29 enero, 2011

LEY OPOSITORA PARA COMPENSAR LA MUERTE


Por: Jesús Silva R.

Enmarcados en el estudio científico y exhaustivo de cada actuación en la recién instalada Asamblea Nacional del período 2011-2016, hemos detectado una exótica propuesta legislativa denominada “Ley para indemnizar a las víctimas de la violencia”, la cual, según la representación parlamentaria oposicionista, recomienda que el Estado aborde el problema de la delincuencia mediante el pago de dinero a los familiares (víctimas) de quienes mueren en manos del hampa.

Es evidente en el plano ético y jurídico que esta aberrante idea promueve la fijación de justiprecio a la vida humana y su compensación económica como políticas de Estado. Forzoso es advertir que la institución de la indemnización a las víctimas de delitos ha estado contemplada en el Derecho Penal moderno desde sus inicios y tanto doctrina como jurisprudencia internacional y nacional dan fe de ello, no obstante ésta ha sido siempre de carácter subsidiario y no la solución principal del problema delictivo.

Con fines de propaganda política se quiere hacer creer al pueblo que el Estado Bolivariano no lucha contra la violencia heredada de la sociedad capitalista y se ocultan los grandes esfuerzos de esta revolución humanista que en la actualidad atiende las causas históricas y sociales que han dado nacimiento al fenómeno delincuencial. Ignoran que reducir la pobreza, democratizar la educación, promover el trabajo y los valores para la convivencia comunitaria, junto a una policía respetuosa de los derechos humanos, son el camino para el control efectivo de la criminalidad.

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http://www.aporrea.org/oposicion/a116672.html

22 enero, 2011

POLÉMICA LEY ANTI TALANQUERA


Por: Jesús Silva R.

Hace pocas semanas en el parlamento, fuimos testigos de una extrañísima polémica creada por la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, quizá atribuible a debilidades ideológicas o escasa interpretación del Derecho, pues se alegó violación de prerrogativas constitucionales de los diputados a través de medidas administrativas que supuestamente reprimirían su libertad.

Sin embargo, razones jurídicas y políticas desvirtúan esa tesis. Nótese que en doctrina constitucional se deben valorar todos los bienes jurídicos inmersos en un determinado conflicto de intereses para tutelar efectivamente aquel de mayor valor. Mal puede invocarse el derecho individual de un diputado como licencia para violar los derechos colectivos del universo de electores que le otorgan el mandato y cuya voluntad (basada en un programa de gestión) sufre una evidente estafa.

No emplea libertad de conciencia sino engaño, quien luego de ser favorecido por los votos de la soberanía popular, abandona su compromiso de cumplir un proyecto ideopolítico que está suficientemente definido y por ello el referendo revocatorio (exigible a partir de la mitad del mandato) resulta tardío contra esa consumada estafa política.

Es políticamente correcto en la ética revolucionaria de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, implementar medidas que garanticen la restitución expedita de los derechos del pueblo contra vergonzosos pactos y saltos de talanquera de arribistas, traidores y demagogos que ocultan intereses económicos personales y grupales.

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http://aporrea.org/actualidad/a116564.html

19 enero, 2011

EL LLAMADO PRESIDENCIAL AL DIÁLOGO Y LA INTRANSIGENCIA OPOSITORA


Por: Jesús Silva R.

Del discurso de Memoria y Cuenta (15-01-11) del Primer Mandatario nacional, alusivo al año 2010, se desprenden dos aspectos: lo objetivo que se sustenta en las cifras de metas logradas por su Gobierno; y lo subjetivo representado en el exhorto al restablecimiento del diálogo y la cooperación entre dirigentes revolucionarios y oposicionistas en beneficio de los intereses de la nación. Sobre lo objetivo, el pronunciamiento aportó datos que dan fe del éxito de la gestión anual presidencial que fueron pormenorizados por el líder revolucionario.

La difusión mediática de esas exitosas políticas públicas de la Revolución, en el marco de un plan comunicacional del Estado que no dependa exclusivamente de la figura presidencial, tendrá significativa relevancia en la tarea de contrarrestar la descalificación mediática oposicionista que persiste sistemáticamente en invisibilizar ante nuestro pueblo los loables avances en inclusión social y que imputan la comisión de medidas neoliberales al Ejecutivo.

