LO MÁS DIFÍCIL EN LA CREACIÓN DE LA NUEVA SOCIEDAD

Por: Jesús Silva R.

Se dice que construir el socialismo implica una fase histórica de transición, ello supone la disputa entre factores sociales contradictorios que se derivan de la división de clases del contexto pre-socialista y esto a su vez significa que el sólo establecimiento de un gobierno popular no conlleva la desaparición de la ideología capitalista. 

Se trata, ciertamente, de un complejo asunto sociopolítico, pues si se sabe que las clases explotadoras han sobrevivido en anteriores ensayos socialistas (Europa Oriental), es mucho más factible que lo hagan en el marco de un gobierno popular de unidad nacional como el que se estila en muchos de los países no industrializados en el siglo XXI. 

Es así que la clase empresarial (burguesía), hace oposición a los nuevos gobiernos populares, en unas circunstancias extremadamente favorables e insólitas para quienes conocen como fue la vida de los factores adversos a gobiernos burgueses en el siglo pasado. Notable ejemplo es Venezuela para diferenciar a la vieja oposición izquierdista que combatió a Rómulo Betancourt y a la nueva oposición derechista que hoy hace todo por derrocar a Hugo Chávez. 

Betancourt estrenó la Constitución venezolana de 1961 con la suspensión de las garantías civiles y políticas en ella contempladas, los destacamentos marxistas de entonces cayeron en su trampa y emprendieron la aventura de la lucha armada, que para entonces lucía como la única alternativa de resistencia frente a la falsa democracia vendepatria y hambreadora. 

Sin derechos civiles ni políticos, bajo la persecución de aparatos oficiales de exterminio, nuestros ancestros alzados contra el régimen burgués fueron víctimas de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas a consecuencia de la acción sistemática de un Estado fascista. 

Hoy la oposición es encabezada por la burguesía, no hay garantías constitucionales suspendidas, prevalece un libre juego democrático, no hay asesinados políticos, y tanto partidos como ONG's derechistas gozan de masivo financiamiento económico nacional y extranjero, además de un poderoso entramado comunicacional que no sólo les permite difundir ampliamente sus ideas sino inclusive hostigar a la ciudadanía con un brutal bombardeo mediático de mentiras y medias verdades.  

Ahora bien, si por obra de la poderosa oposición venezolana actual (adinerada, mediática, empresarial, latifundista, bancaria, en pleno goce de sus derechos constitucionales, patrocinada por los gringos y demás amigos, etc) la ideología capitalista se mantiene todavía robusta en nuestro país, y si a esto le añadimos que la ola capitalista arrecia como modelo dominante contra los pueblos del mundo (véanse las crisis en EE.UU., Europa y Asia), entonces hay pluralidad de indicios para afirmar que el Socialismo Bolivariano o Socialismo del Siglo XXI es una propuesta innovadora, valiente y desafiante al "New World Order" (nuevo orden mundial del hegemonismo yanqui a partir del colapso de la antigua URSS). 

De conformidad con esta última aseveración la Revolución Bolivariana constituye la esperanza del mundo, una referencia moral para quienes luchan hoy por la emancipación de sus pueblos, la sociedad sin clases o el establecimiento de un sistema mundial distinto al capitalismo, en el cual la paz y la igualdad sean los ejes fundamentales de la convivencia humana. 

Sin embargo, no debemos ser ingenuos, y obligatorio es ponderar la dimensión del enemigo en esta etapa vigente que recrea la disputa entre "David y Goliat", pues nos enfrentamos a las grandes burguesías del mundo: la estadounidense, la europea y las sembradas por los gringos en América Latina (incluyendo la venezolana).

Ahora bien, lejos dar la batalla por perdida, oportuno es dirigir la mirada a los pueblos que han resistido adversidades semejantes, uno de ellos el digno pueblo cubano; sintetizo ese ejemplo en palabras recientes del Comandante Raúl Castro, quien alertó que hoy por hoy, la mayor amenaza contra la Revolución no era el Imperialismo sino los errores (desviaciones capitalistas) que pudieran cometer los propios cubanos. 

