¿Puede un chavista comprarse una avioneta?

Jesús Silva R.

Hace pocos días, al desenmascarar mediante entrevista que me hizo CNN, las burdas mentiras creadas para victimizar a burgueses golpistas que hoy están en la cárcel, masas de disociados enfermos de odio pusieron a circular una foto de este servidor al lado de una avioneta y afirmaron que la misma es de mi propiedad. 

No poseo ingresos para adquirir una aeronave porque soy un modesto trabajador profesional a cuenta propia de modo que sin duda la foto insinuaba una propiedad derivada de actos de corrupción. Vale decir, soy abogado de libre ejercicio además de profesor pero no soy no ni busco ser asalariado de ningún ente burocrático del gobierno o empresa privada.

Entonces, no queda más que calificar como delito las cobardes falacias que frecuentemente circulan en Twitter contra obreros revolucionarios que, sin temor ni esperar nada a cambio, predicamos verdades en defensa de una patria de igualdad y solidaridad.

Así preguntamos para qué deben ser usados los medios y parte de la respuesta pudiera nacer de la Constitución, cuyo artículo 108 dice que “los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana”, esto es un mandato de corresponsabilidad social entre autoridades del poder público, empresas de información y ciudadanos a fin de promover la sana convivencia entre iguales.

Niños, niñas y adolescentes son receptores susceptibles a la influencia mediática. De allí que usar la TV para fomentar odio en nombre del entretenimiento libre o la diversión sin censura, es una sofisticada manera de delinquir con fines políticos y debe ser erradicada; principalmente en resguardo del derecho de la infantoadolescencia a recibir una información adecuada para su desarrollo integral como lo consagra el artículo 58 del texto constitucional.

Por tal motivo, corporaciones que lucran con programas ruines desde Colombia deben ser examinadas por la ley venezolana, ya que es una vulneración contra los intereses colectivos y difusos del pueblo venezolano, cuando impunemente se difunden descontextualizadas escenas de asesinatos, violaciones, torturas físicas o psicológicas, narcotráfico, prostitución, trata de personas y cosificación sexual. Contra la telebasura, el Estado debe accionar jurídicamente.