Jesús Silva R.
Millones de venezolanos podrían morir por falta de alimentos y medicinas que se comprarían con los 18 mil millones de dólares que el gobierno estadounidense le ha confiscado al país bolivariano con el objetivo de derrocar al Presidente Nicolás Maduro. Sin duda, el embargo petrolero de EEUU contra Venezuela viola derechos humanos. El 28 de enero de 2019, Washington anunció su ataque contra la empresa CITGO adscrita a PDVSA (Petróleos de Venezuela), por ahora son $7 mil millones en bienes y $11 mil millones en exportaciones los que le han sido arrancados ilegalmente al pueblo venezolano. Es vital advertir que la industria petrolera representa el 95% del ingreso económico nacional, por lo tanto las consecuencias del embargo son devastadoras.
El petróleo es de todo el Estado venezolano, jamás de una sóla persona; por lo tanto, cuando EEUU declara que pone el petróleo de Venezuela en manos Juan Guaidó, comete una grave violación de la Constitución Bolivariana, cuyo artículo 303 señala "Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A".
Para que una acción como la estadounidense contra PDVSA tuviese apariencia de legalidad debió hacerse un proceso previo de juicio o arbitraje conforme al Derecho Internacional que fabricara alguna justificación jurídica, pero es evidente que en este caso EEUU aplica una medida económica unilateral violenta y desprecia la importancia de la ley, el debido proceso y los derechos humanos. Es delito de lesa humanidad confiscar recursos de todo un país que son indispensables para comida, salud y supervivencia con la finalidad de remover a un Presidente. Ante la gravedad e insensatez de la injusticia cometida debe producirse una reacción de rechazo dentro del propio EEUU y los países democráticos.
Si EEUU cree que el gobierno venezolano es culpable de algún delito debe actuar individualmente contra los funcionarios involucrados bloqueando sus supuestas cuentas bancarias en el exterior o las cuentas de sus comprobados testaferros, y solicitar a Interpol la captura, pero nada justifica embargar propiedad de 30 millones de venezolanos y empujarlos a una desgracia económica en nombre de la libertad y la democracia. Mucho menos imponer al autoproclamado Presidente Juan Guaidó como "administrador" de la riqueza del país.
Como ciudadanos venezolanos que defendemos la soberanía, la paz y el Derecho Internacional, exigimos al gobierno de EEUU que nos devuelva lo confiscado y asuma los caminos de la legalidad y la Carta de la ONU para facilitar soluciones razonables a las discrepancias entre Caracas y Washington, evitando malograr a millones de venezolanos inocentes.
