Histórico! Un obrero Vice Rector UCV

CAMBIO RADICAL CON JESUS SILVA RECTOR UCV

Entrevista a Jesús Silva, candidato a Rector UCV

Debate de candidatos a Rector UCV 2020

Derroté legalmente denuncia falsa de febrero 2019

Jesús Silva R.

Derroté legalmente una denuncia falsa, siendo mi propio abogado penalista. No estuve callado, hice ruido en otras partes. Nunca fui detenido, nunca fui imputado, nunca fui acusado ante un juez, nunca fui enjuiciado. Sin embargo en febrero 2019 algunos medios dijeron lo contrario. Los tiempos legales no son tan rápidos como los tiempos mediáticos, pero la verdad triunfó. Hoy desfilo por las 41 escuelas de la UCV en mi campaña a rector y lo exhibo en mis redes sociales pero esos medios, lo ocultan y no me dan derecho a réplica.  

El éxito mediático de un rumor maligno no se tradujo en el resultado legal deseado por mis enemigos. Por varios meses de 2019, atendí asuntos personales, pues antes que figura pública, soy padre de dos hijos menores a los que amo y priorizo por sobre todas las cosas. El 9 de febrero del año en curso, circularon fotos y comentarios en internet completamente falsos difamando al “abogado chavista madurista” por un acto de violencia de género que nunca sucedió. 

Se les evaporó el frenético interés por mí, mostrado en aquel lejano febrero cuando fantaseaban con que un impoluto abogado de a pie que no golpea ni a una mosca, pudiera ser encarcelado con el éxito mediático de una calumnia o simulación de hecho punible. Promovieron conmoción mediática y apostaron a meter casquillo, a ver si lograban hundirme, más por el escándalo que por evidencias verificadas.

Los monstruos fracasaron. Luego de 8 meses de investigación fiscal, se cerró el caso por no existir ni una sola prueba de violencia, ni nada que me vinculara con ningún delito. ¿Por qué esos medios no publican esto? ¿Acaso por ser socialista no tengo derecho a la presunción de inocencia ni al honor ni a la reputación? 

Seguir adelante con mi vida profesional es mi mayor victoria contra quienes no respetaron la presunción de inocencia. Esos que intoxicados por Guaidó en febrero, proyectaron su odio contra un humilde hombre del pueblo de a pie. 

Por amor y protección a mis dos bebes (mis dos sagrados hijos) por cuyo interés superior lucho legalmente, no emitiré opinión sobre su madre. Simplemente puse fin definitivo a una relación de pareja tras 8 años. Leyes inconstitucionales facilitan denuncias falsas. 

Hago constar una advertencia jurídica para todos los venezolanos, chavistas y opositores, mujeres y hombres, pues a todos los quiero como hermanas y hermanos. Hace falta eliminar muchas normas inconstitucionales. En el caso de La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, una ley que yo apoyo como feminista y ex consultor jurídico del Ministerio de la Mujer, hay dos puntos que violan la Carta Magna:

1) Flagrancia extendida o especial, esa que violando la presunción de inocencia y el debido proceso, facilita que una esposa, adiestrada policialmente en diseño de coartadas, mitomanía o histrionismo actoral, denuncie falsamente a su marido para que, con ayuda de una conmoción generada por redes sociales, funcionarios persuadidos intenten encarcelar a ese esposo por 48 horas bajo el pretexto de una “flagrancia extendida”, sin que fiscalía ni CICPC tengan una sola prueba o radiografía oficial que confirme si hay lesión por violencia;

2) Principio de mínima actividad probatoria, lo cual propicia que con la sola declaración de la conyuge, se pueda llevar a juicio penal al marido investigado, sin una experticia forense oficial que respalde la acusación y sin considerar que puede tratarse de calumnia, simulación de hecho punible, operación de escarnio público, odio político, complot familiar, venganza pasional, eliminación física, secuestro de hijos mediante manipulación legal, extorsión o complicidad con policías para meter al hombre en calabozo y desde allí concretar fines económicos, quitarle casas, carros, dólares, etc. 

Afortunadamente, ninguno de los actos criminales aquí descritos se han consumado contra mí, pues soy abogado con destreza para defenderme, pero tengo clientes que han caído en desgracia y me cuentan su viacrucis. Seguiré trabajando por los derechos humanos. No me retiro, ni me retiran.

Jesús Silva: "DERROTÉ DENUNCIA FALSA, RECHAZO LA VIOLENCIA"

Dr Jesús Silva: "derroté denuncia falsa y seré Rector UCV"

Elecciones universitarias y sentencia TSJ

con Sairam Rivas, dirigente estudiantil opositora

Jesús Silva R.