De manera que en nuestra amada nación donde el capitalismo diariamente nos salpica y contemplamos por doquier la promiscua convivencia del comportamiento conservador y el hacer revolucionario; yo, uno más en la heterogénea masa de venezolanos que apoyan el cambio político actual, pregunto: ¿Qué hicimos hoy por construir el Socialismo? 

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PERIODISTAS DE VENEZUELA

Por: Jesús Silva R.

Todo análisis integral de los medios de comunicación debe darse en el marco de una doctrina de la "Superestructura Social", esto es, tesis de la ideología y tesis de la comunicación. Los medios se conciben a sí mismos como un todo con vocación de dominio sobre la psicología de las masas, y convencidos de una supuesta legitimidad para “moldear la sociedad” su tarea se reduce a una proyección de simulacros y decretos mediáticos constitutivos de una realidad privatizada. 

Trátase de la pretensión burguesa de imponer criterios normativos que usurpan el espacio social natural. No obstante, hechos recientes del actual proceso histórico nacional desarticulan esta pretensión y nos llaman al análisis de la resistencia del receptor masivo, la población, frente a esta dinámica comunicativa invasiva. Entendiendo que las relaciones de producción (económica) son la génesis de todas las realidades humanas, la comunicación debe descubrirse desde el punto de vista cultural de clase y de los intereses de clase; en tal sentido es imperativo desenmascarar con mayor nitidez ante la masa la manipulación mediático-ideológica de las redes de difusión informativa. 

Del mismo modo que el Gobierno es la personificación jurídica del Estado, los medios de comunicación hoy día son la personificación política del Capital, también son Gobierno, pues su régimen somete a sus trabajadores, persuade audiencias y penetra diariamente a vastos sectores de la vida ciudadana. Es un "Estamento Plutocrático", una Dictadura de la Burguesía, cuya vigencia solo está legitimada por la Plusvalía y la Propiedad Privada, pero sin ninguna legitimidad popular. Los consumidores jamás hemos podido decidir qué contenidos deseamos que se difundan, todo nos ha sido impuesto y los medios, más que informar, tuercen los acontecimientos a su agenda de propaganda; de allí que frente a este fenómeno, los usuarios tienen un poder democrático para exigir el uso de los medios como servicio público, pero más allá de la novel estructura legal que los faculta para ello, aun no se tiene suficiente conciencia del ejercicio de este Derecho. De ahí la urgencia de intervención estatal, aunada a la preparación de una asociación eficaz de usuarios de los medios para revertir la indefensión de los ciudadanos.

En la clase media de la sociedad, abrumada por la esclavitud del salario, buena parte del pensamiento crítico está desterrado por la lógica pragmática de un saber funcional y la cretinización promovida por la pequeña pantalla transnacional. El saber humanístico autónomo es considerado por la pseudo-ciencia comunicacional de hoy, como un ocio intelectual. La filosofía es vetusta ante el mercado. Si bien, en tiempos recientes, el estudio de la comunicación está apuntando a posibilidades tecnológicas y democratizantes de los medios, estas exploraciones parten de la especificidad y omiten la dialéctica necesaria de una realidad sostenida sobre las relaciones de producción.

El academicismo comunicacional, tecnocrático y burgués, aísla los objetos, impidiendo visualizar el escenario cultural. Se supone a la cultura como comunicación, y a ésta como producción social global en su doble carácter abstracto-concreto. El mundo nuevo se ha transformado en una fotografía, pues todo lo que existe lo hace a partir de su representación. Lo mediático es el mostrador donde la existencia concurre con la apariencia, y se relativizan la ética y los deberes públicos. Los medios son un discurso, una realidad virtual con objetivo clasista, de allí se deriva un nuevo conocer de asuntos culturales, legales, estéticos y humanos, dentro de una nueva civilización. 

El andamiaje mediático bajo el arbitrio de los capitalistas, persiste en ser la fuerza interventora de los procesos sociales y psicológicos de nuestro tiempo; ante estas realidades, la revolución social permanece en deuda; sin embargo es posible romper la dominación mediática y estoy convencido de que precisamente porque el sistema predominante en el mundo actual, es la negación de la vida, algunos escogimos ser la negación de la negación, determinados irrevocablemente así, a ser (encarnar): la afirmación de la vida.

