POR UN RÉGIMEN LABORAL UNIVERSAL

Por: Jesús Silva R.

Cuando en 1997 un gobierno neoliberal destruyó el régimen de prestaciones sociales previsto en la legislación laboral venezolana, el consenso entre la aristocracia sindical de la época, el empresariado antinacional y la dirigencia política reinante invisibilizó el incalculable daño material infligido a nuestra clase trabajadora. Por un lado, una izquierda partidista confundida por la derrota del socialismo soviético, y por otro, una camarilla de ex comunistas, plácidamente incorporada al gabinete ministerial de aquel régimen, poco hicieron por confrontar la implantación del nuevo modelo de maximización de la plusvalía capitalista.

A catorce años de aquel infausto suceso, muchos de los implicados en ese saqueo fungen como voceros del bloque que se propone derribar la democracia popular que surgió en nuestro país desde 1999.  Hoy, empleados de Fedecamaras con investidura de diputados, vociferan desde la Asamblea Nacional, lo mucho que falta por hacer en aras de que nuestro pueblo goce de un sistema laboral más favorable, que ellos mismos antes liquidaron.

Este año la coyuntura preelectoral incita a los villanos a buscar la simpatía popular mediante el uso y abuso del cinismo y la mentira; por ello la dirigencia revolucionaria, el bloque parlamentario bolivariano y el pueblo debemos generar una propuesta legislativa socialista como la creación de un sistema único y universal de prestaciones sociales y jubilaciones donde el sector privado financie y garantice a sus trabajadores los mismos derechos laborales que se reconocen en el sector público.

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LA CULTURA COMO BASE PARA LA CONVIVENCIA

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Por: Jesús Silva R.

Las artes sobreviven para brindarnos deleites que amortizan la fatigante vida en la industrialización, así lo relataba el mítico Oscar Wilde en su obra “El alma del hombre bajo el socialismo”, refiriéndose a las precariedades de nuestra clase trabajadora. De allí que en transición hacia otro mundo donde la economía esté al servicio de la sociedad y no al revés, sea vital defender los espacios y expresiones de cultura popular que nos elevan espiritualmente.

No obstante en Venezuela, una élite mezquina ejerce un permanente psicoterror mediático contra el pueblo, intentando privarle de un disfrute social al margen de diatribas partidistas; e irónicamente esta minoría culpa de ese hecho al líder que públicamente convoca al dialogo democrático.

Es nuestro deber ciudadano rechazar los actos de esa élite afanada en ganar rentas electorales en desmedro de la paz social y promover una cultura que reafirme ante los venezolanos de cualquier signo que el modelo bolivariano es fiel promotor de la tolerancia y la inclusión pues así derrotaremos la campaña falaz de los verdaderos discriminadores.

Aun no he visto ningún escritor marxista entrevistado en televisoras oposicionistas ni deportistas o artistas bolivarianos cuyos triunfos sean celebrados más allá de politizados cuestionamientos mediáticos. Por esto, saludo programas como “La librería mediática” de Marialcira Matute, compañera con quien compartí recientemente y que siempre invita a la gente comprometida con las artes, a dar ejemplo de convivencia digna en función de una cultura edificante.

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DIFERENCIAS ENTRE ESTADO, NACIÓN Y PATRIA

Jesús Silva R.

Hay una enorme brecha entre Estado, Nación y Patria. Mientras el Estado es la conformación jurídico-constitucional de territorio, pueblo y gobierno; la nación es una integración social más compleja basada principalmente en cultura, etnia, religión, lengua e historia de un pueblo; de allí que existan naciones divididas en dos Estados por motivos bélicos como las Coreas (norte y sur) y hasta el siglo pasado, Alemania (la federal y la democrática) entre otras.

Históricamente las diferencias nacionales al interior de un Estado han sido aprovechadas por sus enemigos, verbigracia, la malograda Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1922-1991) cuya alianza de 15 heterogéneas naciones fue destruida por la acción coordinada de la corrupta élite de la Perestroika y el Tío Sam, propiciando así un nuevo escenario de pretendida hegemonía imperialista.

Examinando los regímenes constitucionales del mundo y el intento de establecer la felicidad social, vemos que cuando la nación adopta la forma de Estado Republicano es porque en teoría ha logrado su independencia frente a poderes extranjeros; sin embargo dentro de su propio pueblo la meta de la igualdad suele permanecer inconclusa.

Por ello luchamos por la Patria, un régimen donde se ha impuesto la soberanía popular, pues la supremacía política y económica pertenece a la mayoría social y la infausta burguesía que gobierna en las democracias liberales ha sido derrocada definitivamente. En resumidas cuentas, sólo hay Patria cuando se instaura el auténtico protagonismo de la clase popular.

ENTRE LA POLARIZACIÓN Y EL DIÁLOGO

 

Por: Jesús Silva R.

 

Como resultado objetivo de las comparecencias de los ministros revolucionarios en las interpelaciones ante la Asamblea Nacional se evidencia que Venezuela sigue enrumbada al socialismo y que la repolarización de las fuerzas patrióticas es la estrategia correcta para la victoria bolivariana en 2012.

Mientras la demostración del extraordinario proceso de inclusión social que vive nuestra patria se apoyó en cifras y documentos avalados por entes internacionales, las penosas trifulcas de la oposición no lograron ocultar su ambición de reimplantar la dominación del imperialismo yanqui y Fedecamaras en nuestro país.

Definirnos abiertamente como polo socialista y diferenciarnos del polo capitalista, no contradice la política del diálogo, pues los hechos evidencian que esta última y la polarización cohabitan actualmente como formas democráticas para construir la base ideopolítica de identificación entre la ciudadanía y su vanguardia revolucionaria.

Nuestro propósito constructivo nos obliga a citar las sabias palabras del ministro Rafael Ramírez quien en su interpelación del 17 de febrero pasado, sentenció: “Lo que está en contraposición son dos modelos: El socialismo y el capitalismo (…) Aquí ahora nadie va a venir a esterilizar los temas (...) Vamos a dar una discusión para que sea seria, para que eduque a nuestro pueblo”.

