23 diciembre, 2010

LEGALIDAD, LEGITIMIDAD Y POPULARIDAD

Por: Jesús Silva R.


Para la burguesía hay legalidad cuando el Estado se apoya en leyes que le faciliten persuadir al pueblo sobre la validez de sus actos aunque sean injustos. El capitalismo ha hecho legal que la clase trabajadora sea explotada al recibir un salario inferior al valor real de su labor, pues la plusvalía fue inculcada culturalmente y ello explica que todavía muchos pueblos elijan como gobierno a sus propios verdugos burgueses.


Admirable es la legitimidad, porque se basa en una actuación fiel a la justicia, la igualdad social y a revolucionar las leyes de una época injusta. Legítimo es el proyecto de convertir la propiedad y el buen vivir en una imperativa retribución al trabajo de todas las personas y así erradicar los privilegios de las minorías.


La revolución pacífica enfrenta el desafío de la popularidad, que significa ganar el respaldo mayoritario de todos los sectores sociales que han sido históricamente excluidos, no sólo para que mediante sus votos garanticen la continuidad del proceso revolucionario, sino para protagonizar masivamente la transformación económica, política, social, intelectual y cultural que fortalezcan a la sociedad naciente.


Los avances al socialismo plantean la inevitable agudización de contradicciones entre un polo revolucionario y un polo conservador, ambas vanguardias, con sus valores ideológicos y fuerzas materiales, tienen opciones para conquistar la popularidad que les acredite el triunfo político, pues a lo largo de la historia no todo lo justo ha sido popular, ni todo lo popular ha sido justo.

21 diciembre, 2010

POLARIZACIÓN Y LUCHA DE CLASES


Por: Jesús Silva R.


En clara consonancia con el criterio que categóricamente hemos sostenido en reflexiones anteriores, sobre el carácter estratégico de la campaña gubernamental de adquisición forzosa de medios de producción provenientes del sector privado, y que su formalización como medios de utilidad pública e interés social constituye la concreción material de la política de robustecimiento de lo que el primer mandatario en innumerables veces ha denominado la polarización.

Tal polarización implica el establecimiento de la diferenciación de un sector revolucionario contrapuesto a otro de orden tradicional conservador; se ha suscitado un nuevo anuncio del Presidente en su habitual programa dominical (19/12/10), en esta ocasión informando sobre la expropiación de Aluminios de Venezuela y Sanitarios Maracay, a quienes se les señala por violación de leyes laborales; así como la expropiación de 21.700 m2 de terrenos en La Urbina, donde se construirán edificios para 500 apartamentos.


En este contexto ideológico, político y económico, el Jefe del Estado ha manifestado que se trata de "empresas quebradas por el capitalismo", poco antes de firmar los documentos de expropiación; lo cual nuevamente aviva a las fuerzas oposicionistas en su consuetudinaria descalificación de estas medidas, levantando las banderas de una supuesta conculcación del Derecho a la propiedad privada y la libre empresa, a lo cual añaden más recientemente las matrices de vulneración a la estabilidad laboral de los trabajadores y grave afectación de la productividad económica que desembocará en un inminente cese de dicha actividad por cuanto se cataloga al Ejecutivo Nacional como pésimo gerente.

De lo anterior se desprende que esta confrontación ideopolítica entre propiedad pública y propiedad empresarial privada, proseguirá y se agravará en fechas venideras con las nuevas unidades productivas que se adquieran forzosamente; resultando imperioso subrayar que la obtención de un saldo político y económico favorables al Gobierno Bolivariano por concepto de estas medidas dependerá de la conducción eficiente que se aplique sobre estos componentes de la industrias y evidentemente, con el apoyo de una política comunicacional dinámica y precisa que haga explícito ante la ciudadanía los éxitos de esta revolucionaria gestión.


Semejantes controversias en el plano mediático se han generado con motivo a la situación de los latifundios intervenidos por la autoridad pública nacional en Santa Bárbara del Zulia, pues ante la presencia del Ejército y la Fuerza Armada para salvaguardar la vida de los productores, del pueblo y de los trabajadores; factores del empresariado agroproductivo regional en conjunción con voceros políticos oposicionistas, pretenden presentar el caso como un grave atropello del Gobierno Nacional, que actúa al margen de la legalidad.