EN MARCHA NUESTRO PLAN DE RECORRER LAS 41 ESCUELAS DE LA UCV. VER VIDEO https://youtu.be/geWAVPeOAO4

Compartimos en la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela, un debate amplio y pacífico sobre este tema. Allí estuvieron profesores de la oposición como Agustín Blanco Muñoz, entre otros, al igual que David Sosa y Sairam Rivas, presidente y miembro de la FCU-UCV respectivamente. Extraigo parte de mis consideraciones allí el 25-09-19.

La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N°0324-2019, de fecha 27-08-19, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán relativa a elecciones universitarias no es propiedad privada de esa institución, ni le pertenece al Gobierno Nacional, ni a Nicolás Maduro, ni a Diosdado Cabello, simplemente es propiedad de todo el pueblo de Venezuela. Esto es así porque su contenido en esencia establece una autonomía universitaria incluyente con obreros y empleados que siempre han sido parte de la universidad y ahora pueden votar.

Entonces, fijar posición respecto a dicha sentencia debe ir más allá de intereses partidistas, ambiciones personales y grupales o la polarización ideológica que azota al país.  La cuestión es entender que en un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, incluir a sectores sociales es una directriz transversal, es decir, una orden general de la Carta Magna para todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se trata de la propia evolución y progresividad de los derechos humanos que obreros y empleados voten en la academia.

Así como en épocas pasadas existieron repúblicas que sólo reconocían el derecho al sufragio en manos de señores de alta sociedad y se lo negaban al pobre, a la mujer y al no letrado, así deben cambiar todas las instituciones que imponen votantes de primera, votantes de segunda y no votantes. Dicho de otro modo, si el voto universal logró ser norma en la república, la universidad debe entregarse al mismo sistema democrático porque se trata de un ente subordinado a la estructura republicana, no una república separatista como lo pretenden algunos autonomistas radicales.

Como se sabe, de acuerdo al artículo 335 de la Carta Magna, la Sala Constitucional del TSJ tiene amplias facultades para interpretar la Constitución, lo cual no significa crear normas nuevas ni modificar las existentes, sino aclarar su justo significado, y eso es lo que la mencionada sentencia ha hecho. Tendremos elecciones universitarias el 27 de febrero de 2019 ó antes por mandato judicial con rango, valor y fuerza de ley. Y en casos dramáticos como la UCV donde la democracia estuvo secuestrada por más de una década sin elecciones bajo el yugo de una cúpula interna, ahora finalmente se van a respirar aires de libertad.

La Constitución no se analiza solo mediante la lectura del artículo 102 constitucional vinculado a la autonomía universitaria, sino que la CRBV es un sistema de todos los artículos interrelacionados, por lo tanto esa autonomía debe concatenarse, y así lo ha hecho el TSJ, con los preceptos de participación popular, inclusión social, voto universal, entre otros. Ello ha dado como resultado una sentencia que amplía derechos ciudadanos y que coloca a la academia al servicio de la justicia social. Hoy más que nunca se requiere una universidad al servicio del país, no un país al servicio de la universidad. De allí que este cambio normativo posea enormes fundamentos de justicia social. Con esta sentencia, se apunta hacia una Venezuela más justa e igualitaria.

En resumidas cuentas el único debate pertinente en este caso es de orden filosófico, ético, moral, referido a la participación electoral y la inclusión social, el voto de obreros y empleados universitarios es un derecho inalienable que finalmente el TSJ ha hecho valer en el ámbito universitario. Debemos apoyar este mensaje, independientemente del mensajero. Oponerse a la participación electoral universitaria de estos sujetos sociales, es quedarse atrasado en materia de derechos humanos. No valen excusas de procedimientos, si se debió generar el cambio a través del debate interno universitario u otra vía, el pueblo espero demasiado y no le daban elecciones, entonces ante la inmensa demora el TSJ ha actuado correctamente hacia la reivindicación de los sectores excluidos. 

Como candidato del pueblo de a pie al cargo de Rector de la UCV, espero que estudiantes, profesores, egresados obreros y empleados se sumen mayoritariamente a esta candidatura que persigue refundar la UCV y hacerla ejemplo de convivencia para toda Venezuela, con calidad científica renovada, igualdad social así como recuperación de su infraestructura. Todo eso lo reclaman los ucevistas de izquierda y de derecha, es tiempo ya de hacerles justicia, trabajemos juntos por una autonomía universitaria con sensibilidad social y en sintonía con el Estado social previsto en la Carta Magna.