 En cuanto a lo subjetivo, la invitación presidencial al debate constructivo, a la cooperación en el ejercicio de la función pública entre la dirigencia revolucionaria y la oposicionista, así como su anuncio de abreviar la Ley Habilitante hasta el 01-05-11, para así crear las leyes requeridas pero a la vez despejar prontamente el escenario para que el Parlamento legisle a plenitud, conforman un mensaje tendiente a desmontar la percepción mediática expandida sobre una presunta praxis totalitarista del líder revolucionario en las últimas semanas. Efectivamente, el compendio de leyes aprobadas en sesiones extraordinarias por el parlamento saliente, fue promovido por los medios privados de información como un acto de menosprecio a los reñidos resultados del 26 de septiembre de 2010, de los que se infiere la pertinencia política de reconocimiento a los representantes electos por la mitad del universo votante que optó por una alternativa distinta a la del PSUV y sus aliados.

Del mismo modo, urge precisar que ese llamado a trabajar conjuntamente en la solución de los problemas prácticos que apremian a nuestro pueblo, coadyuva a contrarrestar la falacia comunicacional oposicionista respecto a que la dirigencia revolucionaria incurre en una excesiva ideologización que la aleja de las deudas sociales. Luce conveniente tomar esta bandera de la cooperación en nombre del bienestar del pueblo, urge transversalizar (en instancias locales, regionales y nacionales) políticas de concreción a este exhorto a la cooperación entre adversarios en el ejercicio de la función pública, para así desenmascarar y restar adeptos a los factores radicales contrarrevolucionarios cuyos intereses grupales están por encima de los intereses del país.

Sin embargo ese llamado cordial expresado tendiente revertir mediante el diálogo, el prolongado radicalismo político ejercido por los dos polos (revolucionario y oposicionista) que se disputan el poder en Venezuela, experimenta el rechazo manifiesto de factores preponderantes en el estamento político opositor que apuestan por la continuación y agudización de la polarización imperante. Ello se desprende de incisivas declaraciones de la dirigencia derechista, verbigracia, la muy sagaz diputada María Corina Machado (probablemente el cuadro político más completo del oposicionismo presidenciable de la actualidad), quien horas después del exhorto constructivo del líder revolucionario, señaló: “hace tres días anunciaban que nos iban a triturar, que no podríamos abrir la boca y ahora nos dicen que podemos conversar, dialogar. (..) ”El respeto y la confianza no se decretan, son sentimientos con base en la acción, en la coherencia entre lo que dices y lo que haces, que la gente se gana el respeto y este país está clamando por respeto”. Es importante destacar la ratificación de su exigencia por la inmediata derogatoria de la Ley Habilitante, el nuevo Reglamento de Interior y de Debates y el resto de leyes aprobadas en sesiones extraordinarias durante los días finales del Parlamento anterior, y calificando como “nulos” todos los actos del Ejecutivo Nacional que se fundamenten en este compendio de instrumentos legislativos.

En esta ola de pronunciamientos de los mayoritarios partidos oposicionistas AD, UNT, Primero Justicia, enmarcadas todas en la agenda polarizante, confrontativa y de execración del diálogo, aparece como broche de oro en representación del poderío económico privado, Noel Álvarez, Presidente de FEDECAMARAS, quien agregó que el discurso presidencial no respondió a temas económicos que aquejan a la población y que "es necesario demostrar con voluntad y con hechos que se quiere dialogar".   