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EDGAR MORIN Y EL PENSAMIENTO COMPLEJO

Por: Jesús Silva R.

Sobre Edgar Morin y la transdisciplinariedad en nuestra docencia universitaria...

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales prevalece un criterio de transdisciplinariedad, tal como lo ha descrito el extraordinario filósofo francés Edgar Morin a través de su teoría del pensamiento complejo. 

Desde esta óptica se explica que las disciplinas se nutren las unas de las otras por cuanto en la realidad de la sociedad (más aun en la mundialización del siglo XXI) se requieren soluciones basadas en una mancomunidad de saberes tanto en la teoría como en la praxis; es así que materias como “Economía Política” o “Historia de las Doctrinas Económicas” que versan esencialmente sobre el devenir de las relaciones y modos de producción en diferentes etapas de la humanidad, participan de modo sustantivo otras ciencias como la Historia, la Politología, la Sociología y el Derecho, que a su vez deben ser del conocimiento transdisciplinario de científicos sociales como abogados, internacionalistas, politólogos, sociólogos, entre muchos otros.

Es notorio que el principio de la transdisciplinariedad predomina internacionalmente en la educación universitaria (y en el ejercicio profesional), haciendo posible la convergencia de talentos especializados en múltiples áreas, quienes imparten dignamente la docencia en materias afines sobre la base de una universalidad de conocimientos que enriquece la educación de los estudiantes; lo cual demuestra que en las ciencias sociales no hay carreras enteramente divorciadas las unas de las otras o “bien diferenciadas”, cuya docencia sea del dominio privado de profesionales de una rama.

Por ejemplo, tratándose de los economistas, sólo las asignaturas referidas al estricto cálculo matemático (Finanzas, Estadística y Contabilidad) son propias de la escuela de Economía, sin embargo estas han sido pacíficamente dictadas por contadores públicos y administradores de empresas. Tal realidad académica nos ratifica la ilogicidad de que un amplio elenco de materias se someta al monopolio docente de los expertos de una sola disciplina cuando ya se ha demostrado que tales se subsumen en el explicado criterio de transdisciplinariedad de las ciencias sociales.

De hecho, en el supuesto negado de que se admitiera tal razonamiento sectario y éste le fuera aplicado a todos por igual, el resultado sería que ningún profesional podría ser docente en una Escuela cuya especie sea distinta a la que le otorgó su licenciatura. Entonces, lejos de lograrse la integración y universalidad en el acceso, generación e intercambio de saberes; las universidades y academias se convertirían más bien en un archipiélago de facultades y escuelas que funcionarían como islotes totalmente aislados entre sí en detrimento de la ciencia educativa.

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OBSERVACIONES AL CRITERIO DE MARIO SILVA SOBRE LOS ABOGADOS

Observaciones al criterio emitido por el ciudadano Mario Silva sobre nuestro gremio de abogados en su programa “La Hojilla” del 19 de Junio de 2011. 

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http://www.aporrea.org/contraloria/a125414.html

Evaluar la profesión de la cual esencialmente depende cumplir y hacer cumplir la justicia, constituye una tarea realizable desde infinitos puntos de vista, seguramente puede hacerse desde los dos enfoques fundamentales que predominan en el mundo: servicio social o concentración de ganancias.

Para los sectores vinculados al capital, esos que enfocan su actividad exclusivamente como negocio, el ejercicio del Derecho tiene una naturaleza eminentemente mercantil, corporativa y por tal razón debe generar los más altos dividendos para el abogado o su bufete; en este contexto, los juristas aspiran conformar una cartera amplia de “buenos clientes” y tener “contactos importantes” en las instituciones, es decir, que para el cumplimiento fluido de los fines y la rápida obtención de resultados es vital desarrollar óptimas relaciones públicas, pues mientras más amigos influyentes se tengan en el universo burocrático y empresarial, mayor efectividad tendrá el trabajo profesional.

