Por: Jesús Silva R.
Existe una
gigantesca realidad que tiene que ser mostrada ante la conciencia del pueblo
venezolano, más allá de cualquier otro análisis simplista y leguleyo sobre la
falsa sanción que se le aplicó al diputado Juan Carlos Caldera en su partido
Primero Justicia (PJ), a raíz del video donde aparece en una clandestina e
irregular recepción de dinero.
Es un hecho
secundario, irrelevante e inclusive hasta anecdótico que la medida sancionatoria
dictada por Henrique Capriles Radonski no tenga base en los estatutos de su
partido, que la misma sólo pueda ser ordenada por el tribunal disciplinario de
PJ y que por lo tanto todo sea una tramoya, montaje o ficción.
Ocurre que
cuando una asociación de jóvenes fascistas tiene amplios antecedentes de
conducta delictiva (asalto a embajadas, usurpación de funciones, detención de
personas sin orden judicial ni flagrancia, rebelión, instigación al odio,
instigación a delinquir, obstrucción a la libertad de tránsito, apropiación
indebida de fondos de PDVSA, peculado, malversación, golpe de Estado, etc.) es
de esperarse que el crimen esté instalado en su actuación habitual, o sea una
raya más para un tigre.
Es un viejo
error de abogados poco ilustrados y opinadores de oficio, el empeño de intentar
resolver mecánicamente los problemas políticos o sociales mediante viejas
fórmulas jurídicas o interpretaciones limitadas al Derecho de antaño. Tal
operación resulta extremadamente torpe e insuficiente al no abarcar la entera
dimensión y los múltiples aspectos del problema propiamente dicho.
Es más
leguleyería y necedad todavía, distraernos en el tema subalterno de que la
"separación" de Caldera en su puesto de parlamentario es otro saludo
a la bandera, pues solo mediante la renuncia es que un parlamentario se despoja
de la inmunidad y el pueblo venezolano así lo entiende por elemental sentido
común, es decir, el muchacho se fue de paseo pero sigue siendo diputado.
Lo que debe
ser esencia de un inteligente análisis (jurídico y sobre todo político) es la
descripción de este grupo político (PJ) como un brazo de la burguesía que nació
de la corrupción (fondos de PDVSA), que vive de la extorsión (martillando a los
empresarios), que se apoya en una publicidad engañosa (progresismo) fabricada
en laboratorios yanquis, que su compromiso y juramento de obediencia es con el
gran capital (sector empresarial) y no con el pueblo humilde.
Importante es
enfatizar que los dirigentes justicieros desprecian a sus propios aliados adecos
y copeyanos, pero al mismo tiempo son peones del Imperialismo Estadounidense,
que tienen nexos con la oligarquía colombiana (Uribe y sus paracos); y que en
definitiva el conjunto de relaciones que caracterizan a Primero Justicia son
una contundente evidencia de que su plan de gobierno para Venezuela es al
servicio de los ricos (burguesía), de la entrega del petróleo barato (regalado
a 7 dólares) a EEUU, de la privatización de los servicios públicos.
El plan de
derecha es la rápida eliminación de las misiones, pensiones, planes, proyectos
y leyes que protegen a los sectores más necesitados de nuestro pueblo (niños,
niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, amas de casa, estudiantes)
porque bajo un hipotético gobierno del fascismo, el racismo, el sionismo y el
capitalismo salvaje que representa Primero Justicia, Venezuela será convertida
nuevamente en una empresa para generar ganancias a beneficio de las clases
privilegiadas y las potencias extranjeras, mientras la clase trabajadora y la
propia clase media serán hundidas en el desamparo, el abandono, la marginación
y la pobreza extrema.
Más allá de
la explicación leguleya, al pueblo hay
darle a conocer la realidad fundamental de los acontecimientos.
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