Jesús Silva R.
Por supuesto que deseamos levantar la producción económica nacional pero al mismo tiempo a la delincuencia hay que combatirla sin vacilación. Entonces, con la Constitución en la mano y sin miedo a la burguesía, exigimos captahuellas obligatorias ya, radicalicemos la Revolución Socialista contra la guerra económica para derrotar definitivamente al enemigo burgués que procura derrocar la democracia bolivariana mediante un criminal sabotaje económico que ya empieza a agobiar la vida de todos los venezolanos.
El contrabando genera una injustificable afectación de la seguridad alimentaria del pueblo, pues se trata de bandidos que expropian la comida de los venezolanos. Usar la tecnología para identificar a autores y cómplices de grupos contrabandistas, es un acierto del Estado para combatir las nuevas formas delictivas existentes en el mundo, no sólo en materia de alimentos sino también de combustible como ocurre en las áreas fronterizas.
Tengamos en cuenta que el Estado venezolano tiene potestad constitucional para desarrollar las medidas necesarias a fin de proteger la seguridad alimentaria como lo manda el artículo 305 de la Constitución Bolivariana, esto significa que la aplicación del sistema biométrico o captahuellas es perfectamente constitucional al enfocarse en impedir la acción criminal de los contrabandistas que despojan al pueblo soberano de su derecho a la alimentación.
Advertimos, contrabando significa delincuencia organizada que compra centenares o miles de bienes en cantidad superior a la del almacenamiento o aprovisionamiento familiar, y que se destina a fines de comercio ilícito. Otra conducta libre de sanción es la compra preventiva ejercida por las familias, quienes frente a la poca presencia de ciertos productos, adquieren una cantidad mayor a la inmediatamente requerida en el hogar.
Basta de hacerle el juego a la campaña mediática de la burguesía. El Estado no viola el derecho a elegir libremente los bienes y servicios como lo dicta el artículo 117 constitucional, tampoco la oferta, la demanda y la competencia que prevén los artículos 299 y 113 de la Carta Magna; por el contrario, se encamina a frenar y penar a contrabandistas que sí destruyen tales derechos. Aplicando la ley de precios justos, así como tecnología a favor del pueblo, el Estado logrará neutralizar a las mafias que atentan hoy contra la seguridad alimentaria.