Frente a estas contingencias, luce conveniente articular e implementar con orden y celeridad las políticas necesarias para el cese de protestas laborales (y campesinas en Santa Bárbara) que el adversario oposicionista ha aprovechado insistentemente en los últimos meses, así como profundizar las tareas de control y seguimiento al funcionamiento de estas empresas de modo que se sostenga la productividad en la cadena económica y así impedir la aparición de matrices contrarrevolucionarias que hacen creer sobre la presunta escasez de los productos que anteriormente emanaban con regularidad bajo la gestión industrial privada.

VER PUBLICACIÓN EN:

http://www.elregional.net.ve/opinion/articulo/8001/por-jesus-silva-r-polarizacion-y-lucha-de-clases


http://www.eldiariodeguayana.com.ve/opinion.php?pos=3676

http://aporrea.org/actualidad/a114327.html

15 diciembre, 2010

WIKILEAKS, PDVSA Y EL PSICOTERROR MEDIÁTICO

Por: Jesús Silva R.


En la ola de dudosas revelaciones vinculadas al Gobierno estadounidense que se han publicado a través del sistema Wikileaks, medios de comunicación abiertamente contrarios al proceso bolivariano, plantean que dentro de los hallazgos obtenidos en esas infidencias, se detectaron comunicaciones donde se alega que las cifras de operatividad de PDVSA habrían sido infladas por el Gobierno venezolano a fin de ocultar su situación de severo deterioro.


Así lo afirma la prensa opositora venezolana, detallando que comunicados de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela fueron publicados por el diario londinense The Guardian, y revelan las percepciones sobre la industria petrolera estatal venezolana. En igual sentido, agrega este conocido medio informativo que Durante un viaje a Zulia del entonces embajador norteamericano, Patrick Duddy, en el segundo semestre de 2009, la diplomacia de Washington detectó que "la situación en materia de servicios petroleros ha cambiado significativamente. Las condiciones de los equipos se ha deteriorado drásticamente desde las expropiaciones de las compañías de servicios ocurridas en mayo (de 2009)".


Ciertamente, mediante la sistemática campaña de desprestigio que el oposicionismo despliega contra la principal industria venezolana, se persigue generar angustia en la población, haciéndole creer sobre una supuesta inoperatividad o quiebra de PDVSA que desacreditaría por completo los esperanzadores anuncios del Ejecutivo Nacional respecto a que el 2011 sería el año de la recuperación económica de nuestro país.


Frente a estas matrices de tergiversación emanadas de agencias mediáticas oposicionistas, luce pertinente visibilizar ante la opinión pública, las cifras reales de productividad y operatividad de PDVSA, resaltando especial mente la estabilización de los precios del petróleo y su sostenida tendencia a la alza, pero sobre todo hacer constar que la responsable planificación económica del Gobierno venezolano ha diseñado un presupuesto que previene las variaciones que puedan producirse en el precio de este importante recurso, evitando así que nuevamente en forma inadvertida sobrevengan impactos negativos sobre nuestra economía nacional que obliguen a la rectificación extraordinaria de la estructura presupuestaria.


No menos importante es advertir sobre la matriz oposicionista que más recientemente estaría cobrando fuerza, respecto al presunto carácter arbitrario de la decisión del primer mandatario nacional, en cuanto a solicitar al Parlamento que se le otorgue una Ley Habilitante con el fin de atender más expeditamente los daños y amenazas generados por las incesantes lluvias. Frente a estas acciones de psicoterror oposicionista que persiguen confundir a la población y menoscabar la confianza en cualquier actuación del Gobierno Bolivariano, urge concentrar esfuerzos con apoyo de nuestra red de medios públicos y la selectiva información institucional en todos los medios de comunicación para que la colectividad conozca la eficaz atención que se viene prestando al gran número de damnificados de este infortunio de la naturaleza.

13 diciembre, 2010

SANCIÓN A LOS EXPLOTADORES SEXUALES



Por: Jesús Silva R.

Al acercarse el final del período de sesiones de esta Asamblea Nacional, se suscita igualmente la culminación de nuestra gestión de asesoramiento jurídico ante ese órgano, lo cual hace relevante destacar lo que fueron nuestros aportes en materia de Derechos Humanos formalmente consignados ante la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud, así como en los debates de la Comisión de Política Interior y la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional.

