ABOGADOS ¿SERVICIO SOCIAL O ACUMULACIÓN DE GANANCIAS?

Jesús Silva R.

Reflexionar sobre la profesión de la cual esencialmente depende cumplir y hacer cumplir la justicia, constituye una tarea realizable desde infinitos puntos de vista, seguramente puede hacerse desde los dos enfoques fundamentales que predominan en el mundo: servicio social o concentración de ganancias.

Para los sectores vinculados al capital, esos que enfocan su actividad exclusivamente como negocio, el ejercicio del Derecho tiene una naturaleza eminentemente mercantil, corporativa y por tal razón debe generar los más altos dividendos para el abogado o su bufete; en este contexto, los juristas aspiran conformar una cartera amplia de “buenos clientes” y tener “contactos importantes” en las instituciones, es decir, que para el cumplimiento fluido de los fines y la rápida obtención de resultados es vital desarrollar óptimas relaciones públicas, pues mientras más amigos influyentes se tengan en el universo burocrático y empresarial, mayor efectividad tendrá el trabajo profesional.

Ahora bien, ¿qué subyace en estas afirmaciones derivadas de la experiencia en la vida social, gremial y profesional? En primer lugar que una “cartera amplia de buenos clientes” supone que el abogado debe trabajar para y con los que más dinero tienen, puesto que hacer lo contrario podría conducirlo a la ruina económica. Sin embargo, sobre esto es urgente advertir que esa preferencia por la clientela adinerada pudiera convertir al abogado en un promotor de una insana privatización de la justicia, pues de nada vale que la Constitución contemple que el acceso a la justicia es el derecho de todas las personas, si la realidad material revela que sólo quienes pueden pagar altos honorarios profesionales tendrán realmente una buena defensa o representación jurídica.

De consolidarse la cultura primordialmente ganancial, donde el espíritu profesional sólo es movilizado por el dinero, la clase popular quedaría en situación de indefensión y abandono; nótese que si bien algún colega pudiera afirmar que aquellos que no pueden costear un abogado privado, deben acudir a un abogado público (funcionario asalariado), mucho más importante es considerar que toda la deuda social (integrada por miles de justiciables en materia laboral, infantil, penal, agraria) no se le puede asignar enteramente al Estado; puesto que en la ética del abogado debe prevalecer un compromiso social que lo vincule a colaborar con el prójimo mediante una atención profesional de criterio humanista y solidario. De allí que muchas actividades jurídicas hoy día deberían estar exentas de honorarios, a fin de asistir y defender derechos elementales de ciudadanos en pobreza extrema, invalidez o considerable precariedad, tal procedimiento es justo y socialmente necesario.

En este mismo plano, de la abogacía vista como negocio, es indispensable revisar la perversión de esas buenas relaciones, la cual nuestro pueblo ancestralmente identifica como “tener palanca” o “tener padrino”, pues quien goza de tales herramientas pareciera siempre llegar más velozmente a sus objetivos y quien no tiene tales recursos quizás está condenado a vivir un interminable peregrinaje en cualquier ministerio, alcaldía, gobernación o tribunal.

Esto parece ser cierto, a decir de las quejas constantes en los medios de comunicación, pasajeros de autobuses, gente en el Metro (para quienes vivimos en Caracas). Esta terrible desviación debe ser corregida, no sólo a través de leyes de simplificación de trámites, sino también de una revolución cultural en la que todos somos responsables. Luce como clamor popular, acabar con el insensato sistema paralelo donde cualquier gestión que se pretenda realizar, requiera de un apoyo especial de un funcionario, para así poder esquivar las alcabalas de espeluznante burocracia.

De estos males no se escapa la empresa privada, donde también hace falta el nexo con el coordinador, el gerente, el encargado, o incluso la secretaria del jefe quien puede jugar papel crucial, simplemente porque en nuestra sociedad lo público y lo privado quizás se parecen mucho en el fondo, dado que estamos divididos en dos grandes estamentos: la clase dirigida y la clase dirigente, y en ésta última no tengo duda que caben tanto empresarios capitalistas como los burócratas arbitrarios.