Ahora bien, ¿qué subyace en estas afirmaciones derivadas de la experiencia en la vida social, gremial y profesional? En primer lugar que una “cartera amplia de buenos clientes” supone que el abogado debe trabajar para y con los que más dinero tienen, puesto que hacer lo contrario podría conducirlo a la ruina económica. Sin embargo, sobre esto es urgente advertir que esa preferencia por la clientela adinerada pudiera convertir al abogado en un promotor de una insana privatización de la justicia, pues de nada vale que la Constitución contemple que el acceso a la justicia es el derecho de todas las personas, si la realidad material revela que sólo quienes pueden pagar altos honorarios profesionales tendrán realmente una buena defensa o representación jurídica.

De consolidarse la cultura primordialmente ganancial, donde el espíritu profesional sólo es movilizado por el dinero, la clase popular quedaría en situación de indefensión y abandono; nótese que si bien algún colega pudiera afirmar que aquellos que no pueden costear un abogado privado, deben acudir a un abogado público (funcionario asalariado), mucho más importante es considerar que toda la deuda social (integrada por miles de justiciables en materia laboral, infantil, penal, agraria) no se le puede asignar enteramente al Estado; puesto que en la ética del abogado debe prevalecer un compromiso social que lo vincule a colaborar con el prójimo mediante una atención profesional de criterio humanista y solidario. De allí que muchas actividades jurídicas hoy día deberían estar exentas de honorarios, a fin de asistir y defender derechos elementales de ciudadanos en pobreza extrema, invalidez o considerable precariedad, tal procedimiento es justo y socialmente necesario.

                                                                                            

En este mismo plano, de la abogacía vista como negocio, es indispensable revisar la perversión de esas buenas relaciones, la cual nuestro pueblo ancestralmente identifica como “tener palanca” o “tener padrino”, pues quien goza de tales herramientas pareciera siempre llegar más velozmente a sus objetivos y quien no tiene tales recursos quizás está condenado a vivir un interminable peregrinaje en cualquier ministerio, alcaldía, gobernación o tribunal.

Esto parece ser cierto, a decir de las quejas constantes en los medios de comunicación, pasajeros de autobuses, gente en el Metro (para quienes vivimos en Caracas). Esta terrible desviación debe ser corregida, no sólo a través de leyes de simplificación de trámites, sino también de una revolución cultural en la que todos somos responsables. Luce como clamor popular, acabar con el insensato sistema paralelo donde cualquier gestión que se pretenda realizar, requiera de un apoyo especial de un funcionario, para así poder esquivar las alcabalas de espeluznante burocracia.

De estos males no se escapa la empresa privada, donde también hace falta el nexo con el coordinador, el gerente, el encargado, o incluso la secretaria del jefe quien puede jugar papel crucial, simplemente porque en nuestra sociedad lo público y lo privado quizás se parecen mucho en el fondo, dado que estamos divididos en dos grandes estamentos: la clase dirigida y la clase dirigente, y en ésta última no tengo duda que caben tanto empresarios capitalistas como los burócratas arbitrarios.

Pues bien, más grato es delinear los rasgos principales de ese libre ejercicio de la abogacía que se despliega como servicio social, y probablemente sea es el más arduo, ya que se parcializa concienzudamente por los sectores que más sufren la exclusión social, y seguramente la rentabilidad de ese ejercicio del Derecho solidario no sea muy convincente. Ciertamente el abogado que trabaja como servidor social tiene una postura firme en defensa del interés colectivo por encima de la ganancia individual o grupal; por ello actuará a favor del trabajador despedido injustificadamente, por la reeducación del adolescente del barrio que infringe las normas, por el campesino que necesita su tierra, por la comunidad que se organiza en la nueva autogestión política y económica.

