Jesús Silva R.
“La naturaleza no repara, más bien reemplaza”, eso dice un viejo adagio. Entonces el reciclaje pareciera ser un invento del ser humano. Sin embargo reparar o reciclar cosas en la naturaleza se ha puesto de moda porque la industrialización y la contaminación, ambas generadas por el hombre, están acabando con el planeta tierra. Hoy reciclar es tarea obligatoria para evitar que no se arruinen definitivamente las aguas, los bosques y la capa de ozono, entre otros elementos vitales de la naturaleza.
Muy bien, el reciclaje de desechos sólidos es aconsejable para proteger el ecosistema ya que muchos materiales orgánicos e inorgánicos pueden ser rescatados para que no incrementen toneladas de basura. Se les puede reutilizar como materia prima para fabricar nuevos productos y manufacturas. Tanto que cauchos, latas, cartón, fósiles, entre otros, son máximo ejemplo de materiales reciclables.
Sin embargo, sabemos como defensores del socialismo, lo importante que es la planificación del recurso humano para gobernar. De allí que en el contexto de la política y el Estado, es completamente contraproducente andar “reciclando”. Acontece que para un gobierno el “reciclaje” podría ser nefasto, pues existen especímenes irrecuperables en estado de “putrefacción pequeñoburguesa” que más bien contagian a otros especímenes sanos, si no se les remueve con prontitud.
En efecto, si un alto funcionario ha fracasado una o más veces en la gestión de una entidad pública, debería al menos ser apartado por un tiempo suficiente para reflexionar y corregir sus fallas (ser investigado si fuere necesario), pero nunca debería ser inmediatamente “reciclado” o trasladado a otra dependencia pública para que siga cometiendo sus desmanes y arruinando a la nación. Ya sea por torpeza gerencial o por corrupción administrativa, el burócrata que ha tenido una mala actuación y es “reciclado”, generalmente termina cometiendo peores desastres en la nueva institución a la que se le traslada.
Entonces para hablar de una reestructuración como la que en días recientes ha sido comentada entre los proyectos del Gobierno Nacional, se debería considerar “el principio de no reciclaje burocrático”, ello con la finalidad de tener mejores posibilidades de satisfacer las expectativas del pueblo mediante una reestructuración profunda del Estado venezolano.
Desde este enfoque Venezuela necesita una reestructuración que separe las competencias entre Gobierno Nacional y Partido de Gobierno para que la “especialización en las tareas” sea lo que predomine por encima de la “indebida acumulación de muchas funciones” en un mismo sujeto, el cual ensaya acciones poco efectivas en todos los espacios de gerencia bajo un sistema improvisado, efectista y cortoplacista.
Tenemos certeza que la gente de a pie, tanto en el chavismo como en la oposición, comparten la inquietud de un cambio radical para alcanzar mayor eficacia y eficiencia en las acciones del Estado. Desde esta óptica estimamos que se deberían promover mandos rotativos al interior del aparato burocrático a fin de que se fijen metas concretas en tiempo determinado y que ello sea parte de una planificación administrativa conocida por el pueblo en áreas como la productividad económica, la generación de empleo, la lucha contra la delincuencia, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, etc.
En este sentido subrayamos que si un ministro, gobernador, alcalde, viceministro, presidente de instituto, director general, raspa el examen de calidad administrativa debe ser removido o revocado de su cargo, pero, por favor, ya no “reciclado” a otro elefante blanco para que prosiga con su negligencia y aburguesamiento que tanto irrita al ciudadano chavista y no chavista.
En paralelo, sugerimos la implementación de una red de consejos comunales y comunas que no sean apéndice del gobierno ni sean objeto de discriminación política sino que tengan niveles de autonomía suficiente para gradualmente sustituir el poder representativo de los funcionarios y fomentar el nuevo poder protagónico del pueblo en todos los niveles, pues mientras más comunidades se involucren en las tareas de la administración pública, más elevada será la comprensión de los problemas colectivos y más eficaces serán las soluciones generadas desde el interior del propio pueblo organizado.
En este contexto es menester recordar lo que nuestra Constitución plantea en su artículo 136: "El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional (…)". De modo que la instauración de un cuarto ámbito en la distribución del poder público, es decir, el desarrollo sistemático del poder comunitario o comunal a lo largo y ancho de toda la geografía de Venezuela será la estrategia determinante para democratizar las relaciones entre pueblo y gobierno a fin de alcanzar una exitosa reestructuración del Poder Público, más allá de la superficie burocrática.
Expandir el poder comunal, o sea, asignarle más tareas al pueblo en vez de a los burócratas, es perfectamente constitucional y para tal fin basta revisar lo dispuesto en el artículo 5 de nuestra Carta Magna cuando se refiere a las formas previstas en la ley para el ejercicio directo de la soberanía.
Una de esas formas debe ser la "organización popular" de allí que las nuevas leyes del poder popular tenga que ser convertidas en acción para un mismo plan estratégico de cambio radical en la gestión pública a fin de que el poder popular se concrete en mecanismos de cogobierno y control social.
Dentro de cada comuna o consejo comunal, deben activarse los comités comunales para la reestructuración del Estado, ya que sólo el pueblo organizado puede encabezar un nuevo proceso constituyente comunitario desde abajo y erradicar plagas como el burocratismo y la corrupción heredados del viejo Estado burgués que todavía se opone a la construcción del nuevo Estado revolucionario.
