PLAN SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Por: Jesús Silva R.

Luego de desenmascarar los criminales actos de especulación y usura inmobiliaria cometidos por diversas empresas privadas, el tema habitacional en nuestro país ha vuelto a acaparar la atención nacional. Afortunadamente, la rápida intervención del Estado contra estas estafas ha permitido salvar a cientos de familias afectadas y atender buena parte de esta grave problemática social.

Para garantizar plenamente que el pueblo haga realidad su derecho constitucional a la vivienda, es necesario fijar una lista nacional de precios máximos para la venta de inmuebles, ajustada a sus características de tamaño, habitabilidad, antigüedad y ubicación; ello protegerá a compradores y propietarios contra las maniobras indebidas de los intermediarios que abundan en el cruel mercado de bienes y raíces.

Aunado a esta regulación de precios, es preciso mejorar las facilidades de crédito habitacional, elevando la cuantía de los préstamos y otorgando más años de plazo, a fin de rebajar las cuotas de pago. Esto le permitirá a la población trabajadora abonar mensualmente una parte razonable de su salario para cancelar la deuda y al mismo tiempo ocupar durante la mayor parte de su vida laboral, la vivienda que finalmente será propia.

Para solventar la deuda habitacional, urge crear una nueva legislación con criterio de interés social que facilite una gestión pública planificada y centralizada en materia de viviendas, donde el sector privado (banca e industria) pueda participar siempre que se acople con honestidad a las directrices emanadas del Estado soberano.