Jesús Silva R.
Usan capuchas, motocicletas de elevada cilindrada y armas de fuego con alta potencia; algunos. Manipulan bombas molotov, picos de botella, clavos; otros. Son protagonistas de una operación militar combinada, que incluye un frente político mediático con voceros y voceras que en prensa radio y tv hablan de reclamos por la libertad, la democracia, los derechos humanos; mientras el frente guarimbero armado implanta el caos y el terror en calles y avenidas, a cualquier hora del día o de la noche.
Su mayor base social son jóvenes y universitarios incautos, eso nadie lo niega. Resulta evidente que la oposición venezolana conserva el dominio de la población estudiantil en las universidades autónomas, pues por desgracia el Gobierno Bolivariano no ha tenido acierto en su política universitaria al creer que desde fuera del claustro pueden fabricarse líderes juveniles.
Pero no es menos veraz que quienes durante protestas de calle han herido y asesinado a varios agentes de las fuerzas del orden público, han mostrado conocimientos avanzados en tácticas de combate. Han saltado dispositivos de contención de la guardia nacional, al igual que han empleado medios insidiosos que tienen capacidad de asesinar como guayas, vidrios rotos.
Evidentemente no son estudiantes, sino criminales entrenados para el terrorismo, que significa concretamente la generación de graves daños a todo tipo de poblaciones, incluyendo civiles, en nombre de supuestos ideales políticos.
Sin embargo, no parece sensato hablar de reducir la inflación económica mientras de derrama aceite en autopistas con bajadas profundas para generar choques múltiples entre vehículos automotores. Ni es creíble discutir sobre la falta de alimentos en supermercados mientras se construyen barricadas con escombros en las puertas de urbanizaciones.
Crece la duda sobre cuánto tiempo podrá la clase media que habita en esos dieciocho municipios alzados en guarimbas, soportar la violación de su derecho al libre tránsito en concordancia con su restringido derecho al trabajo y demás valores previstos en la Constitución, en razón al secuestro colectivo que estos grupos delictivos vienen aplicando al pueblo desde el pasado 12 de febrero.
La polarización podría degenerar en locura pues la guarimba nacional ha destruido varias vidas con asesinados y heridos, pero también crea efectos colaterales como un mayor daño a la economía venezolana, la erosión de las normas de convivencia, la discordia masificada entre compatriotas, entre otros más.
Cuando policías blancos cometieron el brutal abuso (paliza criminal) contra el afrodescendiente Rodney King en EEUU, el pueblo negro de Los Ángeles se rebeló luego de que un tribunal declarara "Not Guilty" (no culpable) a los autores del abominable hecho criminal. Miles de afros protagonizaron disturbios hasta que una feroz represión los redujo en cuestión de horas. En aquel entonces nadie hablaba de represión contra los derechos humanos. Evidentemente prevalece una doble moral.
Mientras la matriz embustera recorre el mundo, y millones creen que Nicolás Maduro es un monstruo que ordena reprimir y ultrajar a su propio pueblo, es mucho lo que le falta por hacer al Gobierno Bolivariano para restaurar el orden público y proteger la vida de los ciudadanos que se hallan preocupantemente expuestos al ataque de malandros guarimberos.
No son estudiantes, son delincuencia organizada que cobran salario asignado por dirigentes políticos de ultraderecha, solo así se explica que tengan casi un mes sin trabajar y viven exclusivamente, por amor al arte, de luchar por la bella democracia mediante la quema de cauchos, el destape de alcantarillas que provocan la muerte, y todas las demás prácticas asesinas que hemos descrito anteriormente.
Este es el ejército de la élite golpista, han sacado a la calle su fuerza militar nacional integrada por malandros asalariados para multiplicar muerte y caos. Millones de dólares ha costado esta operación de terror que empieza a desgastarse y perder aplauso entre los venezolanos opositores radicalizados porque la mayoría de nuestro pueblo quiere trabajar en paz y que las diferencias se resuelvan mediante la Constitución, las elecciones y demás reglas de la democracia.
Si María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma y otros, podrán favorecerse políticamente por estos terribles acontecimientos, realmente no es seguro. Lo cierto es que la mayoría popular clama por un inmediato acuerdo nacional de paz. No hay solución policial, militar ni represiva contra este conflicto de bandas armadas que ahora al ser combatidos en avenidas y calles, se repliegan tácticamente al interior de urbanizaciones (caso Municipio Carrizal del estado Miranda) y generan mayor atropello y terror. Entretanto, alcaldes opositores se cruzan de brazos.