Frente a los discursos populistas de la burguesía falaz, reiteramos nuestra convicción de que la claridad en el mensaje revolucionario es fundamental y que el principal diálogo que debemos profundizar es con el pueblo.

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VENEZUELA: POLÍTICA INTERNACIONAL PETROLERA

 Por: Jesús Silva R.

Existe una campaña de descalificación contra la política petrolera venezolana en la esfera internacional cuyo signo principal es menospreciar la solidaridad bolivariana con los países del Caribe (Petrocaribe) y los socios de la ALBA. En este sentido el oposicionismo ha intentado propagar una matriz de opinión que hace ver dicha política como actividad de despilfarro de ingentes recursos de parte del Ejecutivo Nacional en beneficio de sus aliados en el exterior.

Dicha falacia oposicionista intenta invadir el imaginario popular y plantea una supuesta pérdida de recursos petroleros que son desinvertidos a lo interno de nuestro país y cedidos en gratuidad parcial o total a gobiernos extranjeros que son amigos del Presidente Hugo Chávez; esto con el fin de comprar apoyos en escenarios de la política multilateral internacional (OEA, UNASUR, ALBA, MERCOSUR, e inclusive la ONU).

Tales falsificaciones de la derecha venezolana deben ser contraatacadas por la argumentación objetiva en función de que prevalezca la realidad fáctica y se reconozcan suficientemente los beneficios que Venezuela percibe, tanto en lo económico como en lo geopolítico, en razón de sus alianzas con otras naciones. Es necesario promover una exposición sistematizada de los datos que corroboran que tales alianzas comerciales no generan pérdidas al Estado Venezolano, pues se enmarcan en negociaciones de intercambio que producen beneficios tanto para Venezuela como para sus socios y que las solidarias modalidades de pago, plazos y contraprestación en ningún modo suponen perjuicio para PDVSA.

Asimismo, esta exposición revolucionaria debe hacer explícita la naturaleza de la ofensa contenida en los infundios contra la política petrolera venezolana internacional y el grupo de países que intervienen en ella, especialmente frente a francotiradores de la falacia como la mediática Ley Candado, ya que es factible la doble moral oposicionista en este ámbito. Ciertamente en la Cuarta República, cuando el petróleo era regalado a los EEUU con el barril subcotizado a 7 dólares (gobierno de Caldera) y la aristocracia nacional usufructuaba la riqueza petrolera mediante financiamientos de la antigua PDVSA (verbigracia, la entonces ONG Primero Justicia y el propio Julio Borges) la derecha venezolana aupaba aquella antinacional administración.

Es indispensable explicitar ante el pueblo el desprecio xenófobo de la derecha venezolana y la campaña de odio racista emprendida por organizaciones como Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Copei contra países hermanos como Cuba y demás socios internacionales. Lo aquí expuesto es primordial para desvirtuar la matriz oposicionista, sobre todo desenmascarando a sus jefes como saqueadores de la riqueza petrolera en la Cuarta República  que pretenden difamar la política bolivariana de solidaridad internacional.

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SOTO ROJAS Y NUESTRA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Por: Jesús Silva R.

 

Ahora que existe plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela gracias a la Revolución Bolivariana,  es evidente que los crímenes acontecidos en las décadas del 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado, los cuales fueron cometidos por los gobiernos fascistas de AD y Copei no pueden permanecer impunes. Así lo planteamos los ex guerrilleros y familiares de torturados, desaparecidos y presos políticos de aquella época al ex militante de la lucha armada y actual presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, en reunión del pasado 6-02-2011 en marco del nuevo parlamentarismo popular.

Nuestros testimonios televisados en la red nacional de medios públicos rompieron el silencio mediático que durante años la burguesía impuso sobre las muertes en masacres como “Porteñazo”, “Carupanazo”, Cantaura, Yumare, y “Caracazo” de 1989, entre otras. De allí que una ley de reparación por daño moral y el reimpulso de la actividad penal contra estos abominables crímenes imprescriptibles hayan sido nuestras primordiales exigencias.

Actuando en mi carácter de hijo de uno de los rebeldes socialistas que fueron injustamente encarcelados (Jesús Silva Alfonzo) en aquel entonces y actualmente como abogado de las corrientes revolucionarias que luchan por la dignidad de este conglomerado de camaradas, propuse al presidente Soto Rojas, instalar un “Tribunal Popular” de carácter estrictamente moral, con la convicción de que dicha instancia permitirá a nuestro pueblo establecer en forma expedita y perentoria la responsabilidad política de los partidos puntofijistas que dirigieron “los aparatos de la muerte”. 

Esta modalidad de tribunal (ya ensayado exitosamente contra actos genocidas como los bombardeos y financiamientos terroristas de Ronald Reagan contra Libia y Nicaragua, entre otros) hoy debe ser implementada paralelamente al proceso penal contra los culpables y cómplices; ya que este instrumento provee un escenario propicio para la campaña política, legítima y necesaria en función de la protesta popular contra la impunidad y al mismo tiempo crear conciencia en la opinión pública sobre la gravedad de estos delitos. Por tal razón ratificamos que frente a los opositores actuales que intentan falsificar la historia, debemos velar por el rescate de la memoria honorable de nuestros valientes revolucionarios.

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IDEOLOGÍA, ANÁLISIS Y PROPAGANDA

Por: Jesús Silva R.

La ideología revolucionaria es el método científico que permite conocer la realidad mediante la observación sobre los fenómenos sociales, determinar los nexos entre factores generales e individuales y así precisar las leyes que determinan el rumbo de la historia. Se trata de una teoría dialéctica que se ajusta a las condiciones objetivas y subjetivas de cada escenario sociohistórico para orientar al pueblo en la estrategia hacia su liberación clasista.

El análisis coyuntural es la técnica auxiliar que estudia los problemas sociales y políticos puntuales derivados del comportamiento de las clases, bloques y vanguardias que aspiran conquistar la hegemonía social en una época. Su meta es identificar las acciones idóneas para favorecer o dificultar el logro de los objetivos políticos (propios y ajenos) y administrar sus efectos.

