No escribo para
fijar opinión personal que me involucre en el debate visceral sobre tan
polémico caso como lo es el referente a Iván Simonovis. Primero necesitaría
examinar el expediente personalmente. Pero si escribo para exponer serena y
responsablemente como militante revolucionario de toda mi vida y abogado
constitucionalista los acontecimientos que ya ocurrieron y advertir sus
consecuencias jurídicas con la finalidad de eliminar interpretaciones
incorrectas que confundan al pueblo de Venezuela.
En efecto,
Simonovis acaba de salir de la cárcel por orden de un tribunal. Luego de una
sentencia penal que le impuso alrededor de 30 años de prisión por presunta autoría
intelectual en homicidio durante el golpe de Estado se abril 2002, Simonovis ya
habría pagado un tercio de la pena, es decir, casi 10 años, entonces por
razones de severa enfermedad ha sido favorecido con arresto domiciliario, al
menos así ha sido la reciente decisión de un tribunal. Importante es aclarar
que esta decisión, desde nuestro sereno enfoque constitucional, no compromete
al Presidente Nicolás Maduro, ya que el poder judicial es independiente frente
al ejecutivo y toma decisiones propias.
Distinto habría
sido un indulto presidencial que nunca ocurrió en este caso. Ni una ley de
amnistía emanada se la Asamblea Nacional que tampoco aconteció. Ciertamente las
respetables víctimas y asociaciones de derechos humanos que se opusieron a la
medida humanitaria a favor de Simomovis deben conocer que el poder judicial ha
desarrollado una evaluación sobre la situación del penado y es sobre la base de
su enfermedad y deterioro físico que ha fundamentado el arresto domiciliario.
No pretendo convencerles de que renuncien a sus legítimos derechos de impugnar
esta medida, solo les oriento sobre los canales adecuados para hacerlo.
Efectivamente en
el campo judicial, que no es el del poder ejecutivo, los interesados podrán
exigir la revisión de esta medida humanitaria, tal derecho es inherente a las
víctimas y a todo venezolano que invoque derechos colectivos y difusos respecto
a conocer los veredictos de la administración de justicia. Ello despejará dudas
de muchos sobre la constitucionalidad y legalidad del beneficio otorgado.
Simonovis no se pronunciará ante medios de comunicación, le ha sido prohibido
judicialmente como condición para la vigencia de la medida humanitaria.
De modo que
cualquier debate sobre su caso debería darse en los tribunales si se quiere
discutir sobre lo jurídico. Y en lo político, serían el TSJ y la Fiscal General
quienes podrían rendir explicaciones y el poder popular tiene pleno derecho a interpelarlos.
Desde el punto de vista internacional y mediático, esta medida humanitaria
pudiera ponerle fin al uso político y propagandístico de un caso eminentemente
judicial que fue largamente aprovechado por figuras la dirigencia opositora
para presentar al Estado venezolano como violador de derechos humanos y hacerlo
merecedor de sanciones internacionales.
El Estado
venezolano hoy puede sustentar con firmeza que el poder judicial no está
politizado y es independiente del Ejecutivo, pues si así no fuere, entonces
jamás Simomovis habría salido de prisión. Finalmente, aclaramos no ha dejado de
existir la sanción penal contra Simomovis, la cual se deriva de un juicio con
sentencia firme. Simplemente ha variado provisionalmente su modo de
cumplimiento que ahora es arresto domiciliario o casa por cárcel con efectivos
del Sebin frente a su residencia.
Simomovis
permanecerá el arresto domiciliario mientras el tribunal penal de ejecución
concluya que el estado clínico del penado así lo justifica. Quien suscribe,
hijo de un preso político de mi mismo nombre durante los represivos gobiernos
de AD y Copei, y fuera injustamente privado de libertad por ser militante
comunista de las gloriosas FALN, manifiesto que no sufro odio por el pasado y
consigno mi respeto por la esposa Bony y los hijos del penado quien al margen
de la responsabilidad totalmente personal del comisario, han defendido la
posición que les corresponde como familia, tal como mi familia hizo lo propio
durante la oprobiosa época de la Cuarta República.
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