Jesús Silva R.
Como chavista de a pie, reconozco que la Constitución Nacional es asunto de todos los venezolanos, sin importar sus preferencias políticas, por lo tanto luce conveniente brindar una orientación coherente respecto a la elaboración de la nueva Carta Magna, considerando el tiempo transcurrido desde la instalación de la Asamblea Constituyente.
Declaraciones divergentes sobre este tema han circulado en medios comunicación, algunas adelantado supuestos cambios jurídicos que se incorporarían al sagrado texto, los cuales, a mi modesto entender como Doctor en Derecho Constitucional, han contribuido con la oposición en su campaña de desprestigio contra la Constituyente y la nueva Constitución.
Verbigracia, crear dos tribunales supremos de justicia o un Tribunal Constitucional paralelo al ya existente TSJ, ha sido una espantosa idea ventilada en la opinión pública que preocupa a quienes somos abogados litigantes en libre ejercicio y a todo venezolano que padezca las bofetadas del burocratismo en instituciones públicas pues lo menos deseable es duplicar ese fenómeno dentro del poder judicial.
Otro desafortunado descalabro mediático ha sido afirmar que las comunas asumirán el poder legislativo, nótese que el experimento de disolver la estructura republicana universal, caracterizada por la existencia de un parlamento, la separación de poderes así como los controles y contrapesos, no le dará más poder ni soberanía al pueblo; pero si una nueva excusa a ese 70% capitalismo mundial (EEUU, UE, Japón, bloque derechista latinoamericano) para seguir tratando como dictadura a nuestra bloqueada y asediada Revolución Bolivariana.
Lejos de crear un Frankenstein Constitucional, lo que se requiere es ganar las próximas elecciones legislativas para que democráticamente la Asamblea Nacional sea liberada de los bandidos que hoy la usan para delinquir y traicionar a la Patria.
En este contexto, pido publicar el proyecto de nueva Constitución Bolivariana y someterlo a referendum, si dicho proyecto existiere. Y si éste todavía no existiere, sugiero presentar un papel de trabajo o documento preliminar con ideas fundamentales de carácter oficial para hacer constar ante Venezuela y el mundo el carácter absolutamente democrático y coherente de la nueva Constitución que se aspira instaurar en nuestro país.
No se debe permitir que los enemigos del pueblo usen el rumor o la opinión improvisada para socavar la credibilidad del proyecto constituyente. Marchemos juntos, venezolanos patriotas, con sólida ciencia jurídica y amplia participación popular, hacia el diseño de la mejor Constitución Nacional del siglo XXI.
Se sugiere al poder público nacional celebrar una primera etapa de "conversatorios constitucionales" para discutir con el pueblo en todos los municipios del país, los puntos siguientes:
1. Principios constitucionales: a) división de poderes; b) controles y contrapesos; c) federalismo; d) soberanía popular; e) gobierno limitado; y f) revisión judicial y debido proceso. Estos preceptos son determinantes para la preservación de la estructura republicana del Estado, de modo que el debate y las sugerencias sobre los mismos revisten especial importancia.
2. Valores democráticos: a) derecho a la vida; b) libertad; c) justicia; d) bien común; e) equidad; f) felicidad o libre desenvolvimiento de la personalidad; g) la verdad; h) patriotismo. Se trata de bienes jurídicos indispensables para la vida humana dentro de una sociedad democrática en el mundo globalizado.
3. Modelo económico: a) la propiedad privada, b) la propiedad colectiva, c) la propiedad estatal de las industrias básicas; d) los bienes de interés social; e) la utilidad pública; f) la industrialización; g) la diversificación económica. Reflexión sobre el modelo de económico mixto donde coexisten sector público y sector privado en función de elevar la productividad y el bienestar para todos.
4. Modelo político: a) pluralidad de partidos; b) derecho a elegir y ser elegido; c) voto directo; secreto y universal; d) libertad de expresión; e) libertad de asociación; f) mandatos por tiempo limitado y revocables, g) participación ciudadana.
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