La propaganda es la síntesis de las ideas emanadas de la ideología y el análisis, desarrolla la infatigable agitación y difusión del pensamiento liberador al interior de las masas para fortalecer su compromiso consciente con el programa revolucionario. La línea propagandística, una vez discutida y aprobada por la dirección colectiva, debe ser adoptada disciplinadamente por los revolucionarios.

Toda revolución requiere el apoyo de estas tres tareas (cada una nítidamente diferenciada, pero todas importantes) debido a que la histórica misión de implantar la igualdad de clases sociales siempre ha exigido avances grandiosos de la conciencia colectiva. 

Frente al empirismo pragmático, levantemos la teoría.

LEY OPOSITORA PARA COMPENSAR LA MUERTE

Por: Jesús Silva R.

Enmarcados en el estudio científico y exhaustivo de cada actuación en la recién instalada Asamblea Nacional del período 2011-2016, hemos detectado una exótica propuesta legislativa denominada “Ley para indemnizar a las víctimas de la violencia”, la cual, según la representación parlamentaria oposicionista, recomienda que el Estado aborde el problema de la delincuencia mediante el pago de dinero a los familiares (víctimas) de quienes mueren en manos del hampa.

Es evidente en el plano ético y jurídico que esta aberrante idea promueve la fijación de justiprecio a la vida humana y su compensación económica como políticas de Estado. Forzoso es advertir que la institución de la indemnización a las víctimas de delitos ha estado contemplada en el Derecho Penal moderno desde sus inicios y tanto doctrina como jurisprudencia internacional y nacional dan fe de ello, no obstante ésta ha sido siempre de carácter subsidiario y no la solución principal del problema delictivo.

Con fines de propaganda política se quiere hacer creer al pueblo que el Estado Bolivariano no lucha contra la violencia heredada de la sociedad capitalista y se ocultan los grandes esfuerzos de esta revolución humanista que en la actualidad atiende las causas históricas y sociales que han dado nacimiento al fenómeno delincuencial. Ignoran que reducir la pobreza, democratizar la educación, promover el trabajo y los valores para la convivencia comunitaria, junto a una policía respetuosa de los derechos humanos, son el camino para el control efectivo de la criminalidad.

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POLÉMICA LEY ANTI TALANQUERA

Por: Jesús Silva R.

Hace pocas semanas en el parlamento, fuimos testigos de una extrañísima polémica creada por la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, quizá atribuible a debilidades ideológicas o escasa interpretación del Derecho, pues se alegó violación de prerrogativas constitucionales de los diputados a través de medidas administrativas que supuestamente reprimirían su libertad.

Sin embargo, razones jurídicas y políticas desvirtúan esa tesis. Nótese que en doctrina constitucional se deben valorar todos los bienes jurídicos inmersos en un determinado conflicto de intereses para tutelar efectivamente aquel de mayor valor. Mal puede invocarse el derecho individual de un diputado como licencia para violar los derechos colectivos del universo de electores que le otorgan el mandato y cuya voluntad (basada en un programa de gestión) sufre una evidente estafa.

No emplea libertad de conciencia sino engaño, quien luego de ser favorecido por los votos de la soberanía popular, abandona su compromiso de cumplir un proyecto ideopolítico que está suficientemente definido y por ello el referendo revocatorio (exigible a partir de la mitad del mandato) resulta tardío contra esa consumada estafa política.

Es políticamente correcto en la ética revolucionaria de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, implementar medidas que garanticen la restitución expedita de los derechos del pueblo contra vergonzosos pactos y saltos de talanquera de arribistas, traidores y demagogos que ocultan intereses económicos personales y grupales.

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EL LLAMADO PRESIDENCIAL AL DIÁLOGO Y LA INTRANSIGENCIA OPOSITORA

Por: Jesús Silva R.

Del discurso de Memoria y Cuenta (15-01-11) del Primer Mandatario nacional, alusivo al año 2010, se desprenden dos aspectos: lo objetivo que se sustenta en las cifras de metas logradas por su Gobierno; y lo subjetivo representado en el exhorto al restablecimiento del diálogo y la cooperación entre dirigentes revolucionarios y oposicionistas en beneficio de los intereses de la nación. Sobre lo objetivo, el pronunciamiento aportó datos que dan fe del éxito de la gestión anual presidencial que fueron pormenorizados por el líder revolucionario.

La difusión mediática de esas exitosas políticas públicas de la Revolución, en el marco de un plan comunicacional del Estado que no dependa exclusivamente de la figura presidencial, tendrá significativa relevancia en la tarea de contrarrestar la descalificación mediática oposicionista que persiste sistemáticamente en invisibilizar ante nuestro pueblo los loables avances en inclusión social y que imputan la comisión de medidas neoliberales al Ejecutivo.

 En cuanto a lo subjetivo, la invitación presidencial al debate constructivo, a la cooperación en el ejercicio de la función pública entre la dirigencia revolucionaria y la oposicionista, así como su anuncio de abreviar la Ley Habilitante hasta el 01-05-11, para así crear las leyes requeridas pero a la vez despejar prontamente el escenario para que el Parlamento legisle a plenitud, conforman un mensaje tendiente a desmontar la percepción mediática expandida sobre una presunta praxis totalitarista del líder revolucionario en las últimas semanas. Efectivamente, el compendio de leyes aprobadas en sesiones extraordinarias por el parlamento saliente, fue promovido por los medios privados de información como un acto de menosprecio a los reñidos resultados del 26 de septiembre de 2010, de los que se infiere la pertinencia política de reconocimiento a los representantes electos por la mitad del universo votante que optó por una alternativa distinta a la del PSUV y sus aliados.

