¿CUÁL RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL?

Por: Jesús Silva R.

Un argumento central de los filósofos conservadores en defensa del decadente Estado Liberal es: la responsabilidad social empresarial. Según esta idea la clase social propietaria de los medios de producción (burguesía) está predestinada a conducir el rumbo de las naciones hacia el progreso y de su caridad depende el bienestar de las clases no propietarias.

Nos explican que la elite privilegiada, por ser la más capaz e ilustrada, debe ser la dueña de la industria, la banca y la tierra, es decir: todo el aparato productivo y financiero; ya que por su condición de gerente más eficiente que el Estado y la clase trabajadora, podrá siempre administrar mejor los frutos de la economía y distribuirlos más sabiamente al resto de la sociedad.

¿Aspiran ellos que toda la vida los trabajadores vendamos nuestra fuerza física e intelectual a la burguesía y ésta únicamente por ser la propietaria, pero sin trabajar como nosotros, se siga apropiando de los bienes y servicios que generamos con nuestro esfuerzo diario? ¿Creen ellos que seguiremos mansamente resignados a un salario para sobrevivir, que al ahora estar acompañado de limosnas que ellos llaman responsabilidad social empresarial, supuestamente podrá remediar la pobreza y la exclusión social que sufre nuestra explotada clase popular? La respuesta es sí.

Abiertamente, los farsantes liberales están empeñados en engañar a nuestro pueblo con la ilusión de un capitalismo solidario donde los explotadores sean perdonados mediante el regalo de una porción de riqueza para acciones humanitarias, donaciones benéficas a hospitales, escuelas, fundaciones y el patrocinio mediático a algún personaje sobresaliente (artístico, deportivo, etc.) de origen humilde; mientras que en el fondo se reafirma el libreto de la explotación y la plusvalía.

Resulta utópico pensar en un reparto equitativo de ganancias entre dueños de industrias y masas de obreros, porque ninguna explotación es democrática. A diferencia de los funcionarios del Estado, el puesto de empresario no proviene de los votos del pueblo ni de los trabajadores; sino de su sagrado Derecho de Propiedad, el cual es ejercido de manera exclusiva, absoluta, arbitraria y vitalicia en el gobierno de la empresa; muy a pesar de que el trabajo humano sea el que realmente genere los valores y no la propiedad por si sola.

Por generaciones, el régimen de la propiedad privada le ha negado a la clase trabajadora (obreros, técnicos y profesionales) su legítimo derecho a transformar la riqueza acumulada por sus años de servicio en propiedad sobre los medios económicos de producción y organizarse libremente; por el contrario la ha condenado a la esclavitud del salario bajo la dictadura eterna del empresariado privado y sus serviles gerentes.

Como abogado de los trabajadores, puedo testimoniar que ha sido la Carta Magna de 1999 la que por primera vez ha establecido sólidas bases constitucionales para el desarrollo de la propiedad social y estatal dentro de un nuevo Estado popular y democrático que vela por la verdadera justicia social.

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