Jesús Silva R.
Ahora que se ha consumado su entrega, Leopoldo López deberá enfrentar un proceso penal que según se refleja en la prensa oficial, estaría motivado por los delitos de homicidio, terrorismo e instigación a la violencia.
El Estado vincula a López con los hechos violentos donde bajo la apariencia preliminar de protestas estudiantiles, se produjeron ataques de encapuchados con armas de fuego y se ocasionaron varios muertos y heridos; a lo cual se suma la destrucción de bienes públicos así como el bloqueo de calles y avenidas.
Por homicidio (Art. 406 Código Penal) se entiende el asesinato de personas, no solo lo ejecuta quien materialmente comete dicho acto, sino quien mediante su orden u orientación intelectual promueve o propicia que dicho acto ocurra.
El terrorismo (Art. 52 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo) es el uso de la violencia para matar o causar lesiones con la finalidad de derrocar a un régimen político, una vez que se haya producido efectos como la conmoción pública, el caos social o la desestabilización política.
Ahora bien, los nexos de López con tales hechos deberán ser verificados en el marco de un proceso legal, esto significa que la investigación criminal deberá arrojar elementos de convicción (pruebas) que demuestren la responsabilidad penal mediante testigos, entrevistas, testimonios, indicios materiales, etc.
Otra cosa es la responsabilidad política, la cual consta a partir de sus reiterados y sucesivos llamados a las concentraciones públicas que rápidamente degeneraron en violencia fatal con muertos y heridos. Entonces, en el plano político, el liderazgo social de López, su poder de convocatoria, su notoriedad pública, su presencia en poderosos medios de comunicación representan en conjunto un uso premeditado de tales herramientas para que se celebrara las mencionadas protestas con los sangrientos resultados que ya se conocen.
Se agregan como circunstancias agravantes, el conocimiento de López sobre los peligros inherentes a tales protestas callejeras. Sobre todo, una vez ocurridas las primeras confrontaciones de estudiantes universitarios, López prosiguió su llamado a manifestar, lo que revela una acción continuada y reiterada que lo ratifica como indiscutible propiciador de eventos violentos con resultados que eran perfectamente previsibles, pero que sin embargo no persuadieron al agente (López) a desistir o postergar su enfático llamado a la celebración de peligrosas protestas claramente influidas por un escenario de violencia.
La conducta de López, visiblemente premeditada, obedece a un guión político. Su afán es victimizarse ante los venezolanos para posicionarse en la opinión pública y asumir el principal liderazgo de la oposición nacional, pero sobre todo sacar a Capriles del camino.
Con su entrega a las autoridades venezolanas, López ha pretendido parecerse a Chávez durante el 4 de febrero de 1992, es decir, la realización de un acto heroico que sea visto por todo el país y lo consolide como nuevo redentor y fuente de esperanza para los ciudadanos. Hasta el momento, la estrategia del radical de extrema derecha parece calar en la opinión pública. La Revolución Bolivariana no debería subestimar a sus adversarios.