Del mismo modo, urge precisar que ese llamado a trabajar conjuntamente en la solución de los problemas prácticos que apremian a nuestro pueblo, coadyuva a contrarrestar la falacia comunicacional oposicionista respecto a que la dirigencia revolucionaria incurre en una excesiva ideologización que la aleja de las deudas sociales. Luce conveniente tomar esta bandera de la cooperación en nombre del bienestar del pueblo, urge transversalizar (en instancias locales, regionales y nacionales) políticas de concreción a este exhorto a la cooperación entre adversarios en el ejercicio de la función pública, para así desenmascarar y restar adeptos a los factores radicales contrarrevolucionarios cuyos intereses grupales están por encima de los intereses del país.

Sin embargo ese llamado cordial expresado tendiente revertir mediante el diálogo, el prolongado radicalismo político ejercido por los dos polos (revolucionario y oposicionista) que se disputan el poder en Venezuela, experimenta el rechazo manifiesto de factores preponderantes en el estamento político opositor que apuestan por la continuación y agudización de la polarización imperante. Ello se desprende de incisivas declaraciones de la dirigencia derechista, verbigracia, la muy sagaz diputada María Corina Machado (probablemente el cuadro político más completo del oposicionismo presidenciable de la actualidad), quien horas después del exhorto constructivo del líder revolucionario, señaló: “hace tres días anunciaban que nos iban a triturar, que no podríamos abrir la boca y ahora nos dicen que podemos conversar, dialogar. (..) ”El respeto y la confianza no se decretan, son sentimientos con base en la acción, en la coherencia entre lo que dices y lo que haces, que la gente se gana el respeto y este país está clamando por respeto”. Es importante destacar la ratificación de su exigencia por la inmediata derogatoria de la Ley Habilitante, el nuevo Reglamento de Interior y de Debates y el resto de leyes aprobadas en sesiones extraordinarias durante los días finales del Parlamento anterior, y calificando como “nulos” todos los actos del Ejecutivo Nacional que se fundamenten en este compendio de instrumentos legislativos.

En esta ola de pronunciamientos de los mayoritarios partidos oposicionistas AD, UNT, Primero Justicia, enmarcadas todas en la agenda polarizante, confrontativa y de execración del diálogo, aparece como broche de oro en representación del poderío económico privado, Noel Álvarez, Presidente de FEDECAMARAS, quien agregó que el discurso presidencial no respondió a temas económicos que aquejan a la población y que "es necesario demostrar con voluntad y con hechos que se quiere dialogar".   

El visible consenso de las principales fuerzas partidistas, económicas y mediáticas del oposicionismo en rechazo al “diálogo” confinan actualmente en una situación de peregrinaje político a figuras minoritarias como Alfredo Ramos, cuya petición reivindicativa en materia de pensionados de la seguridad social fue acogida receptivamente por nuestro Presidente, en un acto que pudiera ser descrito como ejemplo de cooperación (diálogo) en el ejercicio de la función pública entre factores adversarios. No obstante, ante lo que pareciera un reacomodo mediático derivado un probable regaño de sus hermanos mayores, Ramos, horas más tarde se plegó al criterio hegemónico de la jefatura oposicionista (descalificación absoluta contra la integralidad de la gestión del Jefe del Ejecutivo) y negación al diálogo, al manifestar: “el presidente habló como si estuviese empezando a gobernar y dibujó un país que no es real, no reconoció la ruina económica (…)” y sigue maquillando las cifras tanto de la pobreza como la del desempleo”.

Tal como lo hemos concluido en reflexiones anteriores, el escenario político hace evidente la desafortunada brecha política que existe entre las loables intenciones del “diálogo” hoy  ensayado por el liderazgo revolucionario y las condiciones objetivas generales que dificultan su real concreción, lo cual demanda un amplio debate al interior de las fuerzas revolucionarias a los fines de definir e instrumentar el plan coordinado de acciones ideopolíticas idóneas para el logro de la mayor suma de gobernabilidad posible y el triunfo socialista en 2012.

FALACIAS: TOTALITARISMO E IDEOLOGIZACIÓN

 

Por: Jesús Silva R.

No es difícil descifrar la agenda que el nuevo bloque oposicionista ha comenzado a desplegar en la Asamblea Nacional del período 2011-2016, incesantes ataques contra la Revolución Bolivariana basados en sus dos viejas falacias: Totalitarismo e ideologización. Revisando ambas, vemos que una (totalitarismo) opera mediante actos de provocación de la derecha aventurera contra los legisladores revolucionarios. La minoría guarimbera se victimizará cada vez que la mayoría bolivariana no se someta a sus dictados y ejemplo de ello fue la espeluznante propuesta de que un ciudadano condenado por la ley penal los representara en la directiva.

En este escenario circense, futuras iniciativas legislativas (confeccionadas en los laboratorios oposicionistas) completarán el libreto de parodias mediáticas que, por mandato del sentido común, deberán ser rechazadas en el parlamento; quizás pronto llegará la “Ley Desarme” que lejos de erradicar la violencia, más bien estimula a delinquir, ya que legaliza el hurto y robo de armas para su canje ante la autoridad pública.

La última falacia (ideologización) es la más embrutecedora, pues con el eslogan de que la ideología impide resolver las necesidades directas de la gente, intentan anular de la conciencia del pueblo su identidad de clase y el valor de sus luchas colectivas como herramienta esencial para la liberación. Sin duda estas falacias son fraseología de los burgueses para ocultar sus planes de privatizar otra vez el país (salud, educación, industrias) y reimplantar la exclusión social.

DOCTRINA JURÍDICA DEL PODER POPULAR

Por: Jesús Silva R.

Según la doctrina del Derecho Público Internacional, se reconoce universalmente como Estado a la integración de: pueblo, poder y territorio. Así mismo, este poder surgido de la mayoría popular y que ha tenido como forma de expresión principal, el voto democrático, genera tres ramas públicas esenciales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Frente a esa tradicional visión del Derecho Burgués, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nace como proyecto político y jurídico que profundiza una democracia realmente dirigida por el pueblo, ya que además de la importante creación del Poder Moral y el Poder Electoral, que fortalecen estos aspectos vitales del Estado, también promueve la implantación del poder popular.