A todas luces, para erradicar la explotación del patrono contra el obrero, para hacer valer la paternidad responsable y poner fin a la niñez abandonada, para combatir la violencia de género, para desmantelar el Estado burgués y establecer la plena igualdad de clases sociales, para en definitiva corregir miles de desigualdades aun latentes, el ejercicio del Derecho debe ser entendido y propagado como una herramienta de inclusión social. Es así como la verdadera socialización del Derecho (que entre sus aspectos contempla la máxima ampliación de la asistencia jurídica pública en cada materia existente dentro de la legislación, así como la promoción de entidades universitarias que garanticen la enseñanza de un Derecho con sensibilidad social) es hoy más que nunca una vital tarea pendiente en el actual proceso de transformación nacional.

Ese profesional del Derecho, que concibe su ciencia como un verdadero apostolado social, se verá a sí mismo como un multiplicador del bienestar y comprenderá que en la medida en que se contribuye a que las personas tengan apoyo jurídico para la justicia, sus vidas progresan en mejores condiciones hacia la conformación de una sociedad más sana, solidaria, democrática y productiva, de la cual el jurista también será un beneficiario.

De mi siempre recordado padre (difunto) y otros notables abogados, aprendí el gratificante ejercicio libre del Derecho (arte y ciencia) como servicio social, sin subordinación a aristocracias privadas o públicas. Es pues la compleja misión de fomentar con honestidad la solución pacífica y justa entre titulares de bienes jurídicos en disputa. Finalmente, con profundo humanismo suscribimos que el mayor patrimonio del abogado, por encima de la riqueza material, es su alto sentido del honor y el favorable reconocimiento de la comunidad, especialmente los humildes.

ANÁLISIS INTERNACIONAL: VENEZUELA FRENTE A LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

Por: Jesús Silva R.

Desde nuestro ejercicio docente en las cátedras universitarias de los Estudios Internacionales y la Politología, hemos visualizado un complicado escenario internacional que se desarrolla por estos días en cuanto al papel de Venezuela frente a la probable re-elección del surcoreano Ban Ki-Moon como Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, quien en el ámbito de la América Latina contaría con el visto bueno del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos. 

Crece la polémica sobre este suceso de la política internacional, en virtud del controversial papel desempeñado por el mencionado funcionario diplomático a partir de la resolución 1.973 generada desde el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual ha sido invocada por los Estados Unidos para agredir a Libia con el pretexto de brindar protección a los "civiles libios" cuando en verdad se trata de cuerpos armados que procuran el derrocamiento del líder Muhammar Al-Qaddafi. 

En efecto, los EEUU, acompañados por Francia y Reino Unido, han alegado que Qaddafi habría emprendido ataques contra poblaciones civiles a los fines de frenar protestas supuestamente pacíficas en su contra y de ese modo mantenerse en el poder, lo cual luce manifiestamente incierto frente a las televisadas imágenes que dan fe sobre la actuación de una organización fuertemente armada que persiste en su intento por materializar un Golpe de Estado en ese país. 

La irregular actividad de bombardeo desplegada por el Imperialismo Yanqui y los Estados aliados a éste, constituye una violación flagrante al Derecho Internacional Público y una evidente contravención a la comentada resolución de la ONU que no ha otorgado facultades para el desarrollo de esta campaña bélica que hasta el presente tiene como agravante, el haber sido prorrogada por noventa días más y a la que además estaría planteada añadir la incursión militar terrestre. 

A estos elementos violatorios de la legalidad internacional, se suma el bombardeo teledirigido contra la propia sede residencial de Muhammar Al-Qaddafi como hecho incontrovertiblemente destinado al asesinato del mandatario libio; de allí que motive significativa preocupación en el contexto político jurídico multilateral la total ausencia de reprobación o condena del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, contra los cruentos crímenes que actualmente se perpetran sobre esa región del África del Norte. 

Es entonces cuando al analizar el escenario latinoamericano, genera especial preocupación lo expresado por el Jefe del Gobierno Colombiano (Santos) quien ha formulado un exhorto para que UNASUR le dé su respaldo a las pretensiones re-electivas de Ban Ki-Moon, puesto que la mayoría de los países que conforman esta novel organización grannacional de Sudamérica han mantenido posturas de rechazo a la política hegemonista y guerrerista de Estados Unidos y sus principales países colaboradores. 

