Jesús Silva R.
Sólo quienes ignoran el propósito del Estado Social de Derecho y de Justicia, pretenden que las órdenes no se discutan y que el subalterno adopte la sumisión como ley para sobrevivir. Son déspotas desfasados de esta Venezuela en época revolucionaria, afectados por un instinto esclavista más anacrónico que el de la Burguesía, la cual en su particular Derecho ya consagró instituciones como el Debido Proceso, el Derecho a la defensa, el Derecho a ser oído, la Presunción de inocencia, la Apelación y hasta el Recurso de Amparo en casos de indefensión. Definitivamente el socialismo no tolera el abuso de poder, mucho menos ciudadanos de primera y de segunda.
En la institución militar, los principios rectores son obediencia, disciplina y subordinación. Pero en el mundo político la cuestión es radicalmente diferente, pues prevalece la lealtad recíproca entre bases y dirigentes en el marco de la Constitución Bolivariana y estatutos partidistas que deberían respetarse.
Nuestro texto constitucional es supremamente claro, su artículo 63 consagra que las elecciones deben ser libres, universales, directas y secretas. Asimismo en el artículo 67 impone tales elecciones a los partidos políticos para escoger sus autoridades y candidatos cargos de elección popular. En consecuencia, la autoridad moral del dirigente no se impone ni se decreta, se inspira mediante una conducta ejemplar que sea fiel a la Constitución vigente, precisamente impulsada políticamente por Hugo Chávez y aprobada soberanamente por la mayoría universal del pueblo de Venezuela.
Decir estas verdades no es contrarrevolucionario, por tal motivo causa risa que quienes poco saben de marxismo o socialismo científico (pero aparentan euforia al gritar viejas consignas), usen la tribuna pública para intentar desacreditar y falsificar las opiniones de quienes toda la vida hemos militado en la causa revolucionaria tanto a través del profundo estudio teórico de Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Guevara, Allende, Castro, Neruda, entre otros, como mediante un ejercicio práctico del socialismo en todos los ámbitos de nuestra vida.
Quien suscribe, abogado constitucionalista desde siempre al servicio de la clase obrera ha arriesgado la vida en batallas legales contra empresas transnacionales que violan salvajemente derechos humanos y laborales de los trabajadores venezolanos. Puedo hoy referirme a sólo tres, una mundialmente famosa compañía gringa de refrescos que aplica la hiper explotación laboral en nuestro territorio, un emporio bancario español que no discute la convención colectiva de trabajo y mantiene sueldos hambreadores, y un gran supermercado portugués en cuyos comedores le hacen comer alimentos podridos a los obreros.
Todas estas compañías gozan de amplias facilidades capitalistas en Venezuela para ultrajar los derechos elementales de los trabajadores de nuestra patria y se han hecho más ricas durante la revolución. A todos esos monstruos los combatimos con los trabajadores sin ningún tipo de apoyo gubernamental, basta revisar (antes de que una mano peluda borre los archivos) en internet las reseñas en prensa del ministerio del trabajo y la actuación de este servidor por sus dependencias.
Pero tristemente hay altos funcionarios que prefieren escuchar chismes y se fabrican conceptos equivocados, en vez de investigar la carrera política y profesional de ciudadanos honorables y entonces determinar quién es quién en este país.
Digo lo anterior para desenmascarar a “enchufados”, paracaidistas y tirapiedras inscritos en el propio chavismo que pretenden hacer creer que hemos brincamos la talanquera porque tenemos voluntad para debatir con la oposición y no aceptamos libretos ni guiones.
Desde esa perspectiva, insistimos en que clasificar la crítica es vital para entender cabalmente y extraer lo mejor de las observaciones que diferentes actores de la sociedad le formulan al gobierno a través de los medios de comunicación o cualesquiera que sean los espacios disponibles para tales fines. No todo el que critica es malo ni es un enemigo, muchas veces enrostrarle la verdad a un camarada es el acto más genuino de lealtad, mientras que el silencio o la aprobación insincera se convierten en perversa maniobra acomodaticia.
Aunque la decisión final sobre los asuntos del país le corresponda a quien ha sido popularmente elegido para ello (así lo dicta su legitimidad de origen); no es menos cierto que la legitimidad de ejercicio supone un comportamiento democrático en el ejercicio de gobernar, y ello incluye el diálogo con los diversos factores de un país y en cualquier caso el respeto al pensamiento original de los individuos.
El silencio incondicional no es lealtad ni disciplina, es más bien sumisión a conveniencia y otras veces hipocresía oportunista. Nótese que la primera manifestación de dignidad del ser humano es expresar libremente lo que piensa, y ello lo debe comprender todo mandatario democrático que aspire impulsar grandes cambios hacia una sociedad igualitaria.
Hoy sin mezquindad reconocemos que el presidente Nicolás Maduro, al anunciar una revisión exhaustiva y reestructuración de su gobierno, acompañada de tolerancia hacia las críticas, ha concretado el acierto más importante de su gestión como mandatario.