En efecto, la Teoría de Progresividad de los Derechos Humanos exige una nueva democracia participativa y protagónica donde el ejercicio tangible del poder no sea exclusivo de representantes y mandatarios, sino que por el contrario estos se desempeñen bajo el control sistemático del pueblo elector mediante la contraloría social, los mecanismos revocatorios y sobre todo el cogobierno permanente entre elegidos y electores.

Ciertamente, los consejos comunales y las comunas que nacen con las nuevas leyes revolucionarias hacen posible que ahora el pueblo debidamente organizado comparta con las instituciones formales del Estado el ejercicio real y efectivo de atribuciones y competencias en todos los ámbitos de la vida ciudadana para así garantizar el desarrollo de un Estado Comunal que logre la inclusión social.

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LEGALIDAD, LEGITIMIDAD Y POPULARIDAD

Por: Jesús Silva R.

Para la burguesía hay legalidad cuando el Estado se apoya en leyes que le faciliten persuadir al pueblo sobre la validez de sus actos aunque sean injustos. El capitalismo ha hecho legal que la clase trabajadora sea explotada al recibir un salario inferior al valor real de su labor, pues la plusvalía fue inculcada culturalmente y ello explica que todavía muchos pueblos elijan como gobierno a sus propios verdugos burgueses.


Admirable es la legitimidad, porque se basa en una actuación fiel a la justicia, la igualdad social y a revolucionar las leyes de una época injusta. Legítimo es el proyecto de convertir la propiedad y el buen vivir en una imperativa retribución al trabajo de todas las personas y así erradicar los privilegios de las minorías.


La revolución pacífica enfrenta el desafío de la popularidad, que significa ganar el respaldo mayoritario de todos los sectores sociales que han sido históricamente excluidos, no sólo para que mediante sus votos garanticen la continuidad del proceso revolucionario, sino para protagonizar masivamente la transformación económica, política, social, intelectual y cultural que fortalezcan a la sociedad naciente.


Los avances al socialismo plantean la inevitable agudización de contradicciones entre un polo revolucionario y un polo conservador, ambas vanguardias, con sus valores ideológicos y fuerzas materiales, tienen opciones para conquistar la popularidad que les acredite el triunfo político, pues a lo largo de la historia no todo lo justo ha sido popular, ni todo lo popular ha sido justo.

POLARIZACIÓN Y LUCHA DE CLASES

Por: Jesús Silva R.

En clara consonancia con el criterio que categóricamente hemos sostenido en reflexiones anteriores, sobre el carácter estratégico de la campaña gubernamental de adquisición forzosa de medios de producción provenientes del sector privado, y que su formalización como medios de utilidad pública e interés social constituye la concreción material de la política de robustecimiento de lo que el primer mandatario en innumerables veces ha denominado la polarización.

Tal polarización implica el establecimiento de la diferenciación de un sector revolucionario contrapuesto a otro de orden tradicional conservador; se ha suscitado un nuevo anuncio del Presidente en su habitual programa dominical (19/12/10), en esta ocasión informando sobre la expropiación de Aluminios de Venezuela y Sanitarios Maracay, a quienes se les señala por violación de leyes laborales; así como la expropiación de 21.700 m2 de terrenos en La Urbina, donde se construirán edificios para 500 apartamentos.

En este contexto ideológico, político y económico, el Jefe del Estado ha manifestado que se trata de "empresas quebradas por el capitalismo", poco antes de firmar los documentos de expropiación; lo cual nuevamente aviva a las fuerzas oposicionistas en su consuetudinaria descalificación de estas medidas, levantando las banderas de una supuesta conculcación del Derecho a la propiedad privada y la libre empresa, a lo cual añaden más recientemente las matrices de vulneración a la estabilidad laboral de los trabajadores y grave afectación de la productividad económica que desembocará en un inminente cese de dicha actividad por cuanto se cataloga al Ejecutivo Nacional como pésimo gerente.

De lo anterior se desprende que esta confrontación ideopolítica entre propiedad pública y propiedad empresarial privada, proseguirá y se agravará en fechas venideras con las nuevas unidades productivas que se adquieran forzosamente; resultando imperioso subrayar que la obtención de un saldo político y económico favorables al Gobierno Bolivariano por concepto de estas medidas dependerá de la conducción eficiente que se aplique sobre estos componentes de la industrias y evidentemente, con el apoyo de una política comunicacional dinámica y precisa que haga explícito ante la ciudadanía los éxitos de esta revolucionaria gestión.

Semejantes controversias en el plano mediático se han generado con motivo a la situación de los latifundios intervenidos por la autoridad pública nacional en Santa Bárbara del Zulia, pues ante la presencia del Ejército y la Fuerza Armada para salvaguardar la vida de los productores, del pueblo y de los trabajadores; factores del empresariado agroproductivo regional en conjunción con voceros políticos oposicionistas, pretenden presentar el caso como un grave atropello del Gobierno Nacional, que actúa al margen de la legalidad.

Frente a estas contingencias, luce conveniente articular e implementar con orden y celeridad las políticas necesarias para el cese de protestas laborales (y campesinas en Santa Bárbara) que el adversario oposicionista ha aprovechado insistentemente en los últimos meses, así como profundizar las tareas de control y seguimiento al funcionamiento de estas empresas de modo que se sostenga la productividad en la cadena económica y así impedir la aparición de matrices contrarrevolucionarias que hacen creer sobre la presunta escasez de los productos que anteriormente emanaban con regularidad bajo la gestión industrial privada.

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http://www.elregional.net.ve/opinion/articulo/8001/por-jesus-silva-r-polarizacion-y-lucha-de-clases

http://www.eldiariodeguayana.com.ve/opinion.php?pos=3676

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WIKILEAKS, PDVSA Y EL PSICOTERROR MEDIÁTICO

Por: Jesús Silva R.

En la ola de dudosas revelaciones vinculadas al Gobierno estadounidense que se han publicado a través del sistema Wikileaks, medios de comunicación abiertamente contrarios al proceso bolivariano, plantean que dentro de los hallazgos obtenidos en esas infidencias, se detectaron comunicaciones donde se alega que las cifras de operatividad de PDVSA habrían sido infladas por el Gobierno venezolano a fin de ocultar su situación de severo deterioro.

