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| Arepa venezolana |
Jesús Silva R.
Tal como lo hemos impartido desde nuestra cátedra universitaria en las escuelas de Politología y Estudios Internacionales de la UCV y USM, la organización de la seguridad alimentaria resulta el enfoque más conveniente para analizar el tema de la alimentación de la población, en el entendido de que esta involucra el ordenamiento de los recursos humanos y materiales requeridos para garantizar la suficiente provisión de bienes alimenticios para las personas en un marco de accesibilidad, eficiencia, eficacia y preponderante interés social.
En Venezuela, entidades como Mercal, Pdval, Abasto Bicentenario y Casa han sido componentes de una red en desarrollo mediante la cual el Gobierno Nacional procura la disponibilidad de un significativo stock de alimentos en condiciones de menor precio en comparación a las ofertas del sector privado. En tal sentido las medidas de subsidio y regulación de precios representan una valiosa iniciativa destinada a materializar el acceso oportuno, tangible y satisfactorio de los sectores sociales más precarios a una alimentación adecuada.
Ahora bien, en el marco de discrepancias ideopolíticas que abarcan todos los aspectos de la vida nacional (con miras a las elecciones de 2013), una categórica crítica del oposicionismo neoliberal contra la gestión alimentaria del Ejecutivo Nacional es que su desarrollo administrativo y de infraestructura en el comercio y distribución de la comida se ha efectuado en perjuicio de la libertad de empresa, habida cuenta de una serie de intervenciones y expropiaciones de supermercados y redes de comercialización pertenecientes a la empresa privada.
Esto ha servido de pretexto para nutrir la campaña mediática de desprestigio contra el Gobierno Bolivariano, presentándolo como enemigo del empresariado y de la institución de la "propiedad privada", concepto, este último, que implicaría una inexcusable violación del derecho contemplado en la Constitución vigente.
Respecto a la infundada matriz de opinión de que el Gobierno Nacional despliega una acción sistemática de menoscabo a la propiedad privada, es menester precisar que un aspecto clave de los neoliberales es la generalización de los bienes expropiables, tal argumento ideológico les permite invisibilizar (ocultar) cualquier diferenciación o clasificación entre medios de producción (empresas, almacenes, distribuidoras) y bienes de uso personal o comunitario (mini abastos, consumibles).
Se trata de un asunto específico que reviste especial importancia e impacto ideopolítico, al ser una tergiversación que genera angustia en la clase media y le hace creer que el Gobierno Nacional se propone expropiarles sus bienes de uso directo personal (automóvil, vivienda, pequeños comercios, etc.).
Ciertamente la consolidación de esta matriz de opinión reportaría un doble perjuicio para el actual proceso de cambio social, primero una total incomprensión del pueblo con relación a la legislación vigente en materia de propiedad, interés social y utilidad pública en función de la seguridad alimentaria; segundo, grave afectación a la popularidad y reputación del Gobierno Bolivariano como ejecutor de una política de "expropiación universal", es decir, de afectación a la propiedad de todas las clases sociales y contra todo tipo de bienes, sean estos industriales, empresariales, familiares o personales.
En paralelo a las matrices mediáticas contra la política alimentaria del Ejecutivo Nacional, vinculándolo al fantasma de la estatización, la cubanización y el comunismo, otro ámbito que suscita controversia en materia de la seguridad alimentaria es el modesto desarrollo de la productividad nacional, lo cual pareciera generar la percepción colectiva de que se han invertido mayores esfuerzos en consolidar una red pública de distribución de alimentos, más no una gran industria estatal de alimentos. Asimismo se especula sobre un insuficiente desarrollo de la productividad nacional de alimentos asociado al alto porcentaje de importaciones que ordinariamente el Gobierno Bolivariano realiza en este ámbito estratégico.
A su vez, informes difundidos por la FAO (Food and Agriculture Organization) revelan la agudización de una crisis mundial de alimentos y su negativo impacto contra los países no industrializados cuya seguridad alimentaria es dependiente de las importaciones desde países avanzados en la manufactura y procesamiento industrial de alimentos. Es así que en nuestro país, el oposicionismo ha lanzado abundantes denuncias de que existen ingentes importaciones que aparentemente constituyen el problema esencial de la gestión alimentaria oficial; en tal escenario afirman que el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras son entes dedicados a la importación masiva, que en buena parte la presunta escasez de rubros alimenticios se debe a este factor, habida cuenta de la severa inestabilidad que padecen los mercados internacionales.
En efecto, a juicio del oposicionismo, el recurrente aumento de precios es un hecho atribuible fundamentalmente a la dependencia importadora y no al empresariado privado nacional, quien según el parecer de los neoliberales, ha sido víctima de la falta de apoyo e incentivo gubernamental y sometido a expropiaciones que pudieran estar al margen de los procedimientos legales; por esto, para derrotar las especulaciones del oposicionismo, la política requerida para garantizar una óptima seguridad alimentaria implica (según la experiencia de muchos países) el fortalecimiento de una moderna industria nacional.
De modo que además de hacer falta una inversión planificada de recursos múltiples para una mayor capacidad de producción instalada en nuestro territorio con industrias nuevas y repotenciadas, también es vital impulsar una ardua actividad política de concertación entre diferentes sectores sociales a los fines de disminuir la conflictividad y procurar la reactivación de un aparato de producción mixto con amplia participación y prioridad en la prestación del servicio alimentario.
Finalmente es pertinente subrayar como reflexión autocrítica en el panorama alimentario, la necesidad de promover un esquema económico industrializado, con la convicción del carácter auxiliar que poseen las unidades artesanales de producción de alimentos, pues si bien estas últimas se mantienen como importante instancia de la participación del pueblo en la estructura socioeconómica nacional de hoy, estas por si solas no harán materializable el modelo de alta productividad que pueda conducir a Venezuela hacia la seguridad alimentaria, ni mucho menos la soberanía en este ámbito.