Pues bien, más grato es delinear los rasgos principales de ese libre ejercicio de la abogacía que se despliega como servicio social, y probablemente sea es el más arduo, ya que se parcializa concienzudamente por los sectores que más sufren la exclusión social, y seguramente la rentabilidad de ese ejercicio del Derecho solidario no sea muy convincente. Ciertamente el abogado que trabaja como servidor social tiene una postura firme en defensa del interés colectivo por encima de la ganancia individual o grupal; por ello actuará a favor del trabajador despedido injustificadamente, por la reeducación del adolescente del barrio que infringe las normas, por el campesino que necesita su tierra, por la comunidad que se organiza en la nueva autogestión política y económica.

A todas luces, para erradicar la explotación del patrono contra el obrero, para hacer valer la paternidad responsable y poner fin a la niñez abandonada, para combatir la violencia de género, para desmantelar el Estado burgués y establecer la plena igualdad de clases sociales, para en definitiva corregir miles de desigualdades aun latentes, el ejercicio del Derecho debe ser entendido y propagado como una herramienta de inclusión social. Es así como la verdadera socialización del Derecho (que entre sus aspectos contempla la máxima ampliación de la asistencia jurídica pública en cada materia existente dentro de la legislación, así como la promoción de entidades universitarias que garanticen la enseñanza de un Derecho con sensibilidad social) es hoy más que nunca una vital tarea pendiente en el actual proceso de transformación nacional.

Ese profesional del Derecho, que concibe su ciencia como un verdadero apostolado social, se verá a sí mismo como un multiplicador del bienestar y comprenderá que en la medida en que se contribuye a que las personas tengan apoyo jurídico para la justicia, sus vidas progresan en mejores condiciones hacia la conformación de una sociedad más sana, solidaria, democrática y productiva, de la cual el jurista también será un beneficiario.

De mi siempre recordado padre y otros notables abogados, aprendí el gratificante ejercicio libre del Derecho (arte y ciencia) como servicio social, sin subordinación a aristocracias privadas o públicas. Es pues la compleja misión de fomentar con honestidad la solución pacífica y justa entre titulares de bienes jurídicos en disputa. Finalmente, con profundo humanismo suscribimos que el mayor patrimonio del abogado, por encima de la riqueza material, es su alto sentido del honor y el favorable reconocimiento de la comunidad, especialmente los humildes.

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DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Jesús Silva R.

Según la ciencia médica, la vida humana nace con la actividad cerebral, por eso cuando el cerebro deja de funcionar, la persona es considerada clinicamente muerta. Asimismo está comprobado que en el feto, esta actividad inicia a partir de las doce semanas de gestación, por lo cual interrumpir el embarazo en ese límite, en ningún caso, afecta una vida humana.

A la verdad científica se oponen algunas concepciones religiosas radicales, que ignorando el proceso natural de formación de la especie humana y las circunstancias sociales de la población, predican que todo producto en el vientre de una mujer es una persona y que toda interferencia en su desarrollo (cualesquiera sean las razones), es un grave pecado.

Por su lado, los antiabortistas no religiosos, afirman con simpleza que el aborto es un acto criminal, no contra una persona, pero si contra una esperanza de vida. Frente a este último criterio, advertimos que preservar la vida incluye considerar a las mujeres, su dignidad, bienestar y derechos reproductivos, sobre todo en los casos donde el embarazo realmente atenta contra su salud física y mental.

Un nuevo Código Penal que no castigue la interrupción justificada del embarazo, protegerá a la mujer y a la criatura en casos de madres precoces, peligros en la gestación, violación sexual y malformación genética del feto. Ante las millones de mujeres pobres que mueren en el mundo por abortos inseguros efectuados en clandestinidad, el Estado Social debe generar la nueva legalidad y la accesibilidad económica que pongan fin a estas tragedias.

Transformación del mono en hombre

Jesús Silva R.

Fue la mano (trabajando) la que desarrolló el cerebro y no viceversa, así lo destaca el genial Federico Engels en su obra El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. En efecto, desde la era primitiva de la humanidad, el trabajo ha sido la gran actividad creadora que el individuo ejerce en la naturaleza, no sólo para solventar necesidades materiales, sino también como el arte que por sí mismo hace posible la elevación intelectual, física, social y espiritual de quien trabaja.