Así lo afirma la prensa opositora venezolana, detallando que comunicados de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela fueron publicados por el diario londinense The Guardian, y revelan las percepciones sobre la industria petrolera estatal venezolana. En igual sentido, agrega este conocido medio informativo que Durante un viaje a Zulia del entonces embajador norteamericano, Patrick Duddy, en el segundo semestre de 2009, la diplomacia de Washington detectó que "la situación en materia de servicios petroleros ha cambiado significativamente. Las condiciones de los equipos se ha deteriorado drásticamente desde las expropiaciones de las compañías de servicios ocurridas en mayo (de 2009)".

Ciertamente, mediante la sistemática campaña de desprestigio que el oposicionismo despliega contra la principal industria venezolana, se persigue generar angustia en la población, haciéndole creer sobre una supuesta inoperatividad o quiebra de PDVSA que desacreditaría por completo los esperanzadores anuncios del Ejecutivo Nacional respecto a que el 2011 sería el año de la recuperación económica de nuestro país.

Frente a estas matrices de tergiversación emanadas de agencias mediáticas oposicionistas, luce pertinente visibilizar ante la opinión pública, las cifras reales de productividad y operatividad de PDVSA, resaltando especial mente la estabilización de los precios del petróleo y su sostenida tendencia a la alza, pero sobre todo hacer constar que la responsable planificación económica del Gobierno venezolano ha diseñado un presupuesto que previene las variaciones que puedan producirse en el precio de este importante recurso, evitando así que nuevamente en forma inadvertida sobrevengan impactos negativos sobre nuestra economía nacional que obliguen a la rectificación extraordinaria de la estructura presupuestaria.

No menos importante es advertir sobre la matriz oposicionista que más recientemente estaría cobrando fuerza, respecto al presunto carácter arbitrario de la decisión del primer mandatario nacional, en cuanto a solicitar al Parlamento que se le otorgue una Ley Habilitante con el fin de atender más expeditamente los daños y amenazas generados por las incesantes lluvias. Frente a estas acciones de psicoterror oposicionista que persiguen confundir a la población y menoscabar la confianza en cualquier actuación del Gobierno Bolivariano, urge concentrar esfuerzos con apoyo de nuestra red de medios públicos y la selectiva información institucional en todos los medios de comunicación para que la colectividad conozca la eficaz atención que se viene prestando al gran número de damnificados de este infortunio de la naturaleza.

SANCIÓN A LOS EXPLOTADORES SEXUALES

Por: Jesús Silva R.

Al acercarse el final del período de sesiones de esta Asamblea Nacional, se suscita igualmente la culminación de nuestra gestión de asesoramiento jurídico ante ese órgano, lo cual hace relevante destacar lo que fueron nuestros aportes en materia de Derechos Humanos formalmente consignados ante la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud, así como en los debates de la Comisión de Política Interior y la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional.

En tales escenarios, nuestras propuestas jurídicas deberán ser tomadas por el Parlamento entrante en el venidero mes de enero de 2011, dado que las mismas estuvieron destinadas a adecuar el Derecho Penal venezolano a los preceptos de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), aprobada en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1979 y debidamente ratificada por Venezuela; la Convención Belem do Pará, las Conferencias de Beijing y el Cairo, así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de este ámbito.

En cumplimiento de nuestra misión revolucionaria y feminista, procurando la consolidación de una sociedad libre de violencia de género y males creados por el régimen patriarcal, y luego de entregar a la Asamblea Nacional la propuesta sobre Femicidio (evento reseñado en el Diario El Aragüeño del 08-11-2010), con valioso apoyo de colectivos feministas; hemos también consignado (01-12-10) en esa instancia, el proyecto de tipo penal contra la compra de servicios sexuales. Hemos afirmado que considerando que quienes ejercen prostitución (especialmente mujeres) son vulnerables a la violencia cultural, económica y sexista del capitalismo patriarcal; y que esta conducta, sea por interés o necesidad de dinero, lesiona su propia salud física y psicológica, así como su libertad sexual y dignidad humana, enfatizamos que son víctimas no sancionables.

Es por esto que sobre los clientes de la prostitución, decimos que su conducta típica específica es pagar por sexo, pues dando dinero cooperan con que las personas se prostituyan a sí mismas o sean víctimas de la explotación lucrativa de delincuentes de la industria de la trata de personas, tráfico de personas y la pornografía. Basado en lo anterior, he suscrito el proyectado tipo penal siguiente:

"Toda persona que a cambio de la entrega de dinero, bienes u otra retribución, o valiéndose del ofrecimiento de éstos, obtenga para sí o para un tercero, un acto de naturaleza sexual con otra; será castigada por la compra de servicio sexual con multa de no menos de trescientas unidades tributarias (300 U.T.), o con arresto hasta por un mes si la conducta es habitual. La autoridad podrá imponer que dicha pena se cumpla en una casa de trabajo o mediante la prestación de un servicio en alguna empresa de utilidad pública, donde se le oriente en materia de Derechos Humanos con perspectiva de género".

Al supramencionado tipo delictivo, se suma nuestro categórico criterio sobre la despenalización del aborto, fundamentado en una exhaustiva investigación multidisciplinaria, que incorpora el estudio de los bienes jurídicos involucrados en la interrupción voluntaria e informada del embarazo, y la recopilación de dictámenes y documentos de calificados expertos de la ginecología.

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PLAN SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Por: Jesús Silva R.

Luego de desenmascarar los criminales actos de especulación y usura inmobiliaria cometidos por diversas empresas privadas, el tema habitacional en nuestro país ha vuelto a acaparar la atención nacional. Afortunadamente, la rápida intervención del Estado contra estas estafas ha permitido salvar a cientos de familias afectadas y atender buena parte de esta grave problemática social.

