Jesús Silva R.
Se plantea una nueva ley habilitante para que con poderes especiales, el Presidente Nicolás Maduro promueva cambios legislativos que permitan un combate más eficiente contra la corrupción. Como se sabe, se trata de un problema estructural y ancestral de la sociedad venezolana, que proviene de la Cuarta República y desgraciadamente ha sobrevivido en la Quinta.
No podrá resolverse la corrupción sin la participación masiva del pueblo organizado en la vigilancia, control, seguimiento y denuncia de esta plaga que empobrece la nación y causa grave daño a la eficiencia del Estado. Las infinitas formas de organización del pueblo, tales como consejos comunales, comunas, consejos estadales de planificación pública deben incorporarse a esta tarea en coordinación con diversos entes oficiales para desenmascarar a los corruptos y promover que sean castigados penalmente con severidad. Así lo planteamos en Vtv recientemente (video) http://t.co/K416AKGQEp
Ahora bien, para aprobar la ley habilitante se requieren las (3/5) partes de la Asamblea Nacional, esto es 99 votos. Todo pareciera indicar que el chavismo posee 98 votos y genera incertidumbre quién pudiera ser el próximo diputado en saltar la talanquera o ser procesado por alguna falta y de ese modo propiciar constitucionalmente un cambio en la correlación de fuerzas parlamentarias.
El disidente de la MUD, Ricardo Sánchez podría ser ese diputado suplente que incorporándose en lugar de su diputado principal (María Corina Machado) sumaría el esperado 99. Sólo resta por saber el resultado de las averiguaciones desarrolladas por la comisión especial parlamentaria en el caso de presunta traición a la Patria de la diputada Machado en sus confesiones grabadas en diálogo con el historiador derechista Germán Carrera Damas, hermano del último Presidente del Partido Comunista de Venezuela, el recientemente fallecido Jerónimo Carrera Damas.
En resumen, la revolución no puede permitir la impunidad, corruptos y traidores a la patria son igualmente indignos.