Si el trabajo ha promovido nuestra evolución, obviamente el ocio nos perjudica; así lo revelan estudios criminológicos en que la desocupación incrementa los niveles de vicio, delincuencia y actividades informales en escenarios de alto riesgo.

Para que el trabajo retome su valor originario como derecho humano, es necesario reorganizar la economía en función de que todos trabajemos en condiciones verdaderamente dignas. Sólo el Estado revolucionario liderado por la clase trabajadora será capaz de desmontar la economía capitalista cuyas leyes apegadas al enriquecimiento de la minoría burguesa castigan a la mayoría social con explotación y desempleo.

Nuestro desarrollo nacional será proporcional a la expansión de nuestra clase trabajadora, así lo dicta el socialismo científico. Por ello, en un país premiado por la ingente renta petrolera y baja densidad poblacional en relación con su territorio, justo es defender el proyecto de soberanía sobre nuestro aparato productivo con industrias eficaces al servicio de la utilidad pública y el interés social.

GRAN ESTAFA INMOBILIARIA CONTRA LA CLASE MEDIA

Jesús Silva R.

Estudiar la realidad desde una perspectiva socioeconómica que identifique las diferentes clases sociales que coexisten en nuestro país es una tarea fundamental para el acierto en las políticas de captación de apoyo en favor del polo revolucionario y para avanzar al socialismo.

Un loable ejemplo de esto es la intervención de empresas inmobiliarias usureras, por cuanto le demuestra a la colectividad en general y especialmente a la clase media, que mientras la clase empresarial los estafa, el Estado Bolivariano defiende los derechos de todos los ciudadanos y su anhelo de adquirir vivienda.

Enfatizamos que ese universo social que aun no vota por Chávez, contiene clases sociales (empresarios, trabajadores, capas medias) con intereses económicos opuestos que sólo se conectan emocionalmente alrededor de la antipatía antichavista promovida por los medios de comunicación privados; por tal razón evidenciar esta realidad es la clave para fracturar la cohabitación de los oposicionistas.

Sólo profundizando la socialización y la diversificación de las actividades productivas con apoyo del Estado, rescataremos del adoctrinamiento burgués a profesionales, técnicos y obreros, dado que el trabajador oposicionista es tan víctima de exclusión social como el trabajador chavista, y por esto, todos los que vivimos de nuestro trabajo, somos potenciales aliados del proyecto bolivariano de inclusión social.

Al desenmascarar a los capitalistas autores de la estafa inmobiliaria, se contribuye a la consolidación de la conciencia clasista y se demuestra que el socialismo hace que el trabajo deje de ser un medio para exclusivamente para sobrevivir y lo convierte en la actividad que nos dignifica a todos, dándonos el legítimo derecho de satisfacer nuestras necesidades y lograr una vida mejor.

LA META ES LA INCLUSIÓN SOCIAL

Por: Jesús Silva R.

La insincera dirigencia oposicionista diariamente llama a una reconciliación entre explotadores y explotados, con el propósito de invisibilizar la división de clases sociales que impera en Venezuela. De este modo quieren hacerle creer a trabajadores, campesinos y estudiantes, que da lo mismo vivir en el capitalismo explotador que en el socialismo solidario, pues sólo importa que los mandatarios tengan buenas intenciones.

De nada valen las supuestas buenas intenciones si no hay equidad de ganancias entre capitalistas y trabajadores, pues sólo la inclusión social promovida por el socialismo, reivindica el trabajo del pueblo y distribuye con justicia las riquezas que antes eran acaparadas por los grandes propietarios de industrias y los burócratas artífices de la corrupción. Precisamente el hecho de arrebatarle a la burguesía sus ilícitas ganancias, hace que en la actualidad se manifieste la comentada polarización, cuyo origen se debe a la identificación de las causas y responsables de las injusticias sociales antiguamente incomprendidas.

En la actualidad, crece en la conciencia colectiva que los privilegios de los capitalistas son la fuente del empobrecimiento de la mayoría popular y de esta comprensión nace el antagonismo entre dos polos sociales con intereses irreconciliables. Para que no haya cinco millones de inocentes que respalden al polo de la elite capitalista, la revolución debe profundizar una polarización basada en políticas de carácter altamente inclusivo para construir con el pueblo la plena justicia social.