Para garantizar plenamente que el pueblo haga realidad su derecho constitucional a la vivienda, es necesario fijar una lista nacional de precios máximos para la venta de inmuebles, ajustada a sus características de tamaño, habitabilidad, antigüedad y ubicación; ello protegerá a compradores y propietarios contra las maniobras indebidas de los intermediarios que abundan en el cruel mercado de bienes y raíces.

Aunado a esta regulación de precios, es preciso mejorar las facilidades de crédito habitacional, elevando la cuantía de los préstamos y otorgando más años de plazo, a fin de rebajar las cuotas de pago. Esto le permitirá a la población trabajadora abonar mensualmente una parte razonable de su salario para cancelar la deuda y al mismo tiempo ocupar durante la mayor parte de su vida laboral, la vivienda que finalmente será propia.

Para solventar la deuda habitacional, urge crear una nueva legislación con criterio de interés social que facilite una gestión pública planificada y centralizada en materia de viviendas, donde el sector privado (banca e industria) pueda participar siempre que se acople con honestidad a las directrices emanadas del Estado soberano.

ABOGADOS ¿SERVICIO SOCIAL O ACUMULACIÓN DE GANANCIAS?

Jesús Silva R.

Reflexionar sobre la profesión de la cual esencialmente depende cumplir y hacer cumplir la justicia, constituye una tarea realizable desde infinitos puntos de vista, seguramente puede hacerse desde los dos enfoques fundamentales que predominan en el mundo: servicio social o concentración de ganancias.

Para los sectores vinculados al capital, esos que enfocan su actividad exclusivamente como negocio, el ejercicio del Derecho tiene una naturaleza eminentemente mercantil, corporativa y por tal razón debe generar los más altos dividendos para el abogado o su bufete; en este contexto, los juristas aspiran conformar una cartera amplia de “buenos clientes” y tener “contactos importantes” en las instituciones, es decir, que para el cumplimiento fluido de los fines y la rápida obtención de resultados es vital desarrollar óptimas relaciones públicas, pues mientras más amigos influyentes se tengan en el universo burocrático y empresarial, mayor efectividad tendrá el trabajo profesional.

Ahora bien, ¿qué subyace en estas afirmaciones derivadas de la experiencia en la vida social, gremial y profesional? En primer lugar que una “cartera amplia de buenos clientes” supone que el abogado debe trabajar para y con los que más dinero tienen, puesto que hacer lo contrario podría conducirlo a la ruina económica. Sin embargo, sobre esto es urgente advertir que esa preferencia por la clientela adinerada pudiera convertir al abogado en un promotor de una insana privatización de la justicia, pues de nada vale que la Constitución contemple que el acceso a la justicia es el derecho de todas las personas, si la realidad material revela que sólo quienes pueden pagar altos honorarios profesionales tendrán realmente una buena defensa o representación jurídica.

De consolidarse la cultura primordialmente ganancial, donde el espíritu profesional sólo es movilizado por el dinero, la clase popular quedaría en situación de indefensión y abandono; nótese que si bien algún colega pudiera afirmar que aquellos que no pueden costear un abogado privado, deben acudir a un abogado público (funcionario asalariado), mucho más importante es considerar que toda la deuda social (integrada por miles de justiciables en materia laboral, infantil, penal, agraria) no se le puede asignar enteramente al Estado; puesto que en la ética del abogado debe prevalecer un compromiso social que lo vincule a colaborar con el prójimo mediante una atención profesional de criterio humanista y solidario. De allí que muchas actividades jurídicas hoy día deberían estar exentas de honorarios, a fin de asistir y defender derechos elementales de ciudadanos en pobreza extrema, invalidez o considerable precariedad, tal procedimiento es justo y socialmente necesario.

En este mismo plano, de la abogacía vista como negocio, es indispensable revisar la perversión de esas buenas relaciones, la cual nuestro pueblo ancestralmente identifica como “tener palanca” o “tener padrino”, pues quien goza de tales herramientas pareciera siempre llegar más velozmente a sus objetivos y quien no tiene tales recursos quizás está condenado a vivir un interminable peregrinaje en cualquier ministerio, alcaldía, gobernación o tribunal.

Esto parece ser cierto, a decir de las quejas constantes en los medios de comunicación, pasajeros de autobuses, gente en el Metro (para quienes vivimos en Caracas). Esta terrible desviación debe ser corregida, no sólo a través de leyes de simplificación de trámites, sino también de una revolución cultural en la que todos somos responsables. Luce como clamor popular, acabar con el insensato sistema paralelo donde cualquier gestión que se pretenda realizar, requiera de un apoyo especial de un funcionario, para así poder esquivar las alcabalas de espeluznante burocracia.

De estos males no se escapa la empresa privada, donde también hace falta el nexo con el coordinador, el gerente, el encargado, o incluso la secretaria del jefe quien puede jugar papel crucial, simplemente porque en nuestra sociedad lo público y lo privado quizás se parecen mucho en el fondo, dado que estamos divididos en dos grandes estamentos: la clase dirigida y la clase dirigente, y en ésta última no tengo duda que caben tanto empresarios capitalistas como los burócratas arbitrarios.

Pues bien, más grato es delinear los rasgos principales de ese libre ejercicio de la abogacía que se despliega como servicio social, y probablemente sea es el más arduo, ya que se parcializa concienzudamente por los sectores que más sufren la exclusión social, y seguramente la rentabilidad de ese ejercicio del Derecho solidario no sea muy convincente. Ciertamente el abogado que trabaja como servidor social tiene una postura firme en defensa del interés colectivo por encima de la ganancia individual o grupal; por ello actuará a favor del trabajador despedido injustificadamente, por la reeducación del adolescente del barrio que infringe las normas, por el campesino que necesita su tierra, por la comunidad que se organiza en la nueva autogestión política y económica.

