Jesús Silva R.
Henrique
Capriles Radonski se aferra al reclamo de que abran todas las cajas de votación
de la pasada elección presidencial porque dentro de ellas es muy probable que
delincuentes electorales (asalariados de Primero Justicia y Voluntad Popular,
etc.) hayan depositado papeletas falsas
(imitación de las auténticas que emite la máquina de votación) y de ese
modo provocar que el número de papeletas no coincida con las actas ni los
cuadernos de votación. Se trata de una habilidosa trampa del fascismo.
Esta operación
de fraude electoral fue denunciada antes, durante y después del evento comicial
del 14 de abril, a través de múltiples vías, entre ellas las redes sociales.
Evidentemente lo que persigue la élite opositora es ejercer presión y chantaje
para que el sistema electoral electrónico venezolano (ese que el Centro Jimmy
Carter ha reconocido como el más seguro y confiable del mundo) sea sometido a
un proceso de verificación manual que lo
distorsiona y lo degrada a condiciones extremadamente vulnerable al
sabotaje.
Si por
cualquier pretexto, el Poder Electoral (CNE) o cualesquiera de las
instituciones del Poder Público Venezolano aceptaran hacer concesiones a la
inconstitucional solicitud de Capriles, se
estaría destruyendo la legitimidad del Estado venezolano y su sistema electoral,
pues es precisamente la tecnología electrónica el mecanismo más avanzado y
sólido para la protección del sufragio y la soberanía popular que se manifestó
el pasado 14-A.
El comprobante
o papeleta que emite la máquina, una vez que el elector ha precisado su
candidato y presiona el botón "votar" es un recibo para que él mismo haga verificación al instante de que su
decisión coincide con lo que ha registrado en la máquina. Si el comprobante
reflejara un candidato distinto al seleccionado por el votante, es en ese mismo
instante que el ciudadano debe informarlo a los miembros de mesa y testigos,
vale decir, que tal situación no aconteció durante la jornada electoral.
Los
representantes y testigos de los partidos políticos, los funcionarios del CNE y
el Plan República, así como los propios votantes que asisten al acto electoral
conforman una comunidad plural que ejerce
control y seguimiento sobre la jornada democrática, y consta que durante el
14 de abril no se presentaron irregularidades significativas que comprometieran
de ningún modo la absoluta transparencia de esta elección. Revisiones con
posterioridad menoscaban la seguridad.
Es hora de
comunicar muy claramente, y de manera detallada, la realidad del proceso
electoral venezolano, el más transparente, legítimo, preciso y confiable que
existe en el planeta. No se debe permitir que el discurso engañoso de personajes inescrupulosos de la vida política
nacional sigan incendiando el país como ha venido ocurriendo mediante
guarimbas durante las últimas horas. Por ejemplo: Anoche cientos de motorizados
en actitud intimidatoria se pasearon por la Carretera Panamericana y los Altos
Mirandinos, incendiando cauchos,
trancando vías y exhibiendo sus pistolas.
Si Capriles
cree que el conteo manual es más confiable (a pesar que actualmente todos los
países marchan hacia procesos electorales automatizados) debió solicitar a la
Asamblea Nacional, por lo menos con seis meses de anticipación, una reforma
legislativa en esa materia ya que nuestra Constitución, en su artículo 298
establece: "La ley que regule los
procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso
comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente
anteriores a la misma.
De practicarse
tal verificación manual mediante la apertura de todas las cajas se cometería un
exabrupto al margen de Ley Orgánica de
Procesos Electorales, además de que se violentaría el artículo 293 de la Carta
Magna pues el Poder Electoral estaría actuando fuera de sus funciones para
complacer la petición (chantaje)
inconstitucional de un particular (Capriles) y su amenaza de ejercer violencia generalizada.
Presidente Nicolás Maduro, tome cartas
en el asunto con las facultades que le confieren la Constitución y las leyes de
la República; sepa que la exigencia de Capriles sobre conteo manual, procura
desnaturalizar el sistema electrónico electoral venezolano y pretende crear
vulnerabilidad material e inseguridad jurídica para al final cantar fraude en
un escenario más creíble para sus intenciones golpistas.
Asimismo la
amenaza caprilista de promover movilizaciones violentas en todo el territorio
nacional, es injustificable, ilegítima, inconstitucional, ilegal y encuadra
nítidamente en el articulo 143 Código
Penal Venezolano vigente: "Serán castigados con presidio de doce a
veinticuatro años: 1. Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno
legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión
del mando..."
