Por: Jesús Silva R.
Para hacer realidad en nuestra patria, el funcionamiento de un aparato productivo al servicio del interés social y la utilidad pública, no cabe duda que el Estado soberano debe asumir la conducción de los factores más importantes de la economía, sobre todo cuando en una infinidad de casos, se ha verificado la comisión de actos irregulares y especulativos de parte de la gerencia empresarial privada.
No se trata de iniciativas experimentales, ni tácticas de provocación o “trapos rojos” para desafiar a la burguesía nacional, cuando concienzudamente el Ejecutivo Nacional desarrolla una sistemática recuperación de industrias y redes de comercio en el ámbito agroalimentario y otros sectores relevantes; por el contrario, constituye una campaña de carácter eminentemente estratégico en defensa de la calidad de vida del pueblo venezolano, cuyo acceso a bienes y servicios ha sido golpeado por acaparamientos y sobreprecios capitalistas.
La socialización de los medios de producción constituye la política fundamental de todo proceso de inclusión social y es la base material para avanzar al socialismo, tal como se desprende del informe sobre el presupuesto nacional para el año 2011, presentado por el Ministerio de Planificación ante el Parlamento. La socialización lleva a la polarización política, pues plantea la pugna entre la gran propiedad capitalista que pretende seguir enriqueciéndose ilimitadamente mediante la expoliación contra el pueblo y el Estado revolucionario decidido a humanizar la economía en función de la justicia social.
