente, más bien se vuelve a crear una falsa expectativa de que ahora si viene la repartidera de dólares a precio regalado. 

 Difícilmente la oferta del SIMADI podrá satisfacer la demanda, y a la vuelta de unas semanas, el mercado negro podría dispararse a tasas mucho más altas, una vez que se concrete una nueva decepción en miles de venezolanos "traga dólares" como ya aconteció en sistemas anteriores como Cadivi, Sicad I, Sicad II, y todos los demás. Al pueblo no se le debe ilusionar, más bien se le debe inculcar espíritu de sacrificio y extrema dedicación al trabajo. Una nación que aspira permanentemente a capturar un dólar que no es producto de su trabajo propio sino de la renta petrolera, para revenderlo más caro, es una nación condenada al subdesarrollo y al fracaso. Definitivamente, con el nuevo SIMADI, marginales somos todos.

31 enero, 2015

Análisis constitucional sobre resolución 008610 y protestas

Jesús Silva R.

Nuestra postura histórica como revolucionarios ha sido siempre la defensa de los derechos humanos y la vigencia de un Estado garante de los mismos, preferimos equivocarnos promoviendo libertades en vez de acertar avalando mecanismos de control agresivo. 

En este contexto, examinamos la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa (publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015), la cual establece en su artículo 22 el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes”. Esto no genera una situación jurídica nueva, por el contrario es una reiteración del ordenamiento jurídico preexistente que rige la materia.

En Venezuela, todas las leyes, decretos, resoluciones y demás instrumentos jurídicos deben subordinarse al imperio de la Constitución, por ello revisando el artículo 68 de la Carta Magna comprobamos que la protesta debe ser pacífica y sin armas, y que debe cumplir con los requisitos de ley. 

Por lo tanto el reciente decreto no sobrepasa los límites de la Constitución porque la fuerza militar se aplicaría exclusivamente como último recurso sobre quienes en desobediencia a la Carta Magna cometan violencia y usen armas, es decir no se reprimen las protestas constitucionales (pacíficas y sin armas) sino los desórdenes criminales (violentos o armados). 

No obstante, considerando que el fondo del decreto no genera un aporte sustantivo trascendental al marco jurídico ya existente en la Constitución y las leyes, estimamos concienzudamente que desde el punto de vista propagandístico y noticioso este decreto ha sido inoportuno y favorece las malas interpretaciones contra el gobierno nacional.

El carácter pacífico de la protesta es permanente desde su inicio hasta su fin, la misma no puede degenerar en excusa o medio para facilitar actos criminales. Entonces, atendiendo siempre al principio del uso diferenciado de la fuerza, el Estado debe evitar los desórdenes donde surgen violencia o armas de fuego u artefactos explosivos o incendiarios que obren en perjuicio de otras personas quienes tienen derecho que se les proteja la vida, la integridad personal,el ambiente sano y el libre tránsito, entre otros derechos.

Barricadas, guayas, etc., son medios criminales capaces de herir y matar. Su uso contradice el derecho a la protesta y termina siendo una conducta delictiva contra derechos de mayor rango como los anteriormente citados.

Si se ha detectado que se usa el derecho a la protesta como ocasión para crear violencia, y peor aún, de ella pueden resultar muertos y heridos; es evidente que el Estado debe prevenir los daños usando medios idóneos de acuerdo al tamaño de la alteración del orden público que acontezca. 

Por ejemplo si los manifestantes emplean sólo palos y piedras, la fuerza militar no responderá accionando fúsiles de asalto liviano contra ellos. Pero si aparece un encapuchado accionando un revolver, entonces la fuerza pública podrá responder con medios de nivel o potencia equiparable o similar que procuren el objetivo de neutralizar el fuego criminal generado por el delincuente. 

El componente armado deberá siempre actuar en función de reducir y capturar al criminal o grupo delictivo que genera fuego. Sólo en casos de legítima defensa o estado de necesidad como los previstos en la doctrina penal, un efectivo militar podría disparar a matar.

De allí que el reciente decreto emitido por el Ministerio de la Defensa, actualmente sometido a controversia por despiadados medios de comunicación, en realidad ha pretendido viabilizar más detalladamente el normal desarrollo de las protestas y fijar medidas tendientes a la seguridad, prevención, vigilancia y reducción de riesgos frente a las acciones violentas de grupos criminales que aprovechan los eventos de protesta como escenarios para generar caos, desórdenes, heridos y muertos.

Sobre la base del propio artículo 68, nace el mandato de cumplir con los requisitos de ley para la protesta a fin de proteger a las personas, y a la vez se consagra el deber del Estado en cuanto a garantizar que la colectividad no sea víctima de quienes en definitiva persiguen destruir la paz nacional y el régimen democrático.

Valdría la pena que la Sala Constitucional del TSJ emitiera sentencia de interpretación sobre la referida resolución y para aclarar su contenido, propósito y utilidad jurídica. Que el máximo tribunal dicte la nulidad de la resolución no sería descartable, no porque la misma sea inconstitucional sino por engorrosa. 

Un régimen jurídico claro sobre la materia coadyuvará a que los ciudadanos pacíficos desarrollen sus protestas según las normas constitucionales y legales, en un escenario de mayor protección, seguridad y convivencia sana para todos.