El visible consenso de las principales fuerzas partidistas, económicas y mediáticas del oposicionismo en rechazo al “diálogo” confinan actualmente en una situación de peregrinaje político a figuras minoritarias como Alfredo Ramos, cuya petición reivindicativa en materia de pensionados de la seguridad social fue acogida receptivamente por nuestro Presidente, en un acto que pudiera ser descrito como ejemplo de cooperación (diálogo) en el ejercicio de la función pública entre factores adversarios. No obstante, ante lo que pareciera un reacomodo mediático derivado un probable regaño de sus hermanos mayores, Ramos, horas más tarde se plegó al criterio hegemónico de la jefatura oposicionista (descalificación absoluta contra la integralidad de la gestión del Jefe del Ejecutivo) y negación al diálogo, al manifestar: “el presidente habló como si estuviese empezando a gobernar y dibujó un país que no es real, no reconoció la ruina económica (…)” y sigue maquillando las cifras tanto de la pobreza como la del desempleo”.

Tal como lo hemos concluido en reflexiones anteriores, el escenario político hace evidente la desafortunada brecha política que existe entre las loables intenciones del “diálogo” hoy  ensayado por el liderazgo revolucionario y las condiciones objetivas generales que dificultan su real concreción, lo cual demanda un amplio debate al interior de las fuerzas revolucionarias a los fines de definir e instrumentar el plan coordinado de acciones ideopolíticas idóneas para el logro de la mayor suma de gobernabilidad posible y el triunfo socialista en 2012.

16 enero, 2011

FALACIAS: TOTALITARISMO E IDEOLOGIZACIÓN


 
Por: Jesús Silva R.

No es difícil descifrar la agenda que el nuevo bloque oposicionista ha comenzado a desplegar en la Asamblea Nacional del período 2011-2016, incesantes ataques contra la Revolución Bolivariana basados en sus dos viejas falacias: Totalitarismo e ideologización. Revisando ambas, vemos que una (totalitarismo) opera mediante actos de provocación de la derecha aventurera contra los legisladores revolucionarios. La minoría guarimbera se victimizará cada vez que la mayoría bolivariana no se someta a sus dictados y ejemplo de ello fue la espeluznante propuesta de que un ciudadano condenado por la ley penal los representara en la directiva.

En este escenario circense, futuras iniciativas legislativas (confeccionadas en los laboratorios oposicionistas) completarán el libreto de parodias mediáticas que, por mandato del sentido común, deberán ser rechazadas en el parlamento; quizás pronto llegará la “Ley Desarme” que lejos de erradicar la violencia, más bien estimula a delinquir, ya que legaliza el hurto y robo de armas para su canje ante la autoridad pública.

La última falacia (ideologización) es la más embrutecedora, pues con el eslogan de que la ideología impide resolver las necesidades directas de la gente, intentan anular de la conciencia del pueblo su identidad de clase y el valor de sus luchas colectivas como herramienta esencial para la liberación. Sin duda estas falacias son fraseología de los burgueses para ocultar sus planes de privatizar otra vez el país (salud, educación, industrias) y reimplantar la exclusión social.

09 enero, 2011

DOCTRINA JURÍDICA DEL PODER POPULAR


Por: Jesús Silva R.

Según la doctrina del Derecho Público Internacional, se reconoce universalmente como Estado a la integración de: pueblo, poder y territorio. Así mismo, este poder surgido de la mayoría popular y que ha tenido como forma de expresión principal, el voto democrático, genera tres ramas públicas esenciales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Frente a esa tradicional visión del Derecho Burgués, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nace como proyecto político y jurídico que profundiza una democracia realmente dirigida por el pueblo, ya que además de la importante creación del Poder Moral y el Poder Electoral, que fortalecen estos aspectos vitales del Estado, también promueve la implantación del poder popular.

En efecto, la Teoría de Progresividad de los Derechos Humanos exige una nueva democracia participativa y protagónica donde el ejercicio tangible del poder no sea exclusivo de representantes y mandatarios, sino que por el contrario estos se desempeñen bajo el control sistemático del pueblo elector mediante la contraloría social, los mecanismos revocatorios y sobre todo el cogobierno permanente entre elegidos y electores.

Ciertamente, los consejos comunales y las comunas que nacen con las nuevas leyes revolucionarias hacen posible que ahora el pueblo debidamente organizado comparta con las instituciones formales del Estado el ejercicio real y efectivo de atribuciones y competencias en todos los ámbitos de la vida ciudadana para así garantizar el desarrollo de un Estado Comunal que logre la inclusión social.

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