MAYORÍA CALIFICADA EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Por: Jesús Silva R.

La obtención de la mayoría calificada (2/3 de diputados socialistas) en la Asamblea Nacional constituye el único resultado objetivo capaz de garantizar la continuidad del proceso revolucionario y el cumplimiento de los fines estratégicos que se enmarcan en la profundización del socialismo bolivariano. Esto se traduce en la aprobación de leyes orgánicas que coadyuvan a la consolidación del nuevo Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; nótese que instrumentos legales de enorme interés social como la Ley Orgánica del Trabajo, el nuevo Código Penal garantista de los Derechos Humanos, la Ley de Seguridad Social, la referida al Poder Comunal, la Ley sobre el Trabajo en el hogar, entre otras, son vitales para las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo.

Se necesita la mayoría calificada revolucionaria por ser la que única brinda la estabilidad institucional necesaria para el nombramiento de autoridades en los poderes públicos, como por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, donde varios magistrados se acercan al final de su período y otros han llenado ampliamente los requisitos para la inmediata jubilación. Requerimos un Parlamento que mancomunadamente con el Ejecutivo Nacional, impulse una acertada política exterior en materia de tratados internacionales y alianzas estratégicas en la esfera económica, comercial, cultural y geopolítica (Rusia, China, Irán, Alba, etc.) que de igual modo poseen significativa relevancia en el fortalecimiento del bloque mundial antihegemónico frente al Imperialismo Yanqui.

De estas consideraciones se desprende que la victoria abrumadora el 26 de septiembre es requisito primordial para el sostenimiento de la gobernabilidad y el poder institucional dentro del país, así como para el posicionamiento internacional de Venezuela como nación independiente que construye una política internacional fundada en valores de solidaridad, beneficios recíprocos, transferencia de tecnología, intercambio cultural que prioriza la cosmovisión nuestroamericana, se apoya en las potencias (emergentes) no imperialistas y en definitiva opera en contraposición al expoliador proyecto paramenicanista que reinó a plenitud en Latinoamérica hasta el final del siglo pasado.

El logro de una mayoría simple en la Asamblea Nacional (la mitad más uno del total de diputados a favor de la revolución) supone un replanteamiento general en la política venezolana, pues las nuevas decisiones políticas del Estado estarán sujetas a un “consenso o pacto socialdemócrata” en el Parlamento venezolano. Este escenario reviste una especial complejidad, considerando los antecedentes del oposicionismo venezolano, quien durante la administración del presidente Chávez no ha mostrado visos de ejercitar una política nacionalista que proponga una agenda alternativa al Chavismo, que de alguna manera exprese compromiso con los intereses de la sociedad venezolana.

Por el contrario, el comportamiento del estamento opositor denota subordinación al programa del Imperialismo estadounidense, realidad que se ha hecho más explicita en las coyunturas de conflicto entre Venezuela y los Estados satélites del Tío Sam; ello consta en la postura parcializada de este oposicionismo antinacional ante las agresiones de Colombia, el Chile de la democracia cristiana, y la propia Casa Blanca contra nuestro país.

La inobjetable sumisión del oposicionismo a Washington, así como la debacle de la parasitaria FEDECAMARAS que no encuentra en Chávez un gobierno complaciente dispuesto a financiar su improductivo modus vivendi, como lo hicieron las administraciones pasadas, minimizan la viabilidad del modelo de concertación entre izquierdas y derechas (ensayado y fracasado en Chile), dado el carácter radicalmente antagónico de ese modelo de neocolonia estadounidense que los partidos de la burguesía procuran restaurar y nuestro proyecto socialista bolivariano.

La lógica del correaje político, que en nuestro país se manifiesta en la interconexión de la nueva fracción parlamentaria antisocialista con otros actores del mencionado estamento oposicionista (medios de comunicación privados, universidades tradicionales, cuerpos gremiales, sindicalismo patronal, organizaciones no gubernamentales, etc.) hace previsible el recrudecimiento de la confrontación política y la desestabilización institucional, con esperado respaldo de potencias extranjeras y sus agencias mediáticas, retomando la agenda subversiva ensayada en sendos movimientos conspirativos como el 11 de abril y el sabotaje petrolero, ambos en 2002.

Finalmente, luce conveniente subrayar que la consecución de una mayoría calificada basada en un pírrico margen, es decir, aquella que se sustente alrededor de una decena de diputados que hayan manifestado adhesión al proceso bolivariano, hace propicio un escenario de factible ruptura de la frágil ventaja ante eventuales deserciones hacia el bando contrario, como ocurriera en ocasiones anteriores, que forzaron prácticamente la paralización del poder legislativo y un sabotaje que impactó considerablemente el funcionamiento del Estado Venezolano (recuérdese la omisión legislativa en el caso de la designación de los rectores del CNE, que tuvo que resolverse por la vía del Tribunal Supremo de Justicia ); razón por la cual deviene en un hecho crucial concentrar los mayores esfuerzos del colectivo socialista (propaganda, ideología, movilización, maquinaria electoral) en función de alcanzar el más sólido de los triunfos posibles.

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