En tales escenarios, nuestras propuestas jurídicas deberán ser tomadas por el Parlamento entrante en el venidero mes de enero de 2011, dado que las mismas estuvieron destinadas a adecuar el Derecho Penal venezolano a los preceptos de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), aprobada en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1979 y debidamente ratificada por Venezuela; la Convención Belem do Pará, las Conferencias de Beijing y el Cairo, así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de este ámbito.

En cumplimiento de nuestra misión revolucionaria y feminista, procurando la consolidación de una sociedad libre de violencia de género y males creados por el régimen patriarcal, y luego de entregar a la Asamblea Nacional la propuesta sobre Femicidio (evento reseñado en el Diario El Aragüeño del 08-11-2010), con valioso apoyo de colectivos feministas; hemos también consignado (01-12-10) en esa instancia, el proyecto de tipo penal contra la compra de servicios sexuales. Hemos afirmado que considerando que quienes ejercen prostitución (especialmente mujeres) son vulnerables a la violencia cultural, económica y sexista del capitalismo patriarcal; y que esta conducta, sea por interés o necesidad de dinero, lesiona su propia salud física y psicológica, así como su libertad sexual y dignidad humana, enfatizamos que son víctimas no sancionables.

Es por esto que sobre los clientes de la prostitución, decimos que su conducta típica específica es pagar por sexo, pues dando dinero cooperan con que las personas se prostituyan a sí mismas o sean víctimas de la explotación lucrativa de delincuentes de la industria de la trata de personas, tráfico de personas y la pornografía. Basado en lo anterior, he suscrito el proyectado tipo penal siguiente:

"Toda persona que a cambio de la entrega de dinero, bienes u otra retribución, o valiéndose del ofrecimiento de éstos, obtenga para sí o para un tercero, un acto de naturaleza sexual con otra; será castigada por la compra de servicio sexual con multa de no menos de trescientas unidades tributarias (300 U.T.), o con arresto hasta por un mes si la conducta es habitual. La autoridad podrá imponer que dicha pena se cumpla en una casa de trabajo o mediante la prestación de un servicio en alguna empresa de utilidad pública, donde se le oriente en materia de Derechos Humanos con perspectiva de género".

Al supramencionado tipo delictivo, se suma nuestro categórico criterio sobre la despenalización del aborto, fundamentado en una exhaustiva investigación multidisciplinaria, que incorpora el estudio de los bienes jurídicos involucrados en la interrupción voluntaria e informada del embarazo, y la recopilación de dictámenes y documentos de calificados expertos de la ginecología.

VER PUBLICACIÓN EN:
http://www.aporrea.org/ddhh/a113843.html

04 diciembre, 2010

PLAN SOCIAL PARA LA VIVIENDA


Por: Jesús Silva R.


Luego de desenmascarar los criminales actos de especulación y usura inmobiliaria cometidos por diversas empresas privadas, el tema habitacional en nuestro país ha vuelto a acaparar la atención nacional. Afortunadamente, la rápida intervención del Estado contra estas estafas ha permitido salvar a cientos de familias afectadas y atender buena parte de esta grave problemática social.


Para garantizar plenamente que el pueblo haga realidad su derecho constitucional a la vivienda, es necesario fijar una lista nacional de precios máximos para la venta de inmuebles, ajustada a sus características de tamaño, habitabilidad, antigüedad y ubicación; ello protegerá a compradores y propietarios contra las maniobras indebidas de los intermediarios que abundan en el cruel mercado de bienes y raíces.


Aunado a esta regulación de precios, es preciso mejorar las facilidades de crédito habitacional, elevando la cuantía de los préstamos y otorgando más años de plazo, a fin de rebajar las cuotas de pago. Esto le permitirá a la población trabajadora abonar mensualmente una parte razonable de su salario para cancelar la deuda y al mismo tiempo ocupar durante la mayor parte de su vida laboral, la vivienda que finalmente será propia.


Para solventar la deuda habitacional, urge crear una nueva legislación con criterio de interés social que facilite una gestión pública planificada y centralizada en materia de viviendas, donde el sector privado (banca e industria) pueda participar siempre que se acople con honestidad a las directrices emanadas del Estado soberano.