EN APOYO A LAS MUJERES QUE LUCHAN ANTE EL PARLAMENTO POR UN NUEVO CÓDIGO PENAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Con ocasión a la visita de las feministas venezolanas a la Asamblea Nacional, el pasado 20 de Octubre de 2010, la cual contó con la participación de consecuentes defensoras de la Igualdad de Género como la Doctora Alba Carosio, Directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela; la Lic. María Centeno, coordinadora de "La Araña Feminista" (Red de colectivos feministas a nivel nacional) y activistas de este movimiento; la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud (con la presencia de sus integrantes: Marelis Pérez Marcano, Diluvina Cabello, Alberto Castellar, Flor Ríos, Carmen Rodríguez y Romelia Matute) fue el epicentro de la discusión política. Las revolucionarias expresaron sus propuestas para la reforma del Código Penal venezolano desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las mujeres, destacando la despenalización del Aborto, del adulterio y de la bigamia, así como la penalización a la trata de personas, la pornografía, la compra de prostitución y el denominado Femicidio.

Este tipo penal (Femicidio) me permití diseñarlo meses atrás, durante mi participación en la Mesa Técnica sobre el Nuevo Código Penal, adscrita a la Comisión de Política Interior del Parlamento; y queda solemnemente a disposición de las mujeres venezolanas y su movimiento feminista. Es decir, ese tipo penal ya no es mío, pues ahora le pertenece a las mujeres. Luchemos en unión para que esta disposición ingrese definitivamente en nuestra legislación a fin de combatir la violencia de género y derrotar las posturas androcéntricas, sexistas, machistas, cosificadoras, patriarcales, organocéntricas y misóginas que aun perviven dentro y fuera de las instituciones del Estado burgués y patriarcal. Les ratifico:

Femicidio:

“El cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino o persona con quien la víctima

mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad

con o sin convivencia; amistad, compañerismo, relación laboral, o

aquel que pretendiendo infructuosamente establecer o restablecer una

relación de pareja o de intimidad con la víctima; o como resultado de

la reiterada manifestación de violencia en contra de ella, o toda

persona que por misoginia o con el propósito de establecer vínculo de

poder, dominación o control sobre una mujer, le diere muerte por su

condición de mujer; será castigado con pena de veintiocho a treinta

años de prisión”.

Sepan que tienen en este joven comunista y feminista, un incondicional aliado que defenderá vuestra causa con la misma pasión y convicción con que ha defendido la causa de la clase obrera. Por una legislación global y radicalmente feminista que permita avanzar en la construcción de la igualdad de género, por y para ustedes, amadas compañeras, reproduzco mis afirmaciones ante la Asamblea Nacional (20/10/10):

(Jesús Silva R.) “En primer lugar quiero agradecer la mención que hizo Alba Carosio sobre los modestos aportes que en su momento presentamos dentro de esta Comisión de Familia, Mujer y Juventud, estoy muy agradecido e inclusive emocionado porque considero que son apreciaciones muy generosas de la camarada Alba y desde mi punto de vista totalmente inmerecidas, pero sí quiero resaltar ahora que cuando se tocan temas tan polémicos como el de la prostitución, la trata de personas, la interrupción del embarazo, es evidente que hay una confusión por darle el nombre más benevolente, inclusive dentro de las propias filas socialistas revolucionarias respecto a estos conceptos.”

“Como en algún momento nosotros sistematizamos el tipo penal referido al asesinato de las mujeres, el cual figura en documentos que consignamos en la mesa que discute el Código Penal, y también figura ese proyecto de tipo penal en los archivos de esta comisión, nosotros bajo el nombre de femicidio quisimos caracterizar de una forma concreta que dentro de un código penal que tenga una visión no sexista, en primer lugar se tiene que reconocer que hay 6 mil años de historia en donde la mujer ha sido confinada a condiciones de violencia como víctima y condiciones de atraso. Entonces mal puede insistirse como de alguna forma lo han planteado algunos filósofos del Derecho que bajo la figura de una agravante al homicidio, el asesinato de mujeres estaría perfectamente contemplado y castigado, por qué, porque desde el punto de la técnica penal el asesinato de las mujeres está acompañado de una serie de características tan diversas que obligatoriamente nos conducen a la creación de un tipo penal autónomo, cuando hablamos de asesinato, cuando hablamos de asesinato a las mujeres hay condiciones de desigualdad económica que ronda ese asesinato, hay condiciones de prejuicio psicológicos contra la mujer por el tema de la cosificación sexual, del hombre que se cree propietario de su pareja, que rondan ese asesinato.”