A todas luces, para erradicar la explotación del patrono contra el obrero, para hacer valer la paternidad responsable y poner fin a la niñez abandonada, para combatir la violencia de género, para desmantelar el Estado burgués y establecer la plena igualdad de clases sociales, para en definitiva corregir miles de desigualdades aun latentes, el ejercicio del Derecho debe ser entendido y propagado como una herramienta de inclusión social. Es así como la verdadera socialización del Derecho (que entre sus aspectos contempla la máxima ampliación de la asistencia jurídica pública en cada materia existente dentro de la legislación, así como la promoción de entidades universitarias que garanticen la enseñanza de un Derecho con sensibilidad social) es hoy más que nunca una vital tarea pendiente en el actual proceso de transformación nacional.

Ese profesional del Derecho, que concibe su ciencia como un verdadero apostolado social, se verá a sí mismo como un multiplicador del bienestar y comprenderá que en la medida en que se contribuye a que las personas tengan apoyo jurídico para la justicia, sus vidas progresan en mejores condiciones hacia la conformación de una sociedad más sana, solidaria, democrática y productiva, de la cual el jurista también será un beneficiario.

De mi siempre recordado padre y otros notables abogados, aprendí el gratificante ejercicio libre del Derecho (arte y ciencia) como servicio social, sin subordinación a aristocracias privadas o públicas. Es pues la compleja misión de fomentar con honestidad la solución pacífica y justa entre titulares de bienes jurídicos en disputa. Finalmente, con profundo humanismo suscribimos que el mayor patrimonio del abogado, por encima de la riqueza material, es su alto sentido del honor y el favorable reconocimiento de la comunidad, especialmente los humildes.

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DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Jesús Silva R.

Según la ciencia médica, la vida humana nace con la actividad cerebral, por eso cuando el cerebro deja de funcionar, la persona es considerada clinicamente muerta. Asimismo está comprobado que en el feto, esta actividad inicia a partir de las doce semanas de gestación, por lo cual interrumpir el embarazo en ese límite, en ningún caso, afecta una vida humana.

A la verdad científica se oponen algunas concepciones religiosas radicales, que ignorando el proceso natural de formación de la especie humana y las circunstancias sociales de la población, predican que todo producto en el vientre de una mujer es una persona y que toda interferencia en su desarrollo (cualesquiera sean las razones), es un grave pecado.

Por su lado, los antiabortistas no religiosos, afirman con simpleza que el aborto es un acto criminal, no contra una persona, pero si contra una esperanza de vida. Frente a este último criterio, advertimos que preservar la vida incluye considerar a las mujeres, su dignidad, bienestar y derechos reproductivos, sobre todo en los casos donde el embarazo realmente atenta contra su salud física y mental.

Un nuevo Código Penal que no castigue la interrupción justificada del embarazo, protegerá a la mujer y a la criatura en casos de madres precoces, peligros en la gestación, violación sexual y malformación genética del feto. Ante las millones de mujeres pobres que mueren en el mundo por abortos inseguros efectuados en clandestinidad, el Estado Social debe generar la nueva legalidad y la accesibilidad económica que pongan fin a estas tragedias.

Transformación del mono en hombre

Jesús Silva R.

Fue la mano (trabajando) la que desarrolló el cerebro y no viceversa, así lo destaca el genial Federico Engels en su obra El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. En efecto, desde la era primitiva de la humanidad, el trabajo ha sido la gran actividad creadora que el individuo ejerce en la naturaleza, no sólo para solventar necesidades materiales, sino también como el arte que por sí mismo hace posible la elevación intelectual, física, social y espiritual de quien trabaja.

Si el trabajo ha promovido nuestra evolución, obviamente el ocio nos perjudica; así lo revelan estudios criminológicos en que la desocupación incrementa los niveles de vicio, delincuencia y actividades informales en escenarios de alto riesgo.

Para que el trabajo retome su valor originario como derecho humano, es necesario reorganizar la economía en función de que todos trabajemos en condiciones verdaderamente dignas. Sólo el Estado revolucionario liderado por la clase trabajadora será capaz de desmontar la economía capitalista cuyas leyes apegadas al enriquecimiento de la minoría burguesa castigan a la mayoría social con explotación y desempleo.

Nuestro desarrollo nacional será proporcional a la expansión de nuestra clase trabajadora, así lo dicta el socialismo científico. Por ello, en un país premiado por la ingente renta petrolera y baja densidad poblacional en relación con su territorio, justo es defender el proyecto de soberanía sobre nuestro aparato productivo con industrias eficaces al servicio de la utilidad pública y el interés social.

GRAN ESTAFA INMOBILIARIA CONTRA LA CLASE MEDIA

Jesús Silva R.

Estudiar la realidad desde una perspectiva socioeconómica que identifique las diferentes clases sociales que coexisten en nuestro país es una tarea fundamental para el acierto en las políticas de captación de apoyo en favor del polo revolucionario y para avanzar al socialismo.

Un loable ejemplo de esto es la intervención de empresas inmobiliarias usureras, por cuanto le demuestra a la colectividad en general y especialmente a la clase media, que mientras la clase empresarial los estafa, el Estado Bolivariano defiende los derechos de todos los ciudadanos y su anhelo de adquirir vivienda.

Enfatizamos que ese universo social que aun no vota por Chávez, contiene clases sociales (empresarios, trabajadores, capas medias) con intereses económicos opuestos que sólo se conectan emocionalmente alrededor de la antipatía antichavista promovida por los medios de comunicación privados; por tal razón evidenciar esta realidad es la clave para fracturar la cohabitación de los oposicionistas.

Sólo profundizando la socialización y la diversificación de las actividades productivas con apoyo del Estado, rescataremos del adoctrinamiento burgués a profesionales, técnicos y obreros, dado que el trabajador oposicionista es tan víctima de exclusión social como el trabajador chavista, y por esto, todos los que vivimos de nuestro trabajo, somos potenciales aliados del proyecto bolivariano de inclusión social.

Al desenmascarar a los capitalistas autores de la estafa inmobiliaria, se contribuye a la consolidación de la conciencia clasista y se demuestra que el socialismo hace que el trabajo deje de ser un medio para exclusivamente para sobrevivir y lo convierte en la actividad que nos dignifica a todos, dándonos el legítimo derecho de satisfacer nuestras necesidades y lograr una vida mejor.