Jesús Silva R.
Siempre en el marco de la Constitución Bolivariana, apoyo la ley anti bloqueo como instrumento jurídico para defender los intereses del pueblo de Venezuela frente al salvaje bloqueo económico de los Estados Unidos y sus aliados contra nuestro país.
Como Doctor en Derecho Constitucional, doy fe de que el Estado venezolano tiene derecho a crear normas para desarrollar mayores capacidades que contrarresten las ilegales sanciones de Washington y sus secuaces, por cuanto estas afectan terriblemente la economía de la República Bolivariana.
En ningún caso, tales capacidades del Estado sacrificarán el derecho del pueblo a conocer el manejo de los recursos económicos públicos y opinar al respecto. Más bien esta ley, con los nuevos mecanismos de eficacia y eficiencia en la administración pública que de ella se derivan, deberá proveer a los ciudadanos de mayor participación en la cuestión pública y contraloría sobre los fondos de la nación así como la interpelación de los funcionarios.
El gobierno nacional, como personificación jurídica del Estado, deberá seguir rindiendo cuentas de los dineros públicos, por cuanto la ley anti bloqueo no disuelve los mecanismos de control económico establecidos en la Carta Magna. Por el contrario, dicho control permanecerá vigente pero con adaptaciones a una política de legítima defensa de la nación en el escenario problemático de guerra económica, bloqueo internacional, confiscación de bienes, embargo, prohibición de comercio, veto, restricciones bancarias, congelación de activos y demás formas de agresión patrimonial que emanan del intervencionista gobierno estadounidense y sus colaboradores en el mundo.
La ley anti bloqueo, como expresión patriótica y genuina de la alianza entre pueblo y gobierno, estará sujeta a modificaciones y mejoras conforme al escenario cambiante que caracteriza a la economía, las finanzas y el comercio, sobremanera en el caso de un país bloqueado y perseguido, contra el cual diariamente se fabrican nuevos modos de ataque económico por parte del imperialismo internacional.
Con la opinión científica constitucional aquí explanada, aprovecho para condenar radicalmente recientes afirmaciones demagógicas que intentan desacreditar esta ley. Sirva este acto para reprender a "artesanos del Derecho Constitucional" unos, y pseudorevolucionarios electoralmente resentidos otros, que con ignorancia, oportunismo y dolo, han pretendido confundir al colectivo nacional en vísperas de un crucial proceso de votación popular.
Finalmente, llamo a todo el pueblo venezolano a respaldar esta ley para unidos derrotar las acciones criminales de potencias extranjeras que buscan arrodillar a nuestro país mediante asfixia económica, derrocar a nuestro gobierno legítimo y saquear los inmensos recursos nacionales, principalmente la reserva petrolera más grande del planeta.