“Hay temas por ejemplo como el elemento religioso, nosotros tenemos una imagen de la mujer virginal y cualquier mujer puede ser prostituta, menos nuestra madre y eso incita al hombre al odio y que castigue, si me fue infiel tengo el derecho hasta de matarla y nosotros hasta hace muy poco tuvimos un atenuante penal frente al hombre que matara a su mujer porque la consiguiera en el lecho con un tercero. Evidentemente que ante semejantes vestigios de violencia, de prejuicio, de pensamiento oscuro referente al problema, nosotros sentimos la obligación moral, ética y revolucionaria de plantear el tipo penal de femicidio, con toda la resistencia, escándalo y algunas agresiones personales que sufrimos en el momento que lo planteamos por la prensa autónomamente, a título personal, ya no como miembro del equipo técnico de la Asamblea Nacional.”

“El segundo y último punto al que siento importante referirme es el tema de la prostitución, mal podemos plantear la penalización como algo que transgrede la ley de la persona que para sobrevivir vende su cuerpo como mercancía y que ofrece actos de naturaleza sexual para de ese modo obtener dinero porque estaríamos penalizando la autolesión. ¿Cuál es el bien jurídico que se lesiona? Porque se trata de controlar los ataques, el Derecho Penal busca principalmente controlar, evitar los ataques que se producen contra bienes jurídicos ¿Cuál es el bien jurídico que lesiona la prostituta? Sus propios derechos sexuales, su propia libertad sexual.”

“Si nosotros planteamos una sociedad socialista que fundamentalmente entre sus valores tiene la igualdad entre hombres y mujeres, queremos entonces una mujer y un hombre que tengan relaciones sexuales por razón de su preferencia, de su felicidad, de su libre manifestación corporal y sexual, y hasta de su capricho o que tenga relaciones porque le dé la gana, pero no porque le paguen, porque cuando yo tengo relaciones sexuales –voy a citar un ejemplo- con una determinada diputada y si yo para eso tengo que pagarle puede caber el supuesto de que su sueldo como parlamentaria no le alcanza, ella está en una sociedad consumista, es un material de la sociedad burguesa y ella quiere más dinero, evidentemente puede vivir de su sueldo como diputada, pero quiere algo más. Entonces, yo, que tengo el poder del dinero, uso ese poder para obtener el consentimiento para esas relaciones sexuales que sin ese dinero no habría relación sexual.”

“Si estamos en una sociedad en donde impera el desempleo, como dicen los defensores de la no intervención penal en este problema, como estamos en una sociedad de desempleo y crisis económica entonces la alternativa de la prostitución es un derecho natural, es el oficio más viejo del mundo, una forma de sobrevivir y el Estado no debe interferir. Si eso es cierto, nosotros pudiéramos tolerar, legalizar cualquier otra forma que nos permita ganarnos la vida y conseguir plata, mañana pudiéramos decir que se me respete mi derecho a sacarme un ojo y venderlo, que el ojo que me saque y lo compre una diputada no es un delito que me lo compre, ni autolesión de sacarme el ojo. Pero puede ser también mi libertad sexual y mi felicidad, que yo la venda para sobrevivir y que debe ser impedido por el Estado, no para castigarme sino para protegerme, porque permitir la prostitución es permitir que yo pueda vender mis hijos, mi dignidad, que pueda autoesclavizarme al servicio de otro para que ese otro me pague, es la defensa de la dignidad de esas personas que están en situación de prostitución lo que moviliza nuestra planteamiento, ése y no otro.”

“Agradezco la oportunidad señalando una vez más que los hombres no estamos, no es una lucha de hombres contra mujeres, porque como dicen las francesas, cómo podemos crear hombres libres si nosotras mismas somos esclavas, el machismo es una cultura, porque el hombre no nació con una espada, ni la mujer nació con un delantal, es el producto cultural de una sociedad de explotación.”

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http://www.aporrea.org/ddhh/a111565.html