Por lo anteriror es relevante señalar queel aparentemente apresurado pronunciamiento del Presidente Santos en apoyo a Ban Ki-Moon constituye un acto político tendiente a condicionar anticipadamente la postura que la UNASUR pudiera adoptar en este tema, la cual, a todo evento, deberá ser el resultado de la discusión interna entre los representantes de los Estados miembros de este organismo multilateral.  

No obstante, el intento de ejercer influencia por parte del mandatario colombiano pareciera adquirir fuerza política sobre la base de dos factores concretos: a) La nueva etapa de avenimiento diplomático entre Colombia y Venezuela, caracterizada por el cese de la conflictividad radical que promovió Alvaro Uribe Vélez cuando ejercía la presidencia de nuestra hermana república; y b) La secretaría pro-tempore de UNASUR ejercida actualmente por Colombia en el marco de una concertación política efectuada principalmente entre los gobiernos Colombia y Venezuela y avalada por los demás miembros de esta organización. 

Es esta la descripción general que corresponde al escenario político diplomático coyuntural, en principio ventajoso, para el avance de la política internacional colombiana para coronar su pretensión de brindar su apoyo a la continuidad de Ban Ki-Moon al frente de la Organización de Naciones Unidas y con ello proyectar ante el mundo un reposicionamiento de Colombia en el contexto latinoamericano, quien hasta la turbulenta época de Uribe Vélez (y las bases militares estadounidenses que estuvieron por instalarse en su territorio y el bombardeo contra Ecuador), lució aislada, o cuanto menos, disminuida frente a un mayoritario bloque de países latinoamericanos que apegados a la doctrina de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, condenaron la subordinación de Colombia al Gobierno de Estados Unidos y sus políticas expansionistas. 

A todas luces, permitir la concresión de los propósitos del Presidente Santos en lo que concierne a servirse de UNASUR como plataforma de apoyo para la reelección de Ban Ki-Moon traería como consecuencia la desnaturalización de una entidad que ha sido creada como alternativa grannacional diferenciada de la Organización de Estados Americanos, en el entendido de que la primera apunta hacia la consolidación de una política latinoamericana autónoma frente al hegemonista Estados Unidos y Canadá. 

En el plano hipotético de un súbito apoyo suramericano a la reelección de Ban Ki-Moon, dicha postura política podría ser leída como el manso acatamiento del bloque latinoamericano a los líneamientos internacionales de EEUU y, lo que resulta más grave todavía, una convalidación explícita a la criminal actuación imperialista (Caso Libia) que el actual Secretario General de la ONU ha cohonestado abiertamente en menoscabo del ordenamiento jurídico internacional. 

Un tratamiento adecuado del Gobierno Venezolano a este episodio coyuntural de la política internacional, requiere primeramente establecer una diferenciación entre la política bilateral con Colombia y la política multilateral de la República Bolivariana de Venezuela en el concierto de las naciones del mundo. Efectivamente en lo que atañe a las relaciones con Bogotá, pertinente es proseguir difundiendo y practicando la doctrina del respeto a la política interna de cada uno de estos dos países en el marco de la no injerencia, a la vez que se mantiene la cohabitación armónica y los convenios intergubernamentales entre ambos mandatarios como valor que se sobrepone a las diferencias ideopolíticas.  

En lo que involucra a la política multilateral, así como las posturas de Colombia y Venezuela han sido disímiles frente a Estados Unidos, y sin embargo tal situación no se ha afianzado como obstáculo para que ambos países lograsen superar la aguda conflictividad de la etapa de Alvaro Uribe Vélez; es igualmente pertinente en la actualidad que tanto el Gobierno de Venezuela como los factores de la propia Revolución Bolivariana hagan pública una postura propia, autónoma y soberana de nuestro país en categórico rechazo a la pretensión reelectiva del cuestionado Ban Ki-Moon, sin que ello configure una contradicción directa con Colombia. 

