Dos modelos de Estado, profundamente antagónicos entre si, han entrado en confrontación final en el siglo XXI y del resultado de esta disputa dependerá que un modelo de sociedad humanista se imponga en el planeta para garantizar la supervivencia digna de nuestra especie. Grandes sucesos globales revelan que el viejo Estado liberal, ése que prioriza la generación de riqueza material por encima del bienestar humano, ha entrado en crisis.
La idea de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos sin atención a sus diferencias socioeconómicas y la instauración de regímenes de libre mercado con mínima intervención del poder público han causado la ruina absoluta de los pueblos. Ha muerto la falsa creencia de que toda administración privada es más eficiente que la pública y un rotundo ejemplo de ello es el creciente desastre financiero e industrial que sufren los estadounidenses a consecuencia de la explotación, especulación y corrupción de su clase capitalista.
Un esquema radicalmente distinto nos plantea el Estado social, que reconoce y garantiza de modo preferencial los derechos de los sectores sociales vulnerables, puesto que fija mecanismos para igualar socialmente ante la ley a los sujetos desiguales. Es así como en los conflictos entre trabajadores y empresarios, este Estado defiende los derechos vinculados al Hecho Social del Trabajo (acceso al empleo, la sindicalización, salario, estabilidad e inamovilidad, ambiente laboral sano, vacaciones, límite de la jornada y la seguridad social) como bienes jurídicos de valor supremo frente a la libertad de empresa (facultad del dueño a dirigir como quiera su compañía siempre que no viole las normas).
De lo anterior se interpreta que el respeto al trabajo prevalece sobre la libertad que tiene el empresario de despedir o reprimir los derechos de sus trabajadores. Esto demuestra que ante el choque de bienes jurídicos entre ricos y pobres, el Estado social no concede igual trato a todos para que gobierne la fuerza del más adinerado, sino que aplica una defensa prioritaria del débil jurídico para impedir la injusticia.
En idéntico sentido, se brinda protección preferencial a la mujer, visto que ante las diferentes formas de discriminación de género extendidas por el mundo, urge darle curso a procedimientos que aseguren a las féminas una total equiparación con los varones en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como la efectiva prevención de la violencia intrafamiliar de la que frecuentemente son víctimas. Con ese objetivo, el Estado social estipula medidas cautelares de protección a la mujer que denuncia la agresión de su marido, lo cual, lejos de significar una violación de formas procesales, constituye más bien un acto expedito de amparo a la vida de la débil social frente al riesgo inminente de muerte o lesión grave. Igualmente ocurre con el principio del interés superior del niño y del adolescente, que bajo la tutela del Estado social, hace valer el bienestar de los menores de edad por encima de los intereses adultos.
Defendemos el Estado social porque es el máximo garante de los derechos de los explotados y demás sectores marginados: clase popular, asalariados, obreros, amas de casa, artesanos, estudiantes, clase media y pequeños comerciantes. Sépase que nuestra filosofía no contempla como solución el asistencialismo y la caridad a los necesitados ni la reproducción de nuevas elites privilegiadas, sino que luchamos por formar un Estado de transición gobernado por el pueblo, que promueva la educación y dignificación de los excluidos mediante el trabajo productivo dentro de una economía de justicia social que nos conduzca a la igualdad de clases y a la erradicación total de la pobreza.