Es estimable que el ejercicio de esta política diferenciada, obra positivamente en resguardo de la estratégica paz con Colombia, al igual que en salvaguarda del posicionamiento ideopolítico y prestigio ya obtenidos por la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la comunidad internacional, que en la actualidad la mantiene como vanguardia latinoamericana del antiimperialismo y factor sobresaliente en elenco de naciones que a nivel mundial, hacen resistencia frente a los desmanes belicistas del Imperio. 

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PROYECTO DE LEY PARA SANCIONAR LOS DELITOS, TORTURAS, DESAPARICIONES Y DEMÁS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR RAZONES POLÍTICAS EN EL PERÍODO 1958-1998

Abg. Jesús Silva R.

Como hijo de un guerrillero (Jesús Manuel Silva Alfonzo) ilegítimamente privado de libertad (Cuartel San Carlos, 1973) y actualmente como abogado que integra la comisión designada por el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, para elaborar un proyecto de ley que elimine la impunidad de los delitos, torturas, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos por razones políticas así como la reparación e indemnización a las víctimas, doy testimonio de la valiosa labor que el amplio colectivo revolucionario ha desempeñado en este proyecto legislativo ahora presentado a la consulta popular para el definitivo logro de la justicia en nuestro país. 

Gracias al impulso de los auténticos protagonistas de este proyecto de ley: los guerrilleros sobrevivientes de la lucha armada en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado (Paúl del Río, alias Máximo Canales; Enrique Pérez, José Marrero, Idulfo Rojas, entre muchos otros) así como el apoyo de familiares de víctimas (Pura Soto Rojas, Mildred Hernández, Italo Silva, Federico Bottini, etc) amigos, asociaciones civiles vinculadas al área de los derechos humanos (Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, Abeconsol, Fedefam, etc) y varios militantes con décadas de arraigo y pertenencia en la lucha revolucionaria venezolana como Marelis Pérez Marcano, Carlos Del Vecchio, Pedro Pablo Linares, etc, (provenientes del MIR, PCV, PRV, Ruptura, Liga Socialista, Faln, entre otros) presentamos una propuesta preliminar que fomentará la conciencia popular sobre el trágico pasado venezolano en materia de derechos humanos. 

Ciertamente en la etapa actual, cuando a través de múltiples medios de comunicación privados se pretende instaurar una falsa matriz de opinión (político electoral) respecto a que la República Bolivariana de Venezuela promueve restricciones contra la libertad de ciudadanos opositores a la Revolución Socialista, necesario es demostrar ante la opinión pública el extenso registro de verdaderas violaciones a los derechos humanos cometidas por los partidos Acción Democrática y Copei, quienes ejerciendo la dirección del Estado Venezolano, desplegaron una inclemente campaña de exterminio contra los disidentes de aquellos años. 

Del estudio sobre la lista de crímenes por motivos políticos, tales como asesinatos selectivos de dirigentes políticos (ejemplo: Fabricio Ojeda, Alberto Lovera, Víctor Soto Rojas, Donato Carmona, Chema Saher, Livia Gouvernier, Jorge Rodríguez, hermanos Bottini, hermanos Pasquier y cientos de otros camaradas) además de privación ilegítima de libertad, desaparición forzada, tortura y hostigamiento; ha resultado evidente la doctrina fascista implementada por presidentes como Rómulo Betancourt (disparar primero, averiguar despúes) y otros ejecutores del ideario (Contrainsurgencia) de la infame Escuela de las Américas. 

En el presente, sobrevivientes del extermino subrayan que exigen justicia por los camaradas que fueron asesinados en fusilamientos y ejecuciones cobardes de los aparatos de seguridad y militares, lo cual encuadra su reclamación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y no en los supuestos del Derecho Internacional Humanitario que contempla las "reglas de combate" entre factores armados que se enfrentan en igualdad de condiciones (Convenciones de Ginebra) pues quienes perdieron la vida luchando ya están reivindicados por la historia. 

Finalmente, cumpliendo con la tarea asignada por la Asamblea Nacional, en la zona central del país, es que durante la mañana de el lunes 23 de Mayo en el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Aragua, dictamos la primera conferencia (consulta pública) regional sobre este proyecto de ley con el respaldo de la